El presidente Donald Trump, iniciando el primer año de su segundo mandato en 2025, ha generado un mosaico de reacciones dentro de la comunidad católica estadounidense, un segmento clave de su base electoral en 2024. A pesar del apoyo de un margen de dos dígitos de votantes católicos en las urnas, que representaron casi una cuarta parte de su electorado según el Pew Research Center, las políticas implementadas por su administración han provocado tanto aplausos como profundas preocupaciones entre los fieles y la jerarquía eclesiástica.
Este primer año ha estado marcado por medidas que resuenan con las posturas de los obispos estadounidenses en temas de género y libertad religiosa, pero también por tensiones significativas en áreas como la inmigración, la expansión de la pena de muerte y la reducción de la financiación para programas esenciales de asistencia social. La complejidad de esta relación subraya la diversidad ideológica dentro del catolicismo estadounidense y los desafíos de alinear la fe con la política pública.
**Compromiso con la Fe y Políticas de Género**
Desde el inicio de su segundo mandato, Trump, quien se autodefine como cristiano no confesional, ha continuado su acercamiento explícito a la comunidad religiosa. Creó una Oficina de Fe en la Casa Blanca y estableció una Comisión de Libertad Religiosa mediante orden ejecutiva en mayo de 2025. Además, marcó un precedente al emitir una proclamación en honor a la Inmaculada Concepción en diciembre, una festividad católica relevante. Su iniciativa “América Ora”, que animaba a la ciudadanía a dedicar una hora a la oración por el país en la antesala del 250º aniversario de la Declaración de Independencia en 2026, refuerza este patrón de compromiso.
En el ámbito de las políticas de género, la administración Trump ha implementado acciones ejecutivas que han sido bien recibidas por sectores conservadores de la comunidad católica. El presidente prohibió lo que denominó “mutilación química y quirúrgica” para menores, refiriéndose a terapias hormonales y transiciones quirúrgicas. También impuso restricciones a la participación de atletas transgénero en deportes femeninos y afirmó la existencia legal de solo dos géneros, definidos biológicamente.
Susan Hanssen, profesora de historia en la Universidad de Dallas (institución católica), destacó el impacto positivo de estas medidas, afirmando que “la ley educa”. Según Hanssen, este enfoque ha propiciado un “cambio real en la opinión pública sobre la ideología LGBT/transgénero”, al reafirmar una visión biológica del género. Citó ejemplos como la menor imposición del mes del Orgullo LGBT por parte de corporaciones y una disminución en la promoción de la agenda de género en programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). El Padre Tadeusz Pacholczyk, especialista en ética del National Catholic Bioethics Center, compartió una perspectiva similar, señalando que la administración ha “alertado a la gente” sobre la industria médico-farmacéutica que, según él, ha “explotado a jóvenes vulnerables” con disforia de género.
**Puntos de Fricción: Inmigración y Pobreza**
Sin embargo, las políticas de inmigración y la gestión de los programas de asistencia social han generado considerable inquietud y oposición dentro de la Iglesia Católica. John White, profesor de política en la Catholic University of America, calificó el primer año de Trump como “un desafío para los católicos en muchos sentidos”.
La aplicación de la ley migratoria ha sido particularmente controvertida. Las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han sido criticadas por su brutalidad, llevando a la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) a emitir una declaración extraordinaria, incluso con el apoyo del Papa León XIV. En noviembre, la USCCB se opuso a las deportaciones masivas indiscriminadas, exigió un trato humano, urgió una reforma migratoria significativa y reafirmó la compatibilidad entre la seguridad nacional y la dignidad humana.
La administración, con J.D. Vance como el segundo vicepresidente católico en la historia de EE. UU., reportó la deportación de más de 600.000 personas. Karen Sullivan, directora de defensa de la Red Católica de Inmigración Legal (CLINIC), manifestó su “profunda preocupación por la forma en que se ha llevado a cabo la aplicación de las leyes migratorias”. CLINIC ha expresado inquietudes sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes, la negación de supervisión en centros de detención, el aumento de las tarifas de solicitudes de asilo y la mayor discrecionalidad para aplicar leyes migratorias en lugares sensibles como iglesias, escuelas y hospitales. El elevado número de deportaciones ha sobrecargado a las organizaciones que brindan asistencia legal, generando un clima de “preocupación y miedo” entre los migrantes.
Además de la inmigración, los recortes presupuestarios han afectado a programas vitales. Miles de millones de dólares en fondos fueron recortados a organizaciones no gubernamentales (ONG), incluyendo varias entidades católicas sin fines de lucro. Catholic Charities USA, por ejemplo, que solía recibir más de 100 millones de dólares anuales para servicios a migrantes, tuvo que reducir sus operaciones. El gobierno de Trump también implementó recortes históricos al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y a las prestaciones de Medicaid.
White criticó duramente estos recortes, argumentando que han “perjudicado a las personas de bajos recursos y a la clase media en Estados Unidos y en todo el mundo”, desafiando los “valores católicos” de ser el buen samaritano. También se refirió a la interpretación de J.D. Vance del “Ordo Amoris”, que postula una jerarquía en el amor en lugar de un amor universal, una postura que ha sido “repudiada por el Papa Francisco y el Papa León XIV”.
**La Pena de Muerte: Oposición Abierta**
Otro punto de discordia crucial es la postura de la administración Trump respecto a la pena de muerte. En 2025, el presidente anunció una política federal renovada y más agresiva, contraviniendo directamente las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica, que considera la pena capital “inadmisible”.
El primer día de su mandato, Trump firmó una orden ejecutiva que instruye al Departamento de Justicia a buscar activamente la pena de muerte federal para delitos graves, y ordenó a los fiscales federales solicitarla en casos de homicidio en Washington D.C. La administración también levantó la moratoria sobre las ejecuciones, revirtiendo una pausa previa y las conmutaciones de penas federales del presidente Joe Biden.
El arzobispo Timothy P. Broglio, entonces presidente de la USCCB, calificó el apoyo de Trump a la expansión de la pena de muerte federal como “profundamente preocupante” en una declaración del 22 de enero de 2025. El recién elegido presidente de la USCCB, el arzobispo Paul Coakley, también ha abogado por la abolición total de la pena capital, subrayando la clara divergencia entre la política gubernamental y la doctrina eclesiástica en este ámbito.
En resumen, el primer año del segundo mandato de Donald Trump ha delineado un panorama complejo para la comunidad católica estadounidense. Si bien algunas de sus políticas, particularmente en temas de género, han encontrado resonancia y apoyo en ciertos sectores, sus acciones en inmigración, asistencia social y la pena de muerte han generado una fuerte oposición, revelando un profundo debate sobre la coherencia de la fe y la acción política.
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