Ciudad de México se prepara para un debate judicial de gran calado que podría redefinir el marco legal del aborto en el país. El próximo 28 de mayo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene previsto discutir un proyecto de sentencia que, según diversas organizaciones defensoras de la vida, busca la “despenalización total” de esta práctica. Esta iniciativa ha encendido las alarmas al considerar que podría eliminar la protección legal del embrión y el feto desde la concepción, abriendo la puerta a la interrupción del embarazo durante los nueve meses de gestación en todo el territorio mexicano.
El proyecto de sentencia, correspondiente a las Acciones de Inconstitucionalidad 172/2024 y su acumulada 173/2024, fue elaborado por el ministro ponente Irving Espinosa Betanzo. Su propuesta central radica en que “eliminar el aborto de los códigos penales es fundamental para descartar procesos penales y erradicar la criminalización social y la que sucede al interior de los servicios de salud”. Esta acción de inconstitucionalidad fue presentada en 2024 por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Los artículos que se pretenden invalidar corresponden a la Ley para la Protección a la Vida del Estado de Aguascalientes, la cual estipula que “desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la presente ley”. Adicionalmente, se buscan modificar artículos del Código Penal de Aguascalientes que actualmente limitan el plazo para el aborto libre a pedido de doce a seis semanas de gestación, buscando eliminar estas restricciones.
El borrador de sentencia cita como referencia al Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una organización no gubernamental feminista que promueve activamente la agenda del aborto en México. Según el proyecto, “puede decirse que la única manera de eliminar la criminalización es a través de la despenalización total, con lo que el aborto quedaría regulado solamente desde el ámbito de la salud”. GIRE es reconocida internacionalmente por su labor y es considerada por Planned Parenthood, una de las mayores proveedoras de servicios de aborto en Estados Unidos, como una de sus “organizaciones contrapartes y aliadas” con las que colaboran en favor de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Para el ministro Espinosa Betanzo, lograr la “despenalización total del aborto en México sería un hito histórico que marcará un antes y un después en la lucha por la justicia reproductiva”.
Las voces disidentes no se han hecho esperar. Uriel Esqueda, líder de Campañas de la plataforma Actívate, expresó el 27 de mayo que la intención de este caso en Aguascalientes es “quitar por completo cualquier mínima protección para el ser humano en el vientre”, sentando un precedente que podría replicarse en otras entidades federativas para liberalizar el acceso al aborto. “Al final del día, al derogar el tema del delito del aborto abres la posibilidad para abrir el aborto en cualquier momento del embarazo”, advirtió Esqueda.
Por su parte, Red Familia ha manifestado una profunda preocupación. Laura Hernández, directora de Asuntos Públicos de la organización, señaló que el proyecto “reduce de manera cada vez más estrecha el margen de configuración legislativa de las entidades federativas”. Aunque formalmente no establece un plazo único para el aborto a nivel nacional, la propuesta “materialmente empuja hacia un modelo nacional uniforme construido desde criterios judiciales y no desde deliberación democrática, con esto se arriesga a una confrontación directa con gobernadores y legisladores”. Hernández añadió que les preocupa que la sentencia no solo invalide la regulación aprobada democráticamente por el Congreso de Aguascalientes, sino que también “avance hacia una lógica de despenalización estructural del aborto en México, al sostener que el uso mismo del derecho penal para proteger la vida en gestación sería contrario al Estado democrático de Derecho”.
Desde el Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Iván Cortes, su presidente, aseguró en un mensaje de video que la Suprema Corte “pretende hacer una suprema injusticia esta semana, ya que quieren votar un proyecto por el cual quieren quitar el tipo penal aborto de Aguascalientes”, lo que permitiría esta práctica durante los nueve meses de embarazo con repercusiones potenciales en toda la República. “México no necesita más muerte, tenemos suficiente con los cientos de miles asesinados por el crimen organizado, como para que ahora la Suprema Corte quiera legalizar la muerte de los más inocentes”, sentenció Cortes.
Uriel Esqueda también denunció la existencia de lo que considera “jueces activistas” en la Corte, en lugar de jueces imparciales. Criticó que los ministros de la máxima instancia judicial mexicana “hoy se sienten legisladores y que están por encima de los estados”, respondiendo a “agendas ideológicas, a grupos de interés minoritarios”. Esta situación cobra relevancia en el contexto de la reforma judicial de 2024, que estableció que los ministros de la SCJN son elegidos por voto popular, habiendo entrado en funciones los actuales miembros el 1 de septiembre de 2025, con periodos que varían de ocho a once años.
Esqueda lamentó que, a pesar de que la nueva composición de la Corte prometió “proteger a los mexicanos”, los ministros podrían dejar este jueves “sin ningún tipo de protección al ser humano en el vientre materno”. Cuestionó: “¿Esos mexicanos son de segunda, no importan?, ¿o cuál es la justificación para que hoy los ministros decidan esto?”.
Ante este panorama, Actívate ha lanzado una campaña que ya ha recabado más de 2.400 firmas, instando a los ministros a no aprobar el proyecto de sentencia del ministro Irving Espinosa Betanzo y motivando a los ciudadanos mexicanos a no permanecer indiferentes. “Hoy un grupo de ministros se sienten dueños del país y no lo podemos permitir”, concluyó Esqueda, subrayando la trascendencia de la decisión que se tomará en la Suprema Corte.
