Una ola de inquietud y una atmósfera de tensa calma envuelven la ciudad predominantemente cristiana de Al-Suqaylabiyah, ubicada en la campiña de Hama, Siria, tras un ataque perpetrado por grupos armados el viernes 27 de marzo de 2025. El incidente dejó un rastro de destrucción en propiedades públicas y privadas, y avivó temores sobre la creciente inseguridad y las tensiones sectarias en la región.
Imágenes y testimonios de residentes revelaron la magnitud de los actos vandálicos y saqueos. Vehículos, establecimientos comerciales, cafeterías y otros bienes fueron blanco de la agresión, mientras los atacantes proferían consignas amenazantes e insultos. La violencia de ese día no fue un evento aislado; fuentes locales confirmaron que un intento de agresión similar fue frustrado al día siguiente por las fuerzas de seguridad, lo que profundizó la preocupación entre los habitantes de Al-Suqaylabiyah ante la posibilidad de futuros ataques.
La respuesta de la ciudadanía no se hizo esperar. Un grupo de residentes organizó una sentada de protesta, manifestando una serie de demandas contundentes. Entre ellas, destacaba el rechazo explícito a la formación de un “ejército de un solo color”, una referencia a fuerzas de seguridad percibidas como dominadas por un único grupo religioso o étnico, lo que genera desconfianza y polarización. Los manifestantes también exigieron una compensación justa por los daños sufridos y la rendición de cuentas de los responsables, señalando incluso a miembros de la Seguridad General por su presunta participación o inacción durante el ataque.
Asimismo, la comunidad expresó su enérgico rechazo a la proliferación incontrolada de armas en la región y a cualquier manifestación de sectarismo, subrayando que las libertades públicas y privadas constituyen una “línea roja” que no debe ser transgredida. En un gesto de descontento hacia la cobertura informativa, mostraron carteles contra los “medios falsos” y se negaron a conceder entrevistas a la prensa estatal, evidenciando una profunda frustración con la narrativa oficial que, según ellos, intentaba minimizar el incidente como una mera disputa individual.
En el ámbito eclesial, las reacciones fueron inmediatas y firmes. El Patriarcado Greco-Melquita Católico de Antioquía y de Todo Oriente, en un pronunciamiento conjunto con la mayoría de las Iglesias en Siria, anunció que las celebraciones de Pascua de ese año se limitarían a oraciones dentro de los templos, una decisión tomada en consideración de las “actuales circunstancias desalentadoras” que atraviesa el país.
Paralelamente, el Patriarcado Greco-Ortodoxo de Antioquía y de Todo Oriente emitió una enérgica condena. La institución religiosa afirmó categóricamente que los incidentes contra la comunidad cristiana no pueden ser interpretados como “hechos individuales”, sino que reflejan una preocupante tendencia que fomenta el sectarismo y amenaza la cohesión social. El patriarcado solicitó una investigación oficial exhaustiva, la identificación y rendición de cuentas de todos los responsables, y una compensación adecuada para los afectados. Subrayó, además, que la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos recae de forma exclusiva en el Estado y sus instituciones, enfatizando la imperiosa necesidad de controlar la proliferación de armas fuera de la autoridad estatal. En su comunicado, también resaltó la vital importancia de preservar el concepto de ciudadanía plena e integrada para todos los componentes de la sociedad siria, trascendiendo cualquier lógica basada en mayorías y minorías.
Por su parte, la Arquidiócesis Greco-Ortodoxa de Hama describió los sucesos como un ataque perpetrado por “grupos fuera de la ley”. En su llamado a la acción, exigió la implementación de medidas legales estrictas, incluyendo la conformación de una comisión judicial investigadora para esclarecer los hechos, la rendición de cuentas no solo de los implicados directos sino también de aquellos funcionarios que hubieran fallado en el cumplimiento de sus deberes. La arquidiócesis también abogó por la aplicación de leyes que limiten la posesión de armas exclusivamente al Estado y por la garantía de igualdad de derechos y responsabilidades para todos los ciudadanos sirios.
Este incidente en Al-Suqaylabiyah se enmarca en un contexto de persistente violencia y fragilidad humanitaria en Siria. Un informe de las Naciones Unidas publicado en julio de 2025 reveló que más de 1.700 personas habían perdido la vida y cerca de 200.000 habían sido desplazadas durante una sola semana de violencia en el sur del país, afectando predominantemente a civiles drusos. El informe advirtió sobre la extrema vulnerabilidad de la situación humanitaria y documentó diversas violaciones que, por su naturaleza y alcance, podrían ser consideradas crímenes de guerra o de lesa humanidad.
La sucesión de estos eventos subraya la urgencia de abordar las raíces de la violencia sectaria y la necesidad de restaurar un marco de seguridad y justicia que proteja a todas las comunidades en Siria, garantizando la paz y la convivencia en una nación azotada por años de conflicto.
