El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha intensificado drásticamente su política de represión contra la Iglesia Católica, imponiendo la prohibición de más de 27,000 procesiones y actos de piedad popular desde el año 2019. Solo para la Cuaresma de 2026, se proyecta la suspensión de 5,726 eventos religiosos, consolidando un patrón de hostigamiento que busca sofocar la libertad de culto en el país centroamericano. Esta alarmante cifra y el detallado análisis provienen de un informe reciente de la investigadora Martha Patricia Molina, autora de “Nicaragua: Una Iglesia perseguida”, quien ha documentado meticulosamente las restricciones impuestas por las autoridades sandinistas.
El estudio de Molina revela que las prohibiciones no son un fenómeno aislado, sino una estrategia sistemática. En los años 2023, 2024 y 2025, se registraron 5,600 procesiones canceladas anualmente. Para 2026, la cifra asciende a 5,726. Estas restricciones afectan a 409 parroquias distribuidas en las nueve jurisdicciones eclesiásticas de Nicaragua, que incluyen una arquidiócesis (Managua) y ocho diócesis. Además de las procesiones de Cuaresma y Semana Santa, la investigadora señala que se han prohibido más de 4,500 eventos adicionales, como las tradicionales procesiones de Corpus Christi, Cristo Rey y fieles difuntos, evidenciando el alcance integral de la censura religiosa.
La mecánica de estas prohibiciones es directa y coercitiva. Según el informe, la policía nacional, bajo las órdenes de sus mandos, es el principal ejecutor de estas medidas. Los oficiales o sus subalternos se presentan ante los sacerdotes para comunicarles verbalmente la prohibición de cualquier actividad religiosa fuera de los templos, instruyendo que todas las celebraciones deben realizarse exclusivamente dentro de las estructuras eclesiásticas. Pocas parroquias reciben autorización para realizar recorridos mínimos alrededor de la manzana de su templo, y esto solo después de cumplir con exigencias burocráticas estrictas.
Para la Cuaresma de 2026, iniciada el 18 de febrero, la represión ha adoptado nuevas modalidades. La policía ha solicitado proactivamente a varias parroquias de distintas diócesis y la arquidiócesis de Managua los programas completos de Semana Santa. Acompañando esta solicitud, se ha impuesto la obligación de redactar una carta dirigida al jefe policial local para solicitar formalmente la autorización. Estas misivas deben contener información detallada, incluyendo la cantidad exacta de docenas de fuegos artificiales (cohetes) que se planea utilizar y la identidad de las personas responsables de su manipulación. Esta intrusión en la planificación interna de la Iglesia no solo representa una violación de la autonomía religiosa, sino que también ejerce una presión indebida sobre los líderes espirituales.
La consecuencia más visible de estas directrices es la cancelación de eventos emblemáticos para la fe católica nicaragüense. Entre ellos, el tradicional “Vía Crucis Penitencial” de Managua, que históricamente congrega a multitudes de fieles, no podrá realizarse. Paralelamente, Molina advierte sobre una estrategia del gobierno para reemplazar o cooptar las festividades religiosas: las alcaldías y municipalidades, controladas por el sandinismo, están convocando a actividades religiosas de Semana Santa sin la autorización ni la participación de la Iglesia Católica, buscando quizás proyectar una imagen de normalidad o, alternativamente, usurpar el rol de la institución eclesiástica. En declaraciones a ACI Prensa el 23 de febrero, Molina enfatiza que Nicaragua se distingue como el único país del continente americano donde una dictadura persigue a sus ciudadanos específicamente por la profesión de su fe cristiana. Esta situación, según ella, no tiene parangón en la región y resalta la gravedad de la situación nicaragüense.
La investigadora profundiza en la motivación detrás de esta persecución, señalando que las autoridades perciben las acciones de fe como una amenaza directa al proyecto político sandinista. Molina denuncia que, mientras en cualquier otro lugar los laicos acuden a las iglesias para rezar, participar en eucaristías o cumplir promesas, en Nicaragua el régimen criminaliza estas prácticas inofensivas, interpretándolas como actos que contravienen su visión revolucionaria. Esta perspectiva transforma la fe en un acto de disidencia política, criminalizando la espiritualidad de millones de nicaragüenses.
La persecución contra la Iglesia Católica se inscribe en un patrón más amplio de represión a la sociedad civil y a cualquier forma de oposición o expresión independiente en Nicaragua. Desde las protestas de 2018, el gobierno de Ortega ha desmantelado organizaciones no gubernamentales, clausurado medios de comunicación y encarcelado a opositores políticos y religiosos, incluyendo obispos y sacerdotes que han sido posteriormente desterrados. La Iglesia, con su capacidad de convocatoria y su voz moral, ha sido percibida como uno de los últimos bastiones de resistencia y crítica al régimen. Molina concluye su análisis con una reflexión crítica sobre el discurso oficial del régimen. Estableciendo un paralelismo con el Evangelio del primer domingo de Cuaresma, donde el demonio tienta a Jesús con palabras y escrituras bonitas, la investigadora advierte sobre la retórica engañosa de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Subraya que, a pesar de que los líderes sandinistas proclaman el amor al prójimo, a Dios y al Evangelio, sus acciones diarias demuestran lo contrario. Molina insta a la población a no dejarse confundir por estos “mensajes falsos”, pues, en sus palabras, “quien verdaderamente ama a Dios, no comete las atrocidades y atropellos que la dictadura ejerce diariamente”. La situación en Nicaragua continúa siendo un grave desafío para los derechos humanos y la libertad religiosa, con el régimen sandinista afianzando su control a través de la supresión de la expresión de fe.
