León, Guanajuato – La Provincia Eclesiástica del Bajío, que agrupa a diócesis clave en el centro de México, ha emitido un enérgico pronunciamiento dirigido a los legisladores del estado de Guanajuato. Los obispos expresaron su profunda inquietud ante diversas iniciativas legislativas que buscan tanto la despenalización del aborto como la modificación de la protección del derecho a la vida en la Constitución local. Este posicionamiento, dado a conocer el 23 de marzo, subraya la reapertura de un debate de gran relevancia social y jurídica en la entidad.
El comunicado oficial lleva la firma de destacadas figuras eclesiásticas de la región: Mons. Jaime Calderón Calderón, Arzobispo de León; Mons. Enrique Díaz Díaz, Obispo de Irapuato; Mons. Fidencio López Plaza, Obispo de Querétaro; y Mons. Víctor Alejandro Aguila Ledesma, Obispo de Celaya. En su mensaje, los prelados instaron a los diputados a abordar cualquier decisión relacionada con estos temas con “pleno respeto al principio democrático, al bien común y a la participación informada de la ciudadanía”. Resaltaron la importancia de que las determinaciones que atañen directamente a la dignidad humana sean manejadas con la “máxima responsabilidad histórica y jurídica”.
La preocupación episcopal se centra particularmente en la propuesta que busca suprimir el concepto de “derecho a la vida” de la carta magna estatal. Sobre esta iniciativa, los obispos advirtieron que no se trata de una acción “neutral”, sino que implica una alteración del “fundamento axiológico del orden jurídico local”. Argumentaron que eliminar el reconocimiento explícito del derecho a la vida tendría un impacto directo en la base de todos los demás derechos, dado que “sin vida, ningún otro derecho puede ejercerse”. En este sentido, señalaron que debilitar este reconocimiento fundamental podría “generar una fractura en la coherencia del sistema jurídico”.
Los líderes de la Iglesia Católica recalcaron que el “reconocimiento del derecho a la vida es un principio de derecho natural, anterior y superior al Estado”. Subrayaron que los derechos humanos no deben ser concebidos como “concesiones de la autoridad política”, sino como “exigencias derivadas de la dignidad intrínseca de la persona”. Para que una sociedad aspire verdaderamente a la justicia, afirmaron, es indispensable garantizar la “protección jurídica de la vida humana en todas sus etapas”.
El debate sobre la despenalización del aborto en Guanajuato no es inédito. El Congreso estatal ya había rechazado propuestas similares en junio de 2023, aunque el contexto y las formulaciones de las actuales iniciativas han provocado un nuevo y más intenso ciclo de discusión. Uriel Esqueda, vocero de la plataforma ciudadana Actívate en Guanajuato, explicó a medios de comunicación que actualmente existen tres propuestas principales en consideración.
Dos de estas iniciativas, presentadas por diputadas del partido Morena, plantean la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Una de ellas va más allá, proponiendo elevar este derecho a rango constitucional, incluirlo como parte de los servicios de salud y contemplarlo en diversos supuestos, incluso cuando se diagnostica síndrome de Down en el no nacido. Esqueda describió una tercera iniciativa, promovida por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, como la “más grave”, pues busca “borrar por completo el delito del aborto en el estado de Guanajuato”, lo que, según su interpretación, permitiría la interrupción del embarazo durante todo el periodo de gestación.
Frente a este escenario legislativo, Actívate en Guanajuato ha participado activamente en el proceso, enviando argumentos y comentarios al Congreso para su análisis. Además, la plataforma ha lanzado una campaña de recolección de firmas con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y visibilizar la postura pro-vida.
Más allá de la reforma legal, los obispos enfatizaron que la defensa de la vida requiere un enfoque integral, haciendo un llamado a la promoción de “políticas públicas” que acompañen de manera efectiva a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Instaron a garantizar “apoyo médico, psicológico, jurídico y social”, así como a “facilitar redes solidarias y alternativas reales”. La propuesta incluye la necesidad de “combatir las causas estructurales que generan abandono y desesperanza”. Su mensaje fue claro: “No se trata de elegir entre la madre o el hijo. Ambos poseen igual dignidad y merecen protección efectiva del Estado y de la sociedad”.
Finalmente, los obispos de la Provincia Eclesiástica del Bajío convocaron a los católicos a intensificar la oración por el derecho a la vida y por la sabiduría de los legisladores. Subrayaron que la “presencia cristiana en la sociedad no es una injerencia indebida, sino el ejercicio legítimo de la libertad religiosa y de participación ciudadana”. Concluyeron reafirmando la misión de la Iglesia de “anunciar con claridad la verdad sobre la persona humana” y de actuar con “caridad, prudencia y firmeza” en estos momentos cruciales para Guanajuato. La discusión promete seguir siendo uno de los temas centrales en la agenda política y social de la entidad.
