En una madrugada que conmocionó a la región y al mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado 3 de enero de 2026 que fuerzas especiales estadounidenses habían capturado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, en el marco de un “ataque a gran escala” en territorio venezolano. La noticia surgió en medio de reportes de múltiples explosiones y el avistamiento de columnas de humo sobre Caracas y otras ciudades, sumiendo a Venezuela en un estado de incertidumbre y emergencia.
El anuncio, que circuló ampliamente a través de plataformas digitales, fue emitido por el propio presidente Trump en un comunicado replicado por el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth. “Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país”, se leía en la declaración. Trump añadió que la operación se realizó “en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses” y convocó a una rueda de prensa urgente para este mismo sábado, a las 11:00 a.m. (hora del este), desde Mar-a-Lago, Florida, para ofrecer mayores detalles sobre la audaz acción militar. La magnitud y la naturaleza de esta intervención marcan un hito sin precedentes en las ya tensas relaciones bilaterales entre Washington y Caracas.
El sorpresivo anuncio de la Casa Blanca se produjo horas después de que el silencio de la madrugada venezolana fuera quebrantado por una serie de violentas explosiones. Alrededor de las 2:00 a.m. (hora local), residentes de Caracas y otras localidades reportaron fuertes detonaciones que hicieron temblar edificaciones y fueron seguidas por el sobrevuelo de aeronaves militares no identificadas. Andrés Henríquez, corresponsal de ACI Prensa en la capital venezolana, describió la escena: “Las explosiones fueron tan intensas que sacudieron las ventanas de mi casa. Al asomarnos, vimos innumerables bolas de humo ascendiendo sobre Caracas. Luego, comenzaron a llegar videos y testimonios de explosiones similares en distintas ciudades del país”. El caos se apoderó de las calles, que se vieron vacías mientras la población intentaba comprender la magnitud de los eventos. Imágenes captadas en la autopista Francisco Fajardo, una de las principales arterias viales de Caracas, mostraban un paisaje desolado y desierto.
En respuesta a la escalada de violencia y antes de la confirmación de la captura de Maduro, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil Pinto, declaró el “estado de conmoción externa”. Esta medida de emergencia constitucional dota al régimen de amplios poderes en tiempos de guerra, permitiendo la suspensión de garantías y la movilización de recursos estatales para la defensa nacional. Citando el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que se refiere al derecho de legítima defensa, Gil Pinto denunció lo que calificó como una “agresión militar extremadamente grave” e hizo un llamado a los ciudadanos a movilizarse en contra de un “ataque imperialista”. La incertidumbre sobre quién ostenta ahora el mando de las fuerzas armadas y del gobierno venezolano persiste, intensificando la atmósfera de desorden.
Esta intervención militar estadounidense se enmarca en un contexto de creciente presión y despliegue estratégico en la región. Desde hace meses, Estados Unidos ha mantenido una notable presencia militar en el Mar Caribe, oficialmente declarada para combatir el narcotráfico. El gobierno norteamericano ha señalado reiteradamente a Nicolás Maduro y a figuras de su círculo cercano como cabecillas de una organización criminal internacional dedicada al narcotráfico y al terrorismo, conocida como el “Cartel de los Soles”. Esta designación ha servido de base para la imposición de sanciones y acusaciones formales, configurando un escenario donde la intervención militar, desde la perspectiva de Washington, podría interpretarse como una acción para desmantelar estructuras criminales y restaurar la estabilidad regional.
La compleja situación actual en Venezuela no es un evento aislado, sino la culminación de años de tensiones políticas y sociales exacerbadas. Las relaciones entre el gobierno y diversos sectores de la sociedad, incluida la Iglesia Católica, se han deteriorado significativamente. En su mensaje de Navidad de 2025, los obispos de Venezuela lamentaron la crítica realidad del país, que, según sus palabras, “ensombrece” la tradicional alegría del nacimiento de Jesús con dificultades y obstáculos para la población, especialmente para los más vulnerables.
Las fricciones entre la Iglesia y el régimen de Maduro se han intensificado desde las controvertidas elecciones de julio de 2024. El episcopado venezolano ha exigido de manera consistente la liberación de los presos políticos, incluyendo a cientos de menores de edad, una demanda que el gobierno ha ignorado. Recientemente, en octubre de 2025, durante la canonización de los primeros santos de Venezuela, Maduro acusó directamente al Cardenal Baltazar Porras de conspiración, elevando el nivel de hostilidad. Analistas políticos y religiosos habían advertido, a través de ACI Prensa, que la Iglesia enfrentaría “más persecución” en 2026, anticipando un incremento en el aislamiento del régimen y una mayor represión interna.
La jornada del 3 de enero de 2026 marca un punto de inflexión decisivo para Venezuela, con repercusiones que, sin duda, se sentirán en toda América Latina y en el tablero geopolítico global. La captura de su máximo líder, sumada al caos interno y las denuncias de agresión externa, configura un panorama de imprevisibilidad extrema. Esta es una noticia en desarrollo que sigue siendo actualizada minuto a minuto, con la comunidad internacional a la espera de más detalles y las consecuencias de esta operación militar.
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