PUERTO MONTT, CHILE – El Arzobispado de Puerto Montt ha informado recientemente sobre la resolución del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, órgano competente de la Santa Sede, respecto a las acusaciones que pesaban sobre el sacerdote Javier Velásquez Angulo. Según el comunicado emitido el 29 de enero, el Vaticano ha decidido archivar la causa contra Velásquez, determinando que “los hechos denunciados no son constitutivos de delito canónico”. Esta decisión implica el levantamiento de las medidas cautelares previamente impuestas al presbítero, permitiéndole reincorporarse a sus labores pastorales.
La resolución del organismo vaticano marca un punto de inflexión en el proceso eclesiástico que se inició tras las denuncias formuladas por alumnas del Colegio San Miguel de Calbuco, donde el sacerdote se desempeñaba como profesor. Sin embargo, la situación judicial en Chile sigue un curso independiente, ya que la Fiscalía de Calbuco continúa con su propia investigación, sin haber emitido aún una resolución sobre el caso en el ámbito penal.
**El Proceso Canónico y la Decisión del Vaticano**
El Dicasterio para la Doctrina de la Fe es la institución de la Curia Romana encargada de velar por la doctrina de la fe y la moral en la Iglesia Católica, incluyendo la supervisión y resolución de los casos más graves de delitos canónicos, entre ellos los relacionados con la protección de menores. Su determinación de archivar la acusación contra el Padre Velásquez significa que, bajo el escrutinio de la ley canónica, las alegaciones presentadas no cumplen con la definición de un delito eclesiástico grave que requiera sanciones dentro de la estructura de la Iglesia. Es importante destacar que esta conclusión se basa en la normativa interna de la Iglesia y no prejuzga ni interfiere con los procedimientos legales civiles de cada país.
Las medidas cautelares que pesaban sobre el sacerdote desde el inicio de las acusaciones, y que ahora han sido revocadas, suelen incluir la prohibición de ejercer el ministerio público, la restricción de contacto con menores y la suspensión de sus funciones en cualquier institución eclesiástica o educativa. El levantamiento de estas medidas permite al Padre Velásquez retomar sus actividades como ministro de la Iglesia, sujeto a las directrices de la Arquidiócesis de Puerto Montt. La reincorporación a las labores pastorales, que ahora puede ocurrir, implica un retorno a las responsabilidades propias de su sacerdocio, ya sea en parroquias, escuelas católicas u otras instituciones eclesiásticas, aunque los detalles específicos de su asignación aún no se han hecho públicos.
**Origen de las Acusaciones y Reacciones Iniciales**
Las denuncias contra el sacerdote Javier Velásquez Angulo salieron a la luz pública a fines de agosto del año anterior. En aquel momento, cuatro alumnas del Colegio San Miguel de Calbuco, establecimiento educacional donde Velásquez Angulo ejercía funciones docentes, se acercaron a la psicóloga del colegio para expresar que “se habían sentido vulneradas en el ámbito del pudor sexual por un profesor en un contexto educacional”. Esta declaración inicial motivó la activación de diversos protocolos de acción tanto a nivel eclesiástico como civil.
Tras conocerse los hechos, el Colegio San Miguel actuó con celeridad, suspendiendo preventivamente de sus funciones al Padre Velásquez. Esta medida, según fuentes ligadas al establecimiento, tuvo como propósito primordial proteger la integridad de las estudiantes y garantizar un ambiente escolar seguro mientras se desarrollaban las investigaciones pertinentes. La decisión del colegio reflejó el compromiso con el bienestar de su comunidad educativa y la aplicación de sus propios protocolos internos ante situaciones de esta naturaleza.
Paralelamente, el Arzobispado de Puerto Montt inició una investigación interna para determinar la verosimilitud de las acusaciones desde la perspectiva de la normativa canónica. Este proceso diocesano es un paso preliminar y fundamental que puede derivar, como en este caso, en la elevación de antecedentes a instancias superiores de la Santa Sede, como el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, para una revisión y resolución definitiva.
**La Investigación Penal en Chile: Un Proceso Independiente**
De forma simultánea e independiente a las pesquisas eclesiásticas, la Fiscalía de Calbuco también comenzó sus propias diligencias. El Ministerio Público, en su rol de ente persecutor penal en Chile, busca determinar “si existen hechos constitutivos de delito, si los mismos están en el ámbito de competencia de esta Fiscalía y establecer las responsabilidades de carácter penal que pudieran asociarse al caso en el evento de establecerse hechos que sean constitutivos de delito”.
Este aspecto es crucial para comprender la complejidad del caso. La justicia civil y la justicia canónica operan bajo marcos legales y procedimentales distintos, con criterios de prueba y definiciones de delito que pueden diferir sustancialmente. La resolución del Vaticano, que exime al sacerdote de responsabilidad bajo la ley eclesiástica, no tiene, por lo tanto, injerencia alguna en el desarrollo de la investigación penal que lleva adelante la Fiscalía de Calbuco.
Hasta la fecha de este informe, la Fiscalía no ha comunicado ninguna resolución oficial sobre el caso. Esto significa que la investigación está activa y podría, eventualmente, derivar en la formalización de cargos si se encuentran elementos suficientes que configuren un delito según la legislación penal chilena. La autonomía de ambos procesos asegura que cada instancia evalúe los hechos bajo su propia jurisdicción y principios, manteniendo una estricta separación de poderes.
**Contexto y Repercusiones**
El caso del sacerdote Javier Velásquez Angulo se enmarca en un período de intensa revisión y escrutinio de la Iglesia Católica a nivel global respecto a las denuncias de abusos. La transparencia y la prontitud en la respuesta son demandas crecientes tanto de la sociedad civil como de las propias comunidades eclesiásticas. La decisión del Vaticano y la continuidad de la investigación fiscal serán observadas de cerca por la comunidad de Calbuco, especialmente por los apoderados y estudiantes del Colegio San Miguel, así como por los fieles del Arzobispado de Puerto Montt.
La dualidad de resoluciones –una eclesiástica que archiva y una civil que aún investiga– subraya la importancia de entender las distintas jurisdicciones y sus alcances. Mientras el Padre Velásquez se prepara para retomar su ministerio pastoral, la expectación se mantiene sobre los próximos pasos de la justicia chilena, que seguirá su curso independiente en la búsqueda de la verdad y la justicia según las leyes del país. La resolución final de la Fiscalía será determinante para el futuro legal del sacerdote y para la percepción de la justicia en la comunidad afectada.
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