Bruselas, Bélgica – La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) ha alzado su voz con contundencia, declarando que el aborto es “gravemente contrario a la ley moral” y enfatizando que ninguna mujer debería sentirse coaccionada a interrumpir un embarazo por presiones de índole social o económica. Esta firme postura surge en un contexto particular: la reciente decisión de la Comisión Europea de desestimar la iniciativa ciudadana “My Voice, My Choice”, que buscaba la implementación de un mecanismo para promover el acceso al aborto financiado con fondos de los contribuyentes europeos.
La Presidencia de la COMECE, que agrupa a los obispos delegados de las conferencias episcopales de todos los países miembros de la Unión Europea, manifestó su satisfacción ante el rechazo de esta propuesta. En un comunicado emitido el 4 de marzo, el organismo episcopal subrayó que esta determinación “reconoce claramente la necesidad de respetar los límites de las competencias de la Unión Europea y de salvaguardar el principio de subsidiariedad”. Este principio, fundamental en la estructura de la UE, dicta que las decisiones deben tomarse al nivel de gobierno más bajo y cercano a los ciudadanos posible, cediendo a las instituciones europeas solo aquellas responsabilidades que no puedan ser gestionadas eficazmente a nivel nacional o regional. Para los obispos, la regulación sobre la vida y la familia pertenece intrínsecamente a la esfera de competencia de cada estado miembro.
En su declaración, los prelados europeos aprovecharon para reiterar la “enseñanza constante de la Iglesia Católica” respecto a la sacralidad de la vida desde su concepción. Hicieron hincapié en que la investigación científica moderna “confirma cada vez más que desde la fecundación surge un nuevo ser humano, dotado de dignidad intrínseca y merecedor de la protección fundamental debida a toda vida humana”. Esta afirmación es central en el posicionamiento provida de la Iglesia, que considera el derecho a la vida como el primero y más fundamental de los derechos humanos.
Sin embargo, a pesar de su aprobación a la desestimación de la iniciativa “My Voice, My Choice”, la COMECE expresó una “seria preocupación” por otras tendencias y posibles directrices emanadas de la Unión Europea que podrían atentar contra los valores provida. Específicamente, los obispos manifestaron inquietud ante la afirmación explícita por parte de la Comisión Europea de que ciertos fondos europeos, inicialmente designados para combatir la pobreza y apoyar a las familias en situaciones vulnerables, podrían ser “utilizados para proporcionar acceso transfronterizo a servicios de aborto”.
La COMECE argumenta que una medida de este tipo representaría una grave desviación de la finalidad original de dichos fondos. Su implementación, advierten, no solo desvirtuaría los objetivos primarios de asistencia social y económica, sino que también correría el riesgo “de generar fricciones políticas en lugar de reforzar la cohesión” entre los estados miembros de la UE. Para los obispos, este enfoque no constituye un verdadero apoyo a las mujeres en situación de vulnerabilidad, sino una instrumentalización de su difícil situación.
Desde la perspectiva de los líderes eclesiásticos, lo que las mujeres realmente necesitan en estas circunstancias es “una asistencia social, económica y sanitaria eficaz que les permita llevar su embarazo a término sin sufrir consecuencias sociales o económicas negativas para ellas o para su hijo”. Esta visión subraya la necesidad de un sistema de apoyo integral que empodere a las mujeres para abrazar la maternidad, en lugar de ofrecer la interrupción del embarazo como una solución a la precariedad o la presión.
La declaración de la COMECE enfatiza que si Europa desea “permanecer fiel a sus valores fundacionales de dignidad humana, solidaridad e igualdad”, es imperativo ofrecer un apoyo concreto y sostenido a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. El organismo fue categórico al sentenciar que “las mujeres deben ser realmente ayudadas a acoger la maternidad y nunca deberían sentirse obligadas a abortar debido a presiones sociales o económicas”. Esta postura busca promover una cultura de la vida en la que la maternidad sea valorada y protegida, no vista como una carga.
Finalmente, la COMECE hizo un llamado a las instituciones europeas y a los estados miembros para que desarrollen y fortalezcan políticas públicas orientadas a la protección de la maternidad, el apoyo integral a la familia y la promoción de la inclusión social. El comunicado concluyó con una exhortación a evitar que las cuestiones fundamentales que afectan la dignidad intrínseca de la persona humana, el derecho inalienable a la vida y la protección de los más vulnerables sean “instrumentalizadas en el debate político ni utilizadas con fines ideológicos”. Para los obispos, estos son principios innegociables que deben trascender las agendas partidistas y los intereses coyunturales, en aras de construir una Europa más humana y solidaria.
