LAHORE, PAKISTÁN – Una ola de indignación y desesperación recorre Pakistán, mientras familias de detenidos por supuesta blasfemia exigen transparencia y justicia. Las protestas, como la reciente manifestación frente al Lahore Press Club el 30 de diciembre de 2025 en memoria de Fatima Jahangir, una joven de 22 años fallecida bajo custodia policial en abril de 2024, visibilizan la brutal realidad de unas leyes que, según activistas de derechos humanos, son cada vez más instrumentalizadas para fines perversos. El fallecimiento de Jahangir, tras denuncias de tortura y negligencia en la prisión de Kot Lakhpat, subraya la urgencia de revisar el sistema.
En el centro de esta compleja problemática se encuentra el caso de Imran Rehman, de 35 años, cuyo arresto en septiembre de 2022 por la Agencia Federal de Investigación (FIA) en Lahore se ha convertido en un símbolo de los abusos. Rehman fue acusado de compartir material blasfemo en un grupo de WhatsApp, enfrentando cargos bajo las estrictas leyes de blasfemia de Pakistán, la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos (PECA) y normativas antiterroristas. Estas acusaciones pueden acarrear graves penas, desde multas elevadas y cadena perpetua hasta la pena capital, poniendo en evidencia la severidad del marco legal pakistaní.
La detención de Imran ha sumido a su familia en un calvario de casi tres años. Su esposa, Komal Mushtaq, una madre católica, relata con voz quebrada el impacto devastador en sus dos hijas pequeñas. Las visitas a su padre en la Cárcel de Distrito de Lahore cesaron hace un año, cuando la hija mayor comenzó a sufrir académicamente. Un terapeuta escolar aconsejó a Komal detener las visitas, debido al trauma que generaban en la niña. “Sus calificaciones estaban bajando. Están creciendo. Extrañan a su baba”, compartió Mushtaq, rememorando el doloroso recuerdo de sus hijas aferrándose a su padre en los tribunales, anhelando un abrazo negado por la implacable barrera de la justicia.
Durante décadas, líderes religiosos y organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el uso indebido de las leyes de blasfemia en Pakistán. A menudo, estas normativas son utilizadas como herramientas para saldar rencillas personales, disputas territoriales o incluso para incitar la violencia de turbas, mucho antes de que se inicie cualquier investigación formal. Sin embargo, recientes revelaciones sugieren una dimensión aún más alarmante y organizada.
Investigaciones llevadas a cabo por funcionarios policiales, observadores de derechos humanos y análisis de registros judiciales han desvelado lo que activistas denominan un “negocio de la blasfemia”. Se trataría de un presunto sindicato criminal que opera a través de las redes sociales, utilizando identidades falsas, a menudo femeninas, para atraer a hombres jóvenes, predominantemente musulmanes de clase media-baja, a conversaciones privadas en línea. El objetivo es recopilar intercambios que posteriormente se usan como base para acusarlos de blasfemia, facilitando así el chantaje, la extorsión o la coacción.
Este oscuro entramado salió a la luz por primera vez en 2019, cuando un funcionario de la FIA alertó sobre posibles malas prácticas internas y denunciantes sospechosos. Un informe filtrado en enero de 2024, de la Rama Especial de la Policía de Punjab, detalló una red coordinada que sistemáticamente atrae y tiende trampas a sus víctimas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Pakistán (CNDH), en su informe de octubre de 2024, instó al gobierno a revisar los procedimientos de la FIA y garantizar una mayor transparencia, documentando 767 arrestos relacionados con blasfemia en todo el país entre octubre de 2023 y julio de 2024, la mayoría concentrados en la provincia de Punjab.
El informe de la CNDH también reveló datos escalofriantes: cinco detenidos, entre ellos una mujer de 22 años (presumiblemente Fatima Jahangir), fallecieron bajo custodia. Al menos diez de los arrestados eran cristianos. Actualmente, siete cristianos permanecen encarcelados en la Cárcel de Distrito de Lahore por cargos de blasfemia, de los cuales tres fueron arrestados por la FIA, lo que ha generado profunda preocupación en la comunidad internacional y en organizaciones como la Comisión Nacional de Justicia y Paz (NCJP) de los obispos católicos de Pakistán, que colaboró activamente en el informe de la CNDH.
“El mayor problema es que las víctimas quedan sin ser escuchadas”, afirma Naeem Yousaf Gill, director ejecutivo de la NCJP. “A menudo, el acusado se convierte en una persona desaparecida. Se los llevan de sus lugares de trabajo, no de sus casas. Las familias pasan días, incluso meses, buscando en las comisarías”. Esta desoladora situación ha llevado a 101 familias, agotadas por juicios interminables, a presentar una petición ante el Tribunal Superior de Islamabad, denunciando una red criminal que, en supuesta colusión con la FIA, ha detenido a 450 personas con cargos inventados. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron en julio del año anterior, cuando un tribunal de apelación del Tribunal Superior de Islamabad suspendió un veredicto previo que ordenaba al gobierno formar una comisión investigadora.
La NCJP, consciente de la volatilidad del ambiente político, ha optado por una postura cautelosa. “Tenemos que mantener un perfil bajo”, explica Gill, señalando la dificultad de desafiar a un sindicato que parece extraer su fuerza tanto de grupos religiosos como de las agencias federales de aplicación de la ley. La influencia de partidos islamistas como Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), que ha sido prohibido y luego levantado su prohibición en medio de protestas violentas, demuestra la delicada balanza de poder en el país. A pesar de una nueva prohibición en octubre pasado, la ideología del TLP conserva una considerable influencia callejera, haciendo que el camino hacia la justicia sea aún más pedregoso para los acusados y sus defensores.
La presión también se ha intensificado sobre abogados, activistas y periodistas que se atreven a defender a los acusados de blasfemia. En enero, la abogada Imaan Zainab Mazari-Hazir y su esposo fueron condenados en un caso separado relacionado con presuntas publicaciones en línea contra el Estado. El clérigo Muhammad Ali Mirza, quien comenzó a abogar por estas familias tras ser liberado bajo fianza en su propio caso de blasfemia en diciembre, sobrevivió a un ataque en su academia en Punjab el 15 de febrero, evidenciando los riesgos personales. Además, al menos ocho abogados y periodistas han recibido notificaciones bajo la Ley PECA por parte de la Agencia Nacional de Investigación de Delitos Cibernéticos, tras denuncias vinculadas a su defensa en casos de blasfemia.
Komal Mushtaq confirma que esta presión ha llegado hasta su hogar. Afirma que funcionarios de la FIA interrogaron y amenazaron a su hermano mayor por visitar a Rehman en prisión. “Le dijeron que revisarían su teléfono y que lo arrestarían a él también”, declaró. Por las noches, el sueño llega a Komal en fragmentos, mientras en Cuaresma ayuna por la libertad de su esposo. Con otra Pascua acercándose, se resigna a una espera prolongada. “Mis hijas preguntan cuándo regresará su padre a casa”, dice, secándose las lágrimas. “Les digo que recen y esperen justicia. Eso es todo lo que nos queda”. La historia de Imran Rehman y las demás víctimas de este presunto “negocio de la blasfemia” clama por una reforma urgente y una supervisión rigurosa de las leyes y procedimientos en Pakistán, donde la búsqueda de justicia se ha convertido en una lucha diaria por la supervivencia y la verdad.
