Polonia es escenario de un acontecimiento judicial sin precedentes con el inicio del primer juicio penal contra un obispo acusado de encubrimiento de abusos sexuales cometidos por sacerdotes de su diócesis. El 18 de febrero, Monseñor Andrzej Jeż, obispo de la diócesis de Tarnów desde 2012, compareció ante el tribunal, enfrentándose a una posible pena de hasta tres años de prisión. La acusación formal, presentada en 2024, sostiene que el prelado no informó de manera oportuna a las autoridades civiles sobre presuntos casos de abuso, incumpliendo con la legislación vigente.
La investigación se centra en dos sacerdotes bajo su jurisdicción: el Padre Stanisław P., presuntamente responsable de abusar de al menos 95 menores entre 1987 y 2018, y el clérigo Tomasz K., acusado de cometer abusos contra menores entre 2008 y 2010. Aunque la diócesis de Tarnów y el obispo Jeż afirman haber gestionado los casos a través de los canales eclesiásticos y haber remitido la información al Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, la fiscalía polaca sostiene que se incumplió la obligación de informar a las autoridades civiles de inmediato.
El Artículo 240 del Código Penal polaco, que entró en vigor en 2017, impone la obligación de denunciar “inmediatamente” ciertos delitos, incluidos los abusos sexuales contra menores. La fiscalía acusa a Monseñor Jeż, de 63 años, de haber demorado esta comunicación hasta la conclusión de los procesos canónicos, en lugar de alertar a las autoridades civiles sin dilación.
Durante la sesión inaugural del juicio, que se extendió por una hora, el obispo polaco se declaró no culpable de los cargos. En su defensa, afirmó haber informado a las autoridades estatales en agosto de 2020, una vez que la Iglesia había esclarecido los hechos internamente. Según reportó la Katolicka Agencja Informacyjna (KAI), la principal agencia católica de noticias del país, el prelado sostuvo que inicialmente desconocía la gravedad y el alcance de los casos y, al tener conocimiento, los remitió a la Santa Sede, esperando la revisión del Vaticano antes de proceder con las autoridades civiles.
Monseñor Jeż enfatizó su postura firme contra la pedofilia, declarando que “debe combatirse con toda determinación” y que constituye un “pecado del que la Iglesia debe purificarse”. Como prueba de su compromiso, recordó haber nombrado en abril de 2015 a un delegado diocesano con autonomía plena para recibir e investigar denuncias de abuso de menores, una medida proactiva antes de la entrada en vigor de la ley polaca de 2017. Al finalizar su declaración, el obispo expresó su “pesar y disculpas a todos los que resultaron perjudicados y a otras personas que sufrieron por esto, lo cual incluye a menudo a las familias”.
En relación con el Padre Stanisław P., las investigaciones eclesiásticas llevaron a su destitución del estado clerical. No obstante, la Fiscalía de Polonia archivó el caso civil por prescripción. En cuanto a Tomasz K., la fiscalía preparó cargos en su contra, pero la formalización se detuvo debido al delicado estado de salud del sacerdote.
El abogado defensor de Monseñor Jeż, Zbigniew Ćwiąkalski, exministro de Justicia, argumentó que su cliente ha sido utilizado como “chivo expiatorio” en un contexto de creciente presión social sobre la Iglesia. Ćwiąkalski defendió que el obispo actuó correctamente al priorizar las conclusiones de los procesos vaticanos antes de proceder con las autoridades civiles, siguiendo los protocolos que consideraba establecidos. También se mencionó que el obispo no era plenamente consciente de la obligación legal de 2017 en el momento de los hechos.
Este juicio pone de manifiesto la creciente tensión entre el derecho canónico y la legislación civil en Polonia, en el marco de una crisis global de abusos en la Iglesia Católica. Un informe publicado en marzo de 2019 por la Conferencia Episcopal de Polonia, elaborado por el Instituto de Estadística de la Iglesia Católica y el Centro de Protección Infantil, reveló 382 denuncias de abuso sexual de menores en el ámbito eclesiástico entre 1990 y 2018. De estas, 198 víctimas eran menores de 15 años y 184 mayores de esa edad. El estudio también detalló que el 58.4% de las víctimas eran varones y el 41.6% mujeres, proporcionando una sombría panorámica de la magnitud del problema en el país.
La última sesión del juicio está programada para el 15 de abril, marcando un hito significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas y en la definición de la responsabilidad de los líderes eclesiásticos ante la ley civil en Polonia.
