**Lima, Perú** – El sacerdote Marco Agüero, adscrito a la Arquidiócesis de Lima, ha recuperado su libertad después de que el Poder Judicial peruano desestimara la solicitud de prisión preventiva en su contra. Agüero enfrenta graves acusaciones por presuntos “tocamientos indebidos” que, según la Fiscalía, habrían afectado a tres menores de edad y dos mujeres adultas. La decisión judicial ha sido inmediatamente apelada por el Ministerio Público, que busca asegurar la detención cautelar del religioso mientras avanza la investigación.
La liberación del padre Agüero se concretó la noche del día anterior, tras varios días de detención en la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del distrito limeño de San Borja. Agüero abandonó las instalaciones policiales acompañado por un grupo de personas, absteniéndose de ofrecer declaraciones a la prensa que aguardaba en el lugar, según reportes de RPP. Su salida se produce luego de que un juzgado rechazara la petición de nueve meses de prisión preventiva solicitada por la Quinta Fiscalía Especializada de Lima Centro.
La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional en el sistema judicial peruano, que se impone cuando existen fundados y graves elementos de convicción que vinculan al imputado con un delito, un pronóstico de pena elevada, y un peligro procesal, como riesgo de fuga u obstaculización de la justicia. Su denegación en este caso implica que la autoridad judicial no consideró que se cumplieran todos los requisitos para mantener al sacerdote tras las rejas durante el proceso de investigación, aunque no exime al imputado de la responsabilidad penal en caso de ser hallado culpable.
Sin embargo, la Fiscalía ha manifestado su firme desacuerdo con esta resolución. El 13 de marzo, el Ministerio Público anunció a través de su cuenta oficial en la plataforma X que había interpuesto un recurso de apelación. En su comunicado, la entidad reiteró que las acusaciones contra Agüero se basan en el delito de “tocamientos indebidos” en perjuicio de “tres menores de edad y dos adultas en San Borja”, lo que subraya la gravedad y la pluralidad de las presuntas víctimas en la perspectiva fiscal. Esta apelación buscará revertir la decisión en una instancia judicial superior, con la esperanza de que se ordene la detención preventiva del sacerdote.
El caso ha generado un profundo impacto tanto en la sociedad como en la comunidad eclesiástica, dada la naturaleza de los cargos y el contexto en el que, según los denunciantes, habrían ocurrido los hechos. El Arzobispado de Lima, liderado por el Cardenal Carlos Castillo, emitió un comunicado el 6 de marzo anterior, en el que reveló detalles de sus acciones internas. De acuerdo con la arquidiócesis, la denuncia contra el sacerdote Marco Agüero fue recibida el 11 de diciembre de 2025. Inmediatamente después, se inició una investigación canónica interna, un proceso que busca esclarecer los hechos desde la perspectiva de la disciplina eclesiástica y determinar si se han cometido faltas contra el derecho canónico.
Es importante destacar una discrepancia significativa entre el comunicado del Arzobispado y la información proporcionada por la Fiscalía respecto al número y la edad de las víctimas. Mientras el Ministerio Público habla de tres menores y dos adultas, el Arzobispado, en su pronunciamiento, señaló que las acusaciones de presuntos tocamientos se referían a “tres personas, de las cuales, sólo una era menor de edad”. Esta diferencia en los datos es un punto clave que deberá ser dilucidado a lo largo de las investigaciones, tanto en el ámbito civil como en el eclesiástico.
El Arzobispado también precisó que el sacerdote Agüero ejercía como administrador temporal de la parroquia Nuestra Señora de la Alegría, ubicada en San Borja, distrito donde habrían tenido lugar los presuntos “tocamientos no consentidos”. Un detalle particularmente sensible es que estos actos habrían ocurrido en el contexto del sacramento de la confesión, un espacio de especial confianza y vulnerabilidad para los fieles. La utilización de un contexto religioso tan íntimo para cometer estos delitos agrava significativamente las acusaciones y refuerza la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente.
Como parte de las medidas internas, el comunicado del Arzobispado indicó que el 26 de diciembre de 2025, el Cardenal Carlos Castillo impuso al padre Agüero un “remedio penal con carácter formal”. Aunque el comunicado no especificó en qué consiste esta medida disciplinaria, en el derecho canónico, un remedio penal puede implicar diversas acciones como la prohibición de ejercer el ministerio sacerdotal públicamente, la suspensión de funciones, la reclusión en un centro de penitencia o la obligación de someterse a terapias y acompañamiento espiritual. La falta de detalle público sobre este “remedio penal” mantiene la expectativa sobre las acciones concretas tomadas por la Iglesia.
El proceso legal que enfrenta Marco Agüero continuará en los tribunales peruanos, con la apelación de la Fiscalía como el siguiente paso crucial. Paralelamente, la investigación canónica interna de la Arquidiócesis de Lima seguirá su curso, operando bajo un marco normativo y con fines distintos a los de la justicia civil, pero con la responsabilidad de abordar las acusaciones dentro de la institución eclesiástica. Este caso pone de manifiesto la compleja interacción entre la justicia civil y la justicia canónica, y la creciente demanda de transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones religiosas frente a denuncias de esta índole.
