Santiago de Chile – En un movimiento que sacude los cimientos de la Compañía de Jesús en Chile, el conocido sacerdote jesuita Felipe Berríos ha formalizado su renuncia a la orden, tras un largo y mediático proceso de investigación por acusaciones de connotación sexual. La decisión de Berríos se produce luego de que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano desestimara las imputaciones en su contra, concluyendo que no existía certeza moral sobre la comisión de los delitos. Sin embargo, el sacerdote ha expresado una profunda disconformidad con el manejo institucional de su caso, criticando duramente a la Compañía por su proceder.
La renuncia de Berríos, hecha pública a través de una carta dirigida al provincial de la Compañía de Jesús en Chile, Padre Juan Cristóbal Beytía, y difundida por la revista “Reflexión y Liberación”, marca un punto de inflexión en una trayectoria sacerdotal de gran visibilidad pública y compromiso social. En su misiva, el Padre Berríos articula una serie de graves reproches hacia su orden, atribuyéndoles un “mal manejo” de las acusaciones y del proceso subsiguiente. Responsabiliza a los Jesuitas de haber propiciado el “escarnio público” y de contribuir a un “profundo daño” personal, al tiempo que les exige una instancia de reflexión y un pedido de disculpas que, según él, nunca llegaron.
El sacerdote detalla cómo la Compañía de Jesús hizo públicas las “acusaciones de índole sexual” en su contra sin antes haberle comunicado los detalles específicos de lo que se le imputaba. Esta acción, en su opinión, generó un “gran revuelo mediático” debido a su reconocida figura pública, situación que, reconoce, le “dañó profundamente”. Berríos también denuncia que la orden realizó llamados públicos a denunciar “cualquier mala conducta en la que yo pudiese haber incurrido”, sin especificar la naturaleza de las supuestas acusaciones sexuales, lo que, según sus palabras, “dejó a la imaginación de la gente las aberraciones más grandes”.
En su defensa, el Padre Berríos ha subrayado que “ninguna de las ocho denunciantes habló nunca de relaciones sexuales, desnudos, tocamientos de genitales o palabras soeces denigratorias u ofensivas”. Además, enfatiza que “la mayoría de estos relatos, como quedó demostrado en el Decreto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se fueron construyendo con el tiempo y tienen múltiples inconsistencias”.
El sacerdote repasó los resultados de los procesos a los que fue sometido. En el ámbito de la Justicia Civil, la investigación concluyó primero con su absolución por prescripción. Posteriormente, tras una apelación, la causa fue sobreseída de forma definitiva y total, dado “la imposibilidad de determinar la efectividad de los hechos”. En el plano canónico, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la máxima autoridad vaticana en materia doctrinal y de disciplina de la fe, resolvió a fines del año pasado que “no resulta la certeza moral sobre la comisión de los delitos imputados”.
Esta decisión del Dicasterio, explica Berríos, se fundamentó en que “en las etapas precedentes había habido un vicio en la valoración crítica de las denuncias” y en que “los relatos en mi contra eran divergentes, que no habían sido lineales ni coherentes”. Un punto crucial es que este decreto “dejó sin efecto dos decretos anteriores, incluido el de expulsión de la Compañía de Jesús”, lo que evidencia un giro significativo en el proceso.
A pesar de estas resoluciones favorables, Berríos reprocha a la Compañía de Jesús su actitud posterior, al haber “ordenado, una vez más con publicidad, ‘atender a las personas que de alguna manera han sido vulneradas por comportamientos del P. Berríos’”. Esto, a su juicio, contradecía la determinación del Dicasterio, que indicó que “si bien una de las denuncias efectivamente había ocurrido, no era delito, y que las otras tres, de acuerdo con el Decreto, no ocurrieron”.
El sacerdote jesuita admite haber transitado “de la sorpresa a la resignación y del dolor a la molestia” con la institución, lamentando su “nula capacidad” para una reflexión genuina y la ausencia de una disculpa. Exhortó a la Compañía de Jesús en Chile a iniciar un “profundo proceso de reflexión”. La gota que colmó el vaso, según Berríos, fue la imposición por parte del provincial de “siete medidas disciplinarias, entre ellas restricciones a mi ministerio sacerdotal”, al notificarle la decisión del Dicasterio.
“Después de casi cuatro años siendo enjuiciado públicamente y pese a la contundencia de los procesos judiciales penales ordinarios y eclesiásticos, para la Compañía de Jesús como institución, donde juré entrar y morir en ella, soy igualmente responsable de hechos que no cometí”, subraya con “profunda tristeza” por el comportamiento de algunos hermanos jesuitas. Concluye su carta afirmando que, si bien seguirá fiel al Evangelio y al sacerdocio bajo la espiritualidad de San Ignacio, su conciencia y fe en Dios lo llevaron a solicitar su salida de la Compañía de Jesús ante la postura de su gobierno.
**La Respuesta Institucional de la Compañía de Jesús**
En respuesta a la renuncia del Padre Felipe Berríos, la Compañía de Jesús en Chile emitió un comunicado este lunes 19 de enero, confirmando que el provincial, P. Juan Cristóbal Beytía SJ, “remitirá los antecedentes a la Curia General, para dar curso al procedimiento que corresponde en estos casos”.
La orden jesuita enfatizó su compromiso ineludible con la protección de personas vulnerables, señalando que “frente a denuncias de abuso a niñas, niños y adolescentes, o personas en situación de vulnerabilidad, la Compañía de Jesús activa protocolos institucionales de público conocimiento que se han aplicado sin excepción a cualquier jesuita, conforme a procedimientos formales, obligatorios e independientes”. Estos mecanismos, según el comunicado, se rigen por “criterios de imparcialidad y rigor”.
La Compañía defendió las medidas adoptadas —tanto las de acompañamiento y reparación a las denunciantes, como las de restricción impuestas al Padre Berríos—, asegurando que “responden al mérito de los antecedentes disponibles y al deber de actuar con responsabilidad”. Dichas medidas se sustentan en lo recabado durante una “Investigación Previa y el Proceso Administrativo Penal, realizados por expertos independientes, y la convicción alcanzada como Compañía de Jesús”.
Un punto clave de su declaración es el reconocimiento de que, “aun cuando en ciertas instancias no se haya alcanzado la certeza moral exigida en el proceso canónico respecto de algunos de los hechos, se constataron conductas que transgredieron límites y causaron daño, lo que lamentamos profundamente”. Esta afirmación sugiere que, si bien el Dicasterio no encontró base para condenar canónicamente por delitos, la Compañía considera que hubo comportamientos inapropiados que generaron perjuicio.
Finalmente, el comunicado jesuita concluye que sus decisiones “expresan el deber eclesial de asumir con responsabilidad situaciones que han causado un daño profundo a personas concretas, afectando su integridad y la confianza de nuestra comunidad”. Reafirma que el actuar de la Compañía de Jesús se fundamenta en “un compromiso ineludible con la justicia, la búsqueda de la verdad, la ejecución de procedimientos serios y responsables y, de manera prioritaria, con la protección de personas en situación de vulnerabilidad”.
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