La tensión entre el gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia Católica en Nicaragua ha alcanzado un nuevo punto álgido con la reciente expulsión del sacerdote José Concepción Reyes Mairena. Este incidente no solo marca una continuación de las políticas represivas del régimen sandinista, sino que también eleva a 309 el número de religiosos que han sido forzados a abandonar el país, exiliados o impedidos de ingresar, una cifra que, según expertos, abarca en su mayoría a clérigos nicaragüenses. La situación pone de manifiesto una profunda crisis de derechos humanos y libertad religiosa en la nación centroamericana.
El caso del padre Reyes Mairena, adscrito a la Diócesis de León, se suma a un patrón documentado de hostigamiento contra la fe católica. Su expulsión tuvo lugar la semana pasada, cuando fue interceptado e interrogado por funcionarios de Migración y Extranjería en el Aeropuerto Internacional de Managua. El sacerdote regresaba a Nicaragua tras una estancia de dos años en España. Según informes del diario nicaragüense Despacho 505 y confirmaciones de un sacerdote de la diócesis de León –quien prefirió mantener el anonimato–, el padre Reyes, quien también fungía como formador en el Seminario Mayor, fue sometido a un prolongado interrogatorio sobre su viaje y las razones de su retorno. Finalmente, se le denegó la entrada al país y fue obligado a regresar a España.
Esta medida de fuerza es parte de un entramado de ataques sistemáticos contra la Iglesia Católica. La investigadora Martha Patricia Molina, exiliada y autora del informe “Nicaragua: Una Iglesia perseguida”, ha documentado cifras alarmantes. En su última actualización de agosto de 2025, el informe detalla que el gobierno ha perpetrado 1.070 ataques contra la Iglesia Católica y ha prohibido 16.500 procesiones religiosas desde 2018. Estas cifras, según Molina, continúan en aumento, evidenciando una estrategia concertada para coartar la libertad de culto y la influencia de la institución eclesiástica.
La investigadora subraya la contradicción entre la retórica oficial del gobierno y sus acciones. “En sus peroratas hablan de amor y reconciliación, pero sus obras no son consecuentes con sus palabras. Ellos continúan atacando a la Iglesia Católica”, afirma Molina. Pese a las declaraciones públicas, la realidad sobre el terreno muestra un incremento en la presión sobre el clero y las comunidades religiosas.
Un elemento notorio en este contexto es la aparente falta de mediación por parte de figuras eclesiásticas locales, incluso aquellas con cierta cercanía al poder. En el caso del padre Reyes, no hubo intervención por parte de Monseñor Sócrates René Sándigo Jirón, Obispo de León, quien en 2021 fue el único obispo nicaragüense en votar en las elecciones presidenciales que resultaron en la reelección de Daniel Ortega, un proceso ampliamente criticado por observadores internacionales como una farsa democrática. Este hecho pone de manifiesto las divisiones y las dificultades que enfrenta la jerarquía eclesiástica dentro del país.
Más allá de las expulsiones, la situación impacta directamente en el futuro y la estructura de la Iglesia nicaragüense. Molina ha alertado sobre “lo más grave de este asunto”: la imposibilidad de reemplazo para los sacerdotes expulsados o exiliados. El gobierno está impidiendo nuevas ordenaciones de diáconos y sacerdotes en al menos cuatro diócesis: Jinotega, Matagalpa, Estelí y Siuna. Estas diócesis, cruciales para la vida eclesiástica, se encuentran sin sus obispos titulares, quienes también han sido forzados al exilio.
Entre los prelados afectados se encuentran Monseñor Carlos Herrera, Obispo de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal, expulsado en noviembre de 2024 tras criticar a un alcalde afín al régimen. Monseñor Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa y Administrador Apostólico de Estelí, una voz crítica del gobierno, fue deportado a Roma en enero de 2025. En el mismo grupo de deportados se encontraba Monseñor Isidoro Mora, Obispo de Siuna. A estos se suma Monseñor Silvio Báez, Obispo Auxiliar de Managua, quien debió salir de Nicaragua en 2019. Todos ellos, junto al Papa León XIV, han sostenido encuentros durante 2025.
Desde el exilio, las voces de denuncia resuenan con fuerza. Monseñor Silvio Báez, en una homilía ofrecida el 15 de febrero de 2026 en la iglesia Santa Agatha en Miami, condenó enérgicamente las acciones de los regímenes totalitarios. El prelado enfatizó que “privar de libertad, denigrar con falsedades, tratar con crueldad, son acciones homicidas”. Destacó que “son criminales quienes encarcelan a personas inocentes solo por pensar diferente” y que “quienes obligan al destierro o privan de la nacionalidad provocando la muerte civil” cometen un “delito de lesa humanidad que no prescribe”.
Monseñor Báez, quien se declaró víctima de “muerte civil” al ser despojado de su nacionalidad, afirmó con contundencia: “Es como si no existiera. Y este crimen, como el de los otros nicaragüenses, a los que les han hecho lo mismo, lo van a pagar tarde o temprano”. Concluyó que estos actos “no son solo irregularidades jurídicas o incumplimiento de normas internacionales. Son auténticos crímenes y quienes los han cometido deberán comparecer ante la justicia tarde o temprano”, un llamado que resuena con la creciente preocupación internacional por la situación de los derechos humanos y la libertad religiosa en Nicaragua.
