Caracas, Venezuela – Mientras la nación venezolana enfrenta una compleja crisis humanitaria y política, cerca de ochocientos individuos permanecen encarcelados por razones ideológicas, según diversas organizaciones de derechos humanos. En este sombrío escenario, la Iglesia Católica emerge como un pilar de consuelo y esperanza, acompañando a las familias que, día tras día, mantienen vigilias en las afueras de los centros de reclusión, aferrándose a la fe y a la expectativa de la liberación de sus seres queridos.
El presbítero Honegger Molina, párroco de la Anunciación del Señor en el este de Caracas, es una de las voces y presencias más activas en esta labor pastoral. Su compromiso lo ha llevado a visitar algunas de las prisiones más señaladas del país, como El Rodeo y Tocorón, instituciones que activistas y exdetenidos han denunciado reiteradamente como focos de vulneración de derechos humanos y presuntos centros de tortura dentro del sistema penitenciario venezolano.
En un testimonio concedido a ACI Prensa, el padre Molina subraya la profunda resiliencia de estas familias: “Sin la fe, sin la esperanza y sin la confianza en Dios sería imposible transitar en estos días y seguir de pie”. Lo que más impacta al sacerdote es la ausencia de odio o rencor en el corazón de estas personas, a pesar del inmenso sufrimiento que padecen. Su fuerza, asegura, radica en una espiritualidad inquebrantable, con muchas familias dedicadas a rezar el Rosario sin descanso, incluso en las condiciones más adversas.
La dureza de la espera se ha cobrado un alto precio. Carmen Dávila, una mujer de 90 años que incansablemente luchó por la libertad de su hijo, el médico Jorge Yéspica, falleció apenas unas horas después de su excarcelación, ocurrida el 20 de enero. Su partida simboliza el agotamiento y el dolor que marca la vida de estos familiares. Otro caso desgarrador es el de Yarelis Salas, de 38 años, quien murió a las puertas de la cárcel de Tocorón, víctima de un presunto infarto, mientras esperaba la liberación de su hijo Kevin Orozco, de 22 años, detenido tras las protestas posteriores a las elecciones del 28 de julio de 2024. Estos trágicos desenlaces subrayan la urgencia y el drama humano detrás de las estadísticas.
Una de las mayores dificultades que enfrentan los familiares de presos políticos en Venezuela es la completa indefensión judicial. “No tienen a quién acudir. El Estado venezolano no les da apoyo ni seguridad jurídica o legal. Eso no existe”, explica el padre Molina. Los procesos judiciales se dilatan interminablemente, los casos pasan de una instancia a otra sin avances, y los detenidos son trasladados entre diferentes cárceles sin previo aviso, exacerbando la incertidumbre y la angustia de sus allegados.
Las visitas a las prisiones están teñidas de humillación y vejación. El sacerdote describe los rigurosos y denigrantes procesos de requisa y revisión personal que deben soportar tanto hombres como mujeres para poder ver a sus seres queridos, una afrenta a la dignidad humana. A menudo, los alimentos que con tanto esfuerzo preparan los familiares nunca llegan a los reclusos. Esta cadena de sufrimientos, aunada a la constante incertidumbre sobre el destino de los detenidos —si serán liberados o cuántos años de condena deberán cumplir—, impone una carga emocional casi insoportable.
En un gesto que el gobierno presentó como una iniciativa para la reconciliación nacional, se anunciaron liberaciones de presos políticos. Sin embargo, la implementación de estas medidas ha sido lenta y gradual, dejando a cientos de familias en un limbo de esperanza y frustración. La realidad contrasta fuertemente con las expectativas generadas, manteniendo el dolor y la incertidumbre en el centro de la experiencia de estas comunidades.
A pesar de la extenuante situación, el padre Molina percibe una fuerza espiritual admirable en estas personas. “Dios se descubre en la mirada esperanzada de esta gente. Ellos son reflejo del Dios sufriente, del Dios que carga con la cruz camino al Calvario, del Dios que abraza el dolor de la humanidad en su propio cuerpo”, reflexiona. Su fe les permite enfrentar noches enteras a la intemperie, bajo el sol y la lluvia, muchas veces sin alimento, con cuerpos debilitados pero un espíritu fortalecido por la esperanza.
La Iglesia venezolana, a través de la voz de sus obispos y el trabajo pastoral de sacerdotes como el padre Molina, ha mantenido una postura firme y constante. El episcopado venezolano ha exigido reiteradamente la liberación de quienes considera injustamente presos y ha instado a la sociedad a no resignarse ante la adversidad. El padre Molina enfatiza que, si bien la justicia debe aplicarse a quienes han cometido delitos, la mayoría de estos casos son “públicamente comprobados que están allí solo por expresar su pensamiento”, una situación inaceptable.
El sacerdote reitera el compromiso inquebrantable de la Iglesia: “La Iglesia va a seguir allí”. Aunque reconoce la necesidad de una mayor participación de los laicos católicos, destaca la presencia de religiosas que oran y distribuyen alimentos, así como de pastores y fieles cristianos evangélicos que también brindan apoyo. La gratitud de las familias por este acompañamiento es inmensa, y la llamada a aumentar esta presencia solidaria resuena con fuerza, buscando aliviar la pesada cruz que, con esperanza, estas familias cargan en la búsqueda de justicia y libertad en Venezuela.






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