La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) ha presentado un influyente escrito ante el Tribunal Supremo, instando a los magistrados a mantener la práctica arraigada de la ciudadanía por nacimiento. En su argumentación, la USCCB advierte que la erradicación de esta política fundamental sería “inmoral” y sentaría un precedente preocupante, en medio de un intenso debate nacional sobre la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.
Este pronunciamiento de la USCCB surge en el contexto de un litigio que tiene sus raíces en una orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump. Al inicio de su mandato, Trump buscó reinterpretar la ciudadanía por nacimiento, con el objetivo de denegar automáticamente la nacionalidad estadounidense a niños nacidos en el país si sus padres residían irregularmente en el momento del nacimiento. Esta medida provocó de inmediato una impugnación legal por parte de familias afectadas, quienes argumentan que la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional protegido por la Decimocuarta Enmienda. El caso ha escalado hasta la máxima instancia judicial del país, el Tribunal Supremo.
En su documento amicus curiae, o “amigo de la corte”, los representantes legales de los obispos católicos sostienen que poner fin a la ciudadanía por nacimiento no solo carece de base legal bajo la Decimocuarta Enmienda, sino que tampoco encuentra sustento en la tradición jurídica occidental. La USCCB enfatiza que esta postura está profundamente arraigada en la doctrina social católica, la cual “afirma la dignidad inherente de toda persona humana, especialmente del niño inocente”.
“Como católicos, nuestra fe nos exige alzar la voz contra leyes que niegan la dignidad intrínseca de la persona humana y que causan daño a niños inocentes, particularmente cuando tales legislaciones reviven las mismas injusticias que la Decimocuarta Enmienda fue diseñada para repudiar”, declara el escrito. El documento subraya que el corazón de este caso “no es únicamente una cuestión sobre el estatus de ciudadanía o sobre la Decimocuarta Enmienda. Se trata de si la ley afirmará o negará el valor igual de aquellos que nacen dentro de nuestra comunidad común, si la ley protegerá la dignidad humana de todos los hijos de Dios”. La Red Católica de Inmigración Legal (CLINIC) también se sumó a la posición de los obispos en el escrito.
La Decimocuarta Enmienda, adoptada en 1868, tuvo como principal propósito garantizar la ciudadanía a las personas que habían sido esclavizadas. Su texto establece explícitamente: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en que residan”. En 1898, el Tribunal Supremo, basándose en esta enmienda, falló a favor de un amplio derecho a la ciudadanía por nacimiento, con solo excepciones muy limitadas. Sin embargo, el máximo tribunal nunca ha resuelto directamente un caso en el que se haya denegado la ciudadanía por nacimiento a una persona debido a la situación migratoria irregular de sus padres.
El alegato de los obispos se concentra fuertemente en la dimensión moral del asunto, argumentando que abandonar la ciudadanía por nacimiento negaría la dignidad y libertad innatas de la persona, perjudicaría a individuos vulnerables y socavaría la institución familiar. “Dado que toda persona está creada a imagen y semejanza de Dios, la Iglesia rechaza la noción de que algunas personas sean consideradas ‘otros’ y no posean la dignidad humana intrínseca dada por Dios”, afirman en el documento. Los obispos añaden que la orden ejecutiva “es antitética a las enseñanzas de la Iglesia, porque priva a personas cuyos padres no nacieron aquí, o cuya madre tiene un estatus temporal, de los derechos legales necesarios para participar en la sociedad en la que nacieron”.
Sin embargo, la postura de la USCCB no ha estado exenta de críticas dentro de la propia comunidad católica. Joshua Hochschild, profesor de filosofía en Mount St. Mary’s University, sugirió en una publicación en X la necesidad de un “otro escrito amicus para el caso de ciudadanía”, firmado por sacerdotes y académicos, que refleje lo que él considera “el verdadero pensamiento social católico sobre la cuestión política, moral y legal de la ciudadanía”. Hochschild defendió que dicho escrito podría ser “claramente bipartidista”, explicando que la enseñanza de la Iglesia es compatible con una diversidad de interpretaciones y aplicaciones de la Decimocuarta Enmienda.
Kevin Roberts, presidente de la conservadora Heritage Foundation y también católico, criticó la argumentación de los obispos en X, calificándola de “un pobre argumento” que “nada de esto es enseñanza de la Iglesia”. Roberts cuestionó la dirección unidireccional del argumento de la “dignidad humana”, afirmando que “siempre va en una sola dirección: Todo para el extranjero, incluso para los infractores de la ley, a expensas del ciudadano”. Roberts recordó que el Catecismo de la Iglesia Católica establece que las autoridades políticas “pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas”, y que los migrantes tienen deberes hacia las leyes y costumbres del país de adopción.
Andrew Arthur, investigador residente en derecho y políticas en el Center for Immigration Studies y exjuez de inmigración, compartió con EWTN News su respeto por la opinión de los obispos, pero consideró que su escrito es “más una declaración política que una moral”. Arthur señaló que la mayoría de los países de tradición católica, fuera del hemisferio occidental, no conceden la ciudadanía por nacimiento de forma irrestricta. Mencionó que incluso la Santa Sede no la tiene y que muchos países europeos se han alejado de esta práctica en los últimos años. Según World Population Review, solo 36 países, incluyendo Estados Unidos, otorgan ciudadanía por nacimiento de forma incondicional, mientras que otros 45 la aplican con restricciones.
Arthur concluyó que “el gobierno sí tiene un buen argumento” en este caso. Sin embargo, predijo que el Tribunal Supremo podría fallar de varias maneras. Si la decisión es favorable a la administración, Arthur cree que lo más probable es que el tribunal restrinja la ciudadanía por derecho de nacimiento en lugar de eliminarla por completo. También es posible que los magistrados determinen que la autoridad para restringir esta práctica recae en el Congreso, y no en el poder ejecutivo.
El Tribunal Supremo está programado para escuchar los argumentos orales en el caso *Trump v. Barbara*, que aborda la crucial cuestión de la ciudadanía por nacimiento, el próximo 1 de abril. La decisión de la Corte tendrá profundas implicaciones para la ley de inmigración y la definición de ciudadanía en Estados Unidos.
