Caracas, Venezuela – En un desarrollo que marca un hito significativo en el complejo panorama político venezolano, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Este instrumento jurídico, promulgado en la noche del pasado jueves por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, busca sentar las bases para una nueva era de estabilidad y reconciliación en el país, especialmente tras la captura y extradición de Nicolás Maduro a Estados Unidos el 3 de enero, un evento que reconfiguró drásticamente el tablero político nacional.
La legislación, descrita en su exposición de motivos como una “oportunidad urgente para vivir en paz y tranquilidad en Venezuela”, aspira a beneficiar a un universo de más de 600 personas consideradas presos políticos por diversas organizaciones independientes de derechos humanos. Este movimiento se produce en un contexto de progresivas liberaciones que han tenido lugar desde principios de año, con más de 300 individuos excarcelados hasta la fecha, aunque una parte considerable de ellos permanece bajo medidas cautelares, lo que subraya la naturaleza gradual y condicional de este proceso.
La firma y promulgación de la ley se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores, con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, flanqueada por figuras clave de la política venezolana, incluyendo a su hermano, Jorge Rodríguez, quien preside la Asamblea Nacional, y al ministro de Interior, Diosdado Cabello. Durante el acto, Delcy Rodríguez enfatizó la necesidad de una “máxima celeridad” en la aplicación de la normativa y extendió un llamado a los parlamentarios para que revisen los casos que, por diversas razones, no hayan sido contemplados en la ley recién aprobada, sugiriendo una apertura a futuras ampliaciones o ajustes.
Desde la tribuna legislativa, Jorge Rodríguez destacó la disposición de los diputados y su compromiso con la ley de amnistía, calificándola como un “signo de un nuevo tiempo político que debe transitar el país”. Con un tono reflexivo, el presidente del parlamento, conocido por su prominente papel en anteriores administraciones, lamentó que “hechos tan lamentables y catastróficos” fueran necesarios para que la nación se volcara en la búsqueda de la “hermandad, la unión y la paz de la república”, aludiendo a los profundos conflictos y divisiones que han marcado la historia reciente de Venezuela.
A pesar del optimismo expresado por el gobierno interino, la Ley de Amnistía ha recibido críticas desde diversos sectores de la oposición. Analistas políticos y líderes opositores han manifestado que la ley no posee la amplitud necesaria, dejando potencialmente excluidos a cientos de presos políticos encarcelados entre los años 1999 y 2025. Una de las objeciones más contundentes es que la legislación tampoco incluiría a políticos y activistas exiliados, muchos de los cuales enfrentan inhabilitaciones políticas y procesos penales abiertos en el país. El caso de María Corina Machado, una de las figuras más representativas de la oposición venezolana, a menudo se cita como ejemplo de estas exclusiones.
La Iglesia Católica venezolana, a través de su episcopado, ha mantenido una postura activa y de solidaridad con los presos políticos y sus familias. Los obispos del país calificaron las liberaciones iniciales como un “signo positivo”, pero reiteraron su solicitud por la “plena liberación” de todos los aún detenidos y de aquellos que salieron de prisión bajo medidas cautelares. En una exhortación pastoral reciente, el episcopado enfatizó la importancia de una “ley de amnistía general” que sea “necesariamente amplia e inclusiva”, fruto de una “extensa consulta a todos los sectores de la sociedad civil”. Para la Iglesia, esta medida constituiría un “paso importante para emprender el largo y difícil camino de la reconciliación nacional y el restablecimiento de la convivencia social y democrática”.
Un ejemplo concreto del impacto de este nuevo clima político se vivió en la madrugada del viernes, cuando el líder opositor Juan Pablo Guanipa anunció su libertad plena, tras más de ocho meses de detención en una cárcel de Caracas y un período posterior de prisión domiciliaria en Maracaibo. Visiblemente emocionado, Guanipa compartió en un video grabado bajo el sol zuliano su intención de dirigirse a la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona del estado Zulia, para agradecer a Dios y a la Virgen. Su llegada al histórico templo católico en el centro de Maracaibo fue recibida por decenas de personas con vítores y aplausos, en una muestra de fervor y apoyo popular.
Guanipa, quien en entrevistas recientes había manifestado que su cautiverio sirvió para fortalecer su fe, reafirmó su convicción religiosa. “Yo soy católico practicante y salí más católico todavía. Con mucha más fe de la que tenía anteriormente”, aseguró, ofreciendo un testimonio personal sobre la resiliencia en tiempos de adversidad política.
La aprobación y promulgación de esta Ley de Amnistía representa un momento crucial para Venezuela, abriendo un capítulo de esperanza para muchos, pero también destacando los desafíos persistentes en el camino hacia una reconciliación genuina y duradera. Mientras el gobierno interino impulsa esta iniciativa como pilar de un “nuevo tiempo político”, las voces críticas y la sociedad civil instan a una visión más inclusiva y abarcadora que garantice la justicia y la paz para todos los ciudadanos. La efectividad de esta ley en sanar las profundas grietas de la sociedad venezolana será un punto clave en la agenda política de los próximos meses.
