En un contexto de profunda crisis humanitaria, donde la desaparición forzada de personas continúa lacerando a la sociedad mexicana, la Iglesia católica ha reafirmado su compromiso inquebrantable con las familias que buscan a sus seres queridos. El pasado domingo 15 de marzo de 2026, cuarto Domingo de Cuaresma, familiares de personas desaparecidas se congregaron en la Basílica de Guadalupe para participar en una emotiva Misa, presidida por Monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México.
Durante la homilía, el obispo Acero, agustino recoleto, enfatizó la dimensión humana detrás de cada ausencia: “No son cifras, son personas que tienen una identidad propia, que pertenecen a una familia”. Sus palabras resuenan en un país que, según recientes informes, enfrenta una situación crítica que ha motivado incluso la intervención de organismos internacionales.
Un reporte publicado el 2 de abril por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) ha solicitado a la Asamblea General de la ONU que examine la grave problemática de las desapariciones en México. El informe concluye de manera contundente que “existen indicios fundados de que se han perpetrado y se siguen perpetrando desapariciones forzadas en el contexto de varios ataques generalizados o sistemáticos llevados a cabo en México, es decir, como crimen de lesa humanidad”. Esta declaración eleva la preocupación internacional sobre la magnitud y naturaleza de la violencia en el país.
La publicación del informe del CED coincide con historias desgarradoras que ilustran la cruda realidad de la búsqueda. A finales de marzo, Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, conmovió a la nación al anunciar el hallazgo de restos óseos que, tras pruebas de ADN, fueron confirmados como los de su hijo Marco Antonio, desaparecido hace años. El descubrimiento tuvo lugar en un descampado cerca de una carretera en Sonora, al norte del país. “Lo que pasé con mi hijo Marco Antonio no quisiera que ninguna madre lo viva”, expresó Flores, cuyo otro hijo, Alejandro, permanece desaparecido desde hace más de una década.
Monseñor Francisco Javier Acero, quien mantiene reuniones mensuales con las familias buscadoras, compartió su “sorpresa y comprensión” ante el hallazgo de Ceci Flores. El prelado subraya la importancia de acompañar a estas familias desde una profunda empatía. “El cansancio emocional y, sobre todo, las ganas de enterrar dignamente los restos de su hijo es algo natural”, afirmó, añadiendo que “debemos respetar el dolor sagrado de tantas familias que sufren la desaparición de sus hijos”. Para el obispo, la desaparición, la búsqueda y el eventual encuentro constituyen un “rito solemne que debemos acompañar desde el corazón, sin juicios, como nos muestra Jesús en el Evangelio”.
La magnitud de la crisis de desaparecidos en México es alarmante. Cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación indican que, desde el 31 de diciembre de 1952 hasta la fecha actual, 395,549 personas han sido reportadas como desaparecidas en el país, de las cuales 132,877 continúan sin ser localizadas. El Índice de Paz México 2025, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, corrobora esta tendencia, advirtiendo sobre un “crecimiento sostenido de personas reportadas como desaparecidas en todo el país, lo que ha generado niveles crecientes de alarma e indignación”. Según el informe, aproximadamente 292,000 casos de personas desaparecidas se han registrado desde 2010, con más de la mitad ocurriendo en los últimos seis años.
El informe del CED detalla que las desapariciones forzadas se perpetran “mediante varios ‘ataques’ generalizados o sistemáticos en distintos lugares y momentos, dirigidos contra la población civil”. Estos ataques, según el comité, se llevan a cabo de conformidad con “políticas estatales u organizacionales de cometer tales ataques o de promover esa política, es decir, políticas concebidas y/o aplicadas por autoridades públicas en los ámbitos federal, estatal o municipal, o por ‘organizaciones’ que actúan de forma autónoma o con la complicidad y, como mínimo, la aquiescencia de autoridades públicas”.
Ante la gravedad del informe internacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su postura el 6 de abril en su conferencia de prensa matutina. La mandataria declaró que su gobierno explicará al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU las acciones que se están implementando en el país. Asimismo, expresó su desacuerdo con el informe del CED, argumentando que “hay una extrapolación hasta el 2025” de datos que se remontan al periodo “del 2009 al 2017”, y que el comité no consideró el trabajo actual del gobierno.
Frente a este complejo panorama, la Iglesia Católica ha definido un rol activo de acompañamiento y apoyo. Monseñor Acero destacó que la institución asiste a las familias de desaparecidos “desde la escucha empática y con los buzones de la paz”, mecanismos instalados en parroquias de diversas regiones que a menudo reciben información crucial sobre posibles fosas clandestinas. Además, se organizan “encuentros mensuales para escuchar” a las familias, una labor que se realiza en colaboración con líderes de otras denominaciones cristianas y credos, para transmitirles que “no están solas”. La Iglesia también facilita la organización de “mesas de diálogo con el gobierno para resolver tanta impotencia y minimizar la burocracia en estos momentos de pérdida”.
El obispo Acero, quien previamente hizo un llamado a la conversión de los criminales mexicanos para que “dejen de matar”, enfatizó que “todos somos hijos de Dios y para todos son las actitudes de conversión, perdón y reconciliación”. Sin embargo, aclaró con firmeza: “Lo que sí tenemos que aclarar es que matar es un pecado y un delito. Y clamar que dejen de matar”. El prelado subrayó que “no podemos tolerar que el miedo y el chantaje sean los justificantes para la indiferencia. Y con los criminales no se dialoga, se media por el Pueblo de Dios, por la paz”. Explicó la diferencia entre diálogo —que busca construir confianza y acuerdos directos— y mediación —que facilita resultados y acuerdos sin aceptar las acciones del otro. “Sentarse a dialogar es aceptar lo que el otro hace”, indicó, mientras que la mediación “busca resultados” entre el crimen organizado y el gobierno.
En un mensaje de esperanza para las familias, el obispo agustino recoleto reconoció que “es un descanso del alma saber que tantas lágrimas perdidas hoy son encontradas por los restos de su hijo”, en referencia al caso de Ceci Flores. “Creo que encontrar a su hijo en cualquier condición da una paz que no podemos describir”. No obstante, lamentó profundamente que “desgraciadamente” algunas madres han hallado “a su propio hijo en una morgue apilado con otros cuerpos, y esto es intolerable”. Volvió a insistir: “No son cifras, son personas que tienen una identidad propia, que pertenecen a una familia, una población determinada”. También alertó sobre los peligros que enfrentan las familias buscadoras, pues “hay personas buscadoras a quienes las han matado” al buscar en campos baldíos donde se sospechan fosas clandestinas.
En este marco de dolor y esperanza, Monseñor Acero alentó a que “no se pierda la memoria de ningún desaparecido. En la memoria se encuentra a Dios, el Dios que acompaña, que nos hace crecer, que nos tomó de la mano”. Para las familias buscadoras, su mensaje final fue de fortaleza: “Que la impotencia no las llene de resignación. La esperanza es la que nos ayuda a caminar”. Y concluyó: “La esperanza no decepciona, está siempre allí: silenciosa, humilde es la que nos da fortaleza desde el interior. La Iglesia las sigue acompañando a pesar de nuestras muchas faltas. Las escuchamos sí, pero sobre todo las queremos”.
