Yolanda Ramos, madre de Noelia Castillo, una joven española que falleció por eutanasia a los 25 años, ha elevado una queja formal ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su solicitud se centra en la exigencia de que el organismo internacional investigue si el Estado español cumplió con su obligación de proteger a su hija, víctima de múltiples violencias, antes de autorizar el procedimiento de muerte asistida. La denuncia, comunicada a la opinión pública por la Fundación Española de Abogados Cristianos, ha sido dirigida específicamente a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, la jordana Reem Alsalem.
La reclamación de Ramos ante la ONU trasciende el mero cuestionamiento de la aplicación de la Ley de Eutanasia vigente en España. La Fundación de Abogados Cristianos subraya que el fondo del asunto reside en la verificación del cumplimiento por parte del Estado de sus compromisos internacionales en materia de protección hacia una mujer que se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad y que había sido víctima de diversas formas de violencia. Este caso reabre el debate sobre los mecanismos de salvaguarda social y sanitaria previos a decisiones tan trascendentales como la eutanasia, especialmente cuando concurren factores de riesgo significativos.
El escrito de queja detalla la compleja y dolorosa trayectoria vital de Noelia Castillo. La joven creció en un entorno de grave precariedad social y económica, lo que la llevó a pasar varios años ingresada en un centro tutelado. Tras esta experiencia, Noelia se convirtió en víctima de violencia en el ámbito de la pareja y sufrió una agresión sexual en grupo, episodios traumáticos que tuvieron un profundo impacto en su salud mental. Estas vivencias agravaron una situación personal ya de por sí extremadamente delicada, marcando un antes y un después en su bienestar psicológico.
Según el testimonio de Yolanda Ramos, las secuelas de estos traumas derivaron en el diagnóstico de un trastorno límite de la personalidad, un trastorno obsesivo compulsivo con ideación suicida y depresión crónica. La joven contaba con un reconocimiento oficial de discapacidad del 67% incluso antes de un intento de suicidio registrado en 2022. La madre argumenta que, tras este grave episodio, el Estado no activó la protección reforzada que su situación demandaba imperiosamente.
La denuncia presentada ante la ONU enfatiza que, durante la tramitación del expediente de eutanasia, Noelia dejó de recibir el tratamiento psiquiátrico adecuado y permaneció sin una atención efectiva en salud mental. Se reprocha a las administraciones públicas no haber garantizado la continuidad asistencial ni haber agotado todas las alternativas terapéuticas disponibles –ya fueran psicológicas, psiquiátricas, paliativas o sociales– antes de conceder una autorización para una decisión de carácter irreversible. Para la familia, esta falta de diligencia estatal constituye una “cadena de omisiones y fallos” que culminaron en la muerte de la joven.
Un elemento clave de la queja es la prueba documental en la que la propia médico responsable de gestionar la eutanasia de Noelia Castillo reconoció en un informe: “hasta ahora, los recursos proporcionados han sido insuficientes y no han mejorado el sufrimiento de la paciente ni su falta de sentido vital”. Para la familia de Noelia, esta declaración evidencia una admisión explícita de la insuficiencia de los recursos ofrecidos antes de que se autorizara su fallecimiento, lo que cuestiona seriamente la adecuación del proceso.
Asimismo, la queja ante la ONU expone que, a pesar del agravamiento de su estado tras el intento de suicidio, el grado de discapacidad de Noelia solo se incrementó hasta el 74%. Este porcentaje quedaba por debajo del umbral requerido para acceder a una prestación económica suficiente, lo que contribuyó a perpetuar su situación de dependencia y vulnerabilidad. La Fundación Española de Abogados Cristianos insiste en que la muerte de Noelia “no fue el resultado de una única decisión médica, sino la consecuencia de una cadena de omisiones y fallos del Estado”, el cual, a través de sus distintas administraciones, “no desplegó la protección reforzada que debía garantizar a una mujer víctima de violencia, con graves trastornos mentales y en una situación de extrema vulnerabilidad”.
En su solicitud, Yolanda Ramos y la Fundación Española de Abogados Cristianos piden a la Relatora Especial de la ONU que exija información al Gobierno de España sobre la actuación de las administraciones públicas implicadas. Demandan una investigación exhaustiva para determinar si se agotaron todas las alternativas médicas, psicológicas, psiquiátricas, terapéuticas, paliativas y sociales antes de autorizar la eutanasia de Noelia. Además, solicitan un análisis sobre si el procedimiento cumplió con las obligaciones internacionales de debida diligencia respecto a una mujer víctima de violencia y en situación de especial fragilidad. Se busca también una evaluación de si la legislación y los protocolos españoles actuales ofrecen una protección suficiente a mujeres que se encuentran en circunstancias similares.
Yolanda Ramos ha manifestado con contundencia: “Mi hija había sufrido violencia, enfermedad mental, pobreza y exclusión. Lo único que pido es que Naciones Unidas investigue si España hizo todo lo que debía para protegerla antes de autorizar su muerte”. Por su parte, Polonia Castellanos, presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos, ha aclarado que la intención no es abrir un debate sobre la eutanasia en sí, sino centrarse en la responsabilidad del Estado: “Lo que pedimos es que investigue si España cumplió con su obligación internacional de proteger a una mujer que había sufrido violencia, padecía una grave enfermedad mental y se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad. Si el Estado falló en esa protección, estamos ante una cuestión de derechos humanos que merece una respuesta clara y contundente”.
