En medio de una escalada de violencia que ha sacudido con particular crudeza al estado de Chiapas, en el sur de México, el Obispo de San Cristóbal de las Casas, monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, ha levantado la voz para exigir a las autoridades una estrategia efectiva que logre frenar el avance del crimen organizado y la impunidad que lo acompaña. Su llamado se produce tras una serie de incidentes recientes que dejaron un saldo de homicidios, heridos y desapariciones, evidenciando la vulnerabilidad de las comunidades ante la inoperancia estatal.
El 27 de abril, en un comunicado oficial, el prelado expresó su profunda cercanía y solidaridad con las poblaciones de Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza, municipios directamente afectados por la reciente ola de agresiones. “La situación de violencia que han vivido en los últimos días ha sido devastadora, y nos unimos al dolor de las familias que lamentablemente han perdido a un ser querido”, manifestó monseñor Aguilar Martínez, subrayando la dimensión humana de la tragedia.
Los hechos que motivaron esta condena eclesiástica fueron detallados por Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del estado. Según su reporte en un video, un grupo armado irrumpió en Nicolás Ruiz a bordo de vehículos, perpetrando un ataque directo contra sus habitantes. Poco después, otra caravana de individuos armados agredió a la población de Venustiano Carranza. En ambos escenarios, la respuesta de los habitantes fue la autodefensa, una medida desesperada ante la ausencia de protección estatal. El balance preliminar de la fiscalía indicó cuatro personas fallecidas, ocho lesionadas y dos hombres desaparecidos, aunque las investigaciones continúan abiertas ante la posibilidad de hallar más víctimas o revelar una situación de mayor magnitud.
Frente a este panorama de descontrol y sufrimiento, monseñor Aguilar Martínez no dudó en señalar la raíz del problema. “Estos hechos violentos ocurridos contra la comunidad de Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza evidencian que desde el gobierno no se cuenta con una verdadera estrategia para combatir al crimen organizado y a los grupos delictivos”, afirmó con contundencia. La crítica del obispo resalta una percepción generalizada de abandono y desprotección en la región, donde la presencia del Estado parece diluirse ante el poderío de las redes criminales.
El prelado también desvirtuó el discurso oficial que proclama un Chiapas libre de la acción delictiva, contrastándolo con la dura realidad en el terreno. “A pesar del discurso de las autoridades de que en Chiapas no se iba a tolerar a los grupos del crimen, se ha constatado que estas organizaciones siguen operando y controlando los territorios de nuestro estado en completa impunidad, generando amenaza, persecución, desapariciones y muerte”, sentenció el obispo. Sus palabras reflejan una profunda frustración ante la brecha entre las promesas gubernamentales y la escalada de violencia en Chiapas.
Desde septiembre de 2023, los obispos de Chiapas –que incluyen la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas y la Diócesis de Tapachula– han emitido reiteradas advertencias sobre la creciente infiltración y consolidación de organizaciones criminales en toda la región. Estas alarmas no solo se refieren a la violencia directa, sino también a sus devastadoras consecuencias indirectas, como el desplazamiento forzado de comunidades enteras que huyen de la amenaza constante, incluido el reclutamiento coercitivo de jóvenes y adultos por parte de los grupos delictivos. La entidad, con su ubicación estratégica en la frontera sur de México, se ha convertido en un corredor vital para el tráfico de personas, drogas y armas, exacerbando la disputa territorial entre facciones criminales.
La situación en Chiapas no es un problema aislado; es un síntoma de una crisis de seguridad más amplia que afecta a varias zonas de México. Sin embargo, la particularidad de Chiapas, con su riqueza cultural y biodiversidad, así como la vulnerabilidad de sus poblaciones indígenas, añade una capa de complejidad y urgencia a la crisis. La falta de respuesta gubernamental efectiva no solo pone en riesgo la vida de los ciudadanos, sino que también desintegra el tejido social y la confianza en las instituciones. Las comunidades se ven forzadas a elegir entre el exilio, la sumisión o la autodefensa, opciones que ninguna sociedad debería enfrentar.
Ante esta situación crítica, monseñor Aguilar Martínez ha exigido acciones concretas, más allá de los pronunciamientos y las cifras preliminares. Ha pedido que se “implemente una verdadera estrategia de paz que garantice la seguridad, justicia e integridad de cada una de las personas de nuestro estado”. Esta estrategia, según el obispo, debe ir más allá de la mera contención y abordar las causas estructurales de la violencia, incluyendo la pobreza, la desigualdad y la corrupción.
Finalmente, el obispo hizo un llamado urgente a las autoridades para que realicen una “investigación pronta y diligente de los hechos ocurridos” en Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza. Además, demandó la “reparación de todo el daño que se ha causado” a las víctimas y a sus familias, así como la aparición con vida de los desaparecidos. La Iglesia, a través de sus pastores, continúa alzando su voz como defensora de los derechos humanos y promotora de la paz, buscando ser un faro de esperanza en un estado sumido en la oscuridad de la violencia y la impunidad. La sociedad civil espera ahora una respuesta contundente que trascienda las palabras y se traduzca en hechos concretos para restaurar la seguridad y la dignidad en Chiapas.
