Estados Unidos se encuentra en un punto álgido de debates sobre la salud reproductiva, con una serie de desafíos legales y acciones legislativas que buscan redefinir el acceso al aborto, especialmente en lo que respecta a las píldoras abortivas. Estos desarrollos, que abarcan desde demandas federales hasta proyectos de ley estatales, reflejan la fragmentación del panorama legal tras la anulación de Roe v. Wade y la intensificación de las tensiones políticas en torno a este tema.
**El Desafío Federal a la Política de Píldoras Abortivas por Correo**
Un frente central de esta disputa es la demanda presentada por el estado de Luisiana contra la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. La acción legal impugna una política de la era Biden que autoriza el envío por correo de píldoras abortivas. Esta normativa, implementada por la FDA, eliminó requisitos previos que exigían consultas médicas presenciales antes de la dispensación del aborto químico.
El litigio de Luisiana ha recibido un notable respaldo. Veintiún fiscales generales estatales presentaron un escrito amicus curiae, o “amigos de la corte”, el 13 de febrero, manifestando su apoyo a la posición del estado. Argumentan que la política de la FDA compromete la seguridad de las mujeres, citando estudios que indican altas tasas de hospitalización asociadas al uso de píldoras abortivas. Además, sostienen que la administración Biden, al facilitar el envío de medicamentos abortivos por correo a todos los estados (incluso aquellos con leyes restrictivas), busca debilitar las legislaciones estatales provida.
Ese mismo día, una coalición bipartidista de legisladores federales —19 senadores y 40 representantes— también presentó un escrito amicus curiae. En su documento de 23 páginas, los legisladores alegan que la FDA excedió su autoridad y violó la ley federal al suprimir el requisito de dispensación en persona para la mifepristona, uno de los medicamentos clave en el aborto químico. “La FDA no dispuso de evidencia suficiente para concluir que eliminar el requisito de dispensación en persona era seguro”, señala el escrito, destacando que la falta de una consulta presencial impide detectar contraindicaciones médicas graves, como el embarazo ectópico. Los legisladores también expresaron preocupación por un posible aumento en los casos de mujeres forzadas a tomar estos medicamentos.
Este tipo de aborto representa aproximadamente dos tercios de todos los abortos realizados en Estados Unidos, una cifra que subraya la importancia de esta vía de acceso y el impacto potencial de cualquier cambio en su regulación.
**Batallas Estatales: Massachusetts y Virginia Occidental**
La dinámica legal y legislativa no se limita al ámbito federal, sino que se extiende a los estados con decisiones judiciales y propuestas de ley que reflejan las divisiones ideológicas.
En Massachusetts, un juez federal desestimó una demanda interpuesta por un grupo de centros de embarazo que afirman la vida. Estos centros argumentaron que el estado había violado sus derechos de la Primera Enmienda, incluyendo la libertad de expresión y la práctica religiosa, al lanzar una campaña de advertencia sobre los supuestos peligros de estos establecimientos. Tras la revocación de Roe v. Wade en 2022, Massachusetts financió la campaña “Equidad Reproductiva Ahora”, que presentaba a estos centros como engañosos. En 2024, el Departamento de Salud Pública estatal amplió esta iniciativa con una “campaña educativa”. El juez federal de distrito Leo Sorokin falló el 17 de febrero en contra de la demanda de los centros, validando la postura del estado.
Paralelamente, el Senado de Virginia Occidental aprobó el 13 de febrero un proyecto de ley destinado a restringir el envío de píldoras abortivas por correo. La medida, que pasó con una votación de 31 a 1, ahora se dirige a la Cámara de Delegados del estado. Este proyecto de ley penaliza a quienes distribuyan píldoras abortivas por correo sin licencia médica, e incluye penas de prisión. Adicionalmente, se presentó una propuesta para autorizar al Programa de Apoyo al Embarazo para Madres y Bebes de Virginia Occidental, financiado por el estado, a destinar fondos a servicios de reversión de la píldora abortiva, que implica la administración de progesterona para intentar salvar el feto tras la primera píldora.
**Libertad de Expresión y Zonas de Contención en Nuevo Hampshire**
La discusión sobre el aborto también se cruza con los derechos de la Primera Enmienda en Nuevo Hampshire, donde un proyecto de ley ha avanzado en la legislatura estatal. La propuesta busca derogar la ley de “zonas de contención” actual, que limita las protestas a 7.6 metros de las entradas de clínicas de aborto y salud reproductiva.
Conocida como la Ley de Libertad de Expresión en las Aceras, el nuevo proyecto argumenta que “el derecho a la libertad de expresión protege los puntos de vista controvertidos, impopulares, ofensivos o inconvenientes”, buscando ampliar las libertades de los manifestantes en las inmediaciones de las clínicas.
Estos recientes desarrollos subrayan la naturaleza multifacética y el alcance de las disputas sobre el aborto en Estados Unidos. Desde los pasillos de las cortes federales hasta las legislaturas estatales, cada acción legal y cada nuevo proyecto de ley contribuyen a redefinir los límites del acceso al aborto y la libertad de expresión, en un contexto político y social cada vez más polarizado.
