Jerusalén – En un movimiento que amenaza con exacerbar una ya crítica crisis humanitaria en los territorios palestinos, el Gobierno de Israel ha anunciado la prohibición de operar a más de 30 organizaciones no gubernamentales (ONG) en la Franja de Gaza y Cisjordania, efectiva a partir del 1 de enero de 2026. Esta drástica medida, que incluye a la destacada Cáritas Jerusalén, se fundamenta en un nuevo y controvertido sistema de registro impulsado por motivos de seguridad nacional, según fuentes israelíes.
El Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo hizo pública la decisión el martes, justo un día antes de que expirara el plazo establecido para completar el registro obligatorio. Las autoridades israelíes argumentan que la restricción responde a la necesidad imperiosa de prevenir la “explotación de los marcos humanitarios con fines terroristas” y de asegurar el cumplimiento de “estándares rigurosos de seguridad y transparencia”. Este argumento subraya la persistente preocupación de Israel por la posible desviación de recursos humanitarios hacia grupos militantes, una justificación que ha sido objeto de escrutinio internacional en el pasado.
El nuevo sistema de registro imponía requisitos detallados y, para muchas organizaciones, extremadamente sensibles. Entre ellos, se exigía información exhaustiva y verificable sobre todo el personal, incluidos los empleados palestinos, así como datos pormenorizados sobre las fuentes de financiación y las estructuras operativas. Según el ministerio, liderado por Amijai Chikli, aproximadamente el 15% de las entidades afectadas no lograron proporcionar la información completa requerida, un punto neurálgico en la disputa.
Sin embargo, los aspectos más polémicos del registro iban más allá de la transparencia financiera y de personal. Las ONG y sus trabajadores debían reconocer a Israel como un Estado judío y democrático, además de comprometerse a no iniciar acciones legales contra militares israelíes ante tribunales internacionales. Estos requisitos han sido calificados por diversas organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional como intentos de politizar la ayuda humanitaria y de coartar la defensa de los derechos humanos.
En este delicado contexto, el Patriarcado Latino de Jerusalén ha salido en defensa de Cáritas Jerusalén, una de las organizaciones directamente impactadas. A través de una nota firmada por su portavoz, Farid Jubran, el Patriarcado recordó que Cáritas Jerusalén es una entidad humanitaria y de desarrollo que opera bajo la supervisión de la Asamblea de los Ordinarios Católicos de Tierra Santa. Adicionalmente, el comunicado subraya que Cáritas Jerusalén posee el estatus legal de “persona jurídica eclesiástica” en Israel, un reconocimiento formal otorgado por el propio Estado israelí mediante el Acuerdo Fundamental de 1993 y el Acuerdo de Personalidad Jurídica de 1997, ambos pactados con la Santa Sede.
El Patriarcado Latino enfatizó que Cáritas Jerusalén no ha iniciado ningún proceso de nueva registración ante las autoridades israelíes, manteniéndose firme en su postura. Afirmó, además, que la organización continuará inquebrantablemente sus operaciones humanitarias y de desarrollo en Gaza, Cisjordania y Jerusalén, en estricto apego a su mandato. El comunicado también aclaró que Cáritas Internationalis, de la cual Cáritas Jerusalén es miembro, no realiza intervenciones directas dentro del territorio israelí.
La decisión de restringir la operación de estas ONG se produce poco después de la reciente visita del Patriarca Latino de Jerusalén, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa, a la Franja de Gaza, entre el 19 y el 21 de diciembre. Durante su estancia, el purpurado franciscano y máxima autoridad católica en Tierra Santa, fue testigo de la devastación, con más del 80% de los edificios destruidos tras la ofensiva israelí. En una entrevista concedida a los medios vaticanos, el Cardenal Pizzaballa advirtió sobre la alarmante situación económica de la población: “muy pocos gazatíes pueden permitirse comprar alimentos”. Sin acceso a trabajo ni ingresos, la vasta mayoría de los habitantes de Gaza dependen por completo de la ayuda humanitaria, que, gracias a las agencias internacionales, “finalmente está llegando”, según sus propias palabras. Esta contradicción entre la necesidad apremiante de ayuda y la restricción de las organizaciones que la proveen subraya la complejidad y la urgencia de la situación.
Las restricciones a las ONG han sido un tema recurrente en los últimos meses. El plazo inicial para cumplir con el nuevo registro, originalmente fijado para septiembre, fue extendido hasta el 31 de diciembre, en un período en el que las organizaciones intentaban negociar los términos del sistema en medio de una emergencia humanitaria sin precedentes. A pesar de que Israel ha aliviado parcialmente algunas restricciones en las últimas semanas, la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza sigue siendo limitada, incluso por debajo de los compromisos adquiridos durante el alto el fuego de octubre.
Esta medida representa un nuevo punto de fricción en las ya tensas relaciones entre Israel y la comunidad humanitaria internacional, generando serias preocupaciones sobre el impacto en millones de personas que dependen de esta asistencia vital. El destino de las operaciones de estas ONG, y con ello, la supervivencia de muchos palestinos, pende ahora de un hilo.
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