La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ha emitido una enérgica condena ante la reciente escalada de violencia que ha sacudido al país, manifestando su “profundo dolor e indignación”. Los obispos del país expresaron su rechazo unánime tanto por la brutal masacre ocurrida en un campo de fútbol de Salamanca, Guanajuato, el pasado domingo 25 de enero, como por el intento de incendio que afectó la histórica Catedral de Puebla la noche anterior. Estos incidentes, que suman al creciente clima de inseguridad en la nación, han provocado una ola de consternación en la sociedad civil y el ámbito religioso.
El ataque en Salamanca, un municipio del estado de Guanajuato, se registró en la comunidad de Loma de Flores. Hombres armados, a bordo de vehículos tipo camioneta, irrumpieron en un partido de fútbol que se desarrollaba en la tarde del domingo y abrieron fuego indiscriminadamente contra los presentes. Este acto de barbarie cobró la vida de al menos once personas, con diez falleciendo en el lugar de los hechos y una más mientras recibía atención médica en un hospital cercano. Además, doce individuos resultaron heridos, algunos de gravedad, en lo que medios locales describieron como una escena de horror y desesperación.
La CEM, a través de su comunicado oficial, subrayó que este tipo de agresión dirigida contra jugadores y sus familias “lastima profundamente la vida, la dignidad humana y la convivencia pacífica de nuestra sociedad”. Los líderes eclesiásticos hicieron un llamado contundente a las autoridades para que el crimen no quede impune, exigiendo una pronta y exhaustiva investigación que lleve a la identificación y enjuiciamiento de los responsables.
El alcalde de Salamanca, César Prieto, reconoció la gravedad de la situación que atraviesa su municipio, describiéndola como un “momento grave, una grave descomposición social”. El edil admitió públicamente la presencia de “grupos criminales tratando de someter a la autoridad”, una declaración que resalta la compleja dinámica de poder y la infiltración del crimen organizado en diversas esferas locales. La región de Guanajuato, y Salamanca en particular, ha sido un punto crítico en la disputa territorial entre potentes cárteles del narcotráfico, incluyendo al Cártel de Santa Rosa de Lima y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuya pugna ha generado una espiral de violencia que afecta directamente a la población civil.
En respuesta a la masacre, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, calificó el ataque en sus redes sociales como “un hecho inaceptable que lastima profundamente a las familias guanajuatenses”. La mandataria informó sobre la activación inmediata de un operativo conjunto en coordinación con el municipio, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y fuerzas federales. Este esfuerzo tripartito busca no solo brindar atención a las víctimas y asegurar la zona, sino también “avanzar con determinación en la investigación”. La gobernadora aseguró que la seguridad en la región ha sido reforzada y que el Estado actuará “con firmeza para proteger a las familias, recuperar la tranquilidad de la comunidad y dar con los responsables”.
Paralelamente a la condena por la masacre, el Episcopado Mexicano también manifestó su repudio por el intento de incendio que afectó la Catedral Basílica de Puebla la noche del sábado 24 de enero. Este incidente vandálico causó daños significativos a una de las puertas principales de este emblemático recinto religioso, una joya arquitectónica e histórica de la ciudad. Los obispos enfatizaron que un acto de esta naturaleza “agrega el patrimonio material, espiritual y cultural de la humanidad”, haciendo hincapié en la importancia de preservar los sitios sagrados que son pilares de la identidad y la fe. Al igual que en el caso de Salamanca, la CEM demandó el “esclarecimiento de los hechos” y la aplicación de la ley a quienes resulten culpables de este ataque al patrimonio nacional.
Frente a la multiplicidad de estos eventos violentos, la Conferencia del Episcopado Mexicano reiteró un llamado urgente a todas las autoridades para que asuman con la máxima responsabilidad su “deber de proteger la vida, la seguridad y los espacios sagrados”. Asimismo, extendió una exhortación a toda la sociedad mexicana a “trabajar unida por la paz”, reconociendo que la construcción de un entorno seguro y justo es una tarea que incumbe a todos los sectores. El comunicado concluyó con una plegaria, encomendando el futuro del país a la intercesión de Santa María de Guadalupe, figura central en la devoción católica mexicana y patrona de la nación, buscando consuelo y esperanza en medio de la adversidad. La situación pone de manifiesto el continuo desafío que México enfrenta en su lucha contra la delincuencia y la urgencia de fortalecer el tejido social y la presencia del Estado de derecho en todo el territorio nacional.
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