Bogotá, Colombia – El Ministerio de Salud de Colombia ha emitido una resolución que amplía significativamente el acceso a la eutanasia, incluyendo ahora a personas con enfermedades no terminales y, en ciertos casos, a menores de edad. Este anuncio, formalizado en la resolución 0813-2026 con fecha del 28 de abril, ha desatado una ola de indignación entre legisladores y movimientos provida, quienes califican la medida como una “derrota moral de la nación” y una “aberración”.
La decisión del gobierno se inscribe en un complejo marco legal en Colombia, donde, a pesar de no existir una ley específica sobre la eutanasia, su aplicación ha sido regulada de manera progresiva por distintas administraciones, apoyándose en los pronunciamientos de la Corte Constitucional. Fue este alto tribunal el que despenalizó la práctica de la eutanasia por primera vez en 1997, abriendo la puerta a su desarrollo regulatorio.
La reciente normativa, publicada por el Ministerio de Salud, establece que la eutanasia podrá ser solicitada por individuos que padezcan una “enfermedad grave e incurable”. Esta categoría se extiende explícitamente para abarcar aquellas condiciones cuyo origen sea una “enfermedad o trastorno mental”, así como “lesiones corporales” que resulten en la “pérdida de uno o varios sistemas orgánicos debido a una causa externa”. La inclusión de trastornos mentales y condiciones no terminales representa un cambio drástico respecto a las regulaciones previas, que solían enfocarse en el sufrimiento insoportable de pacientes con pronóstico de vida limitado.
Uno de los puntos más polémicos de la resolución es la autorización para que menores de edad puedan acceder a la eutanasia. La norma permite que jóvenes a partir de los 12 años soliciten el procedimiento. Sin embargo, en un punto que ha generado particular controversia, la resolución habilita la posibilidad para niños entre 6 y 12 años, siempre y cuando “alcancen un desarrollo neurocognitivo y psicológico excepcional, que les permita tomar una decisión libre, voluntaria, informada e inequívoca en el ámbito médico y su concepto de muerte alcance el nivel esperado para un niño o niña de 12 años o más”. Esta condición ha sido fuertemente cuestionada por su ambigüedad y la dificultad de establecer criterios objetivos para su cumplimiento.
Las reacciones no se hicieron esperar. El senador Mauricio Giraldo y el representante Luis Miguel López, ambos reconocidos por su postura provida, expresaron enérgicamente su rechazo a la resolución a través de sus plataformas en redes sociales. El senador Giraldo calificó la medida como una “aberración” y criticó duramente al gobierno de Gustavo Petro por autodenominarse “gobierno de la vida” mientras “acaba de sacar una resolución para permitir matar niños”.
En sus declaraciones, Giraldo enfatizó la gravedad de la situación, afirmando que la normativa pone en riesgo la vida de los más vulnerables, incluyendo a personas con discapacidades y pacientes con trastornos mentales. “Esto realmente es una aberración. Le están diciendo que el Estado sabe más que una madre, sabe más que el cuidado de un padre”, manifestó el senador. También prometió que su bancada continuará la lucha en los tribunales, en las calles y en el Congreso. “El gobierno Petro está decidiendo quién vive y quién muere (…). Esta batalla la seguiremos dando”, sentenció Giraldo.
Por su parte, el legislador Luis Miguel López advirtió que el gobierno está “destruyendo” la vida de los colombianos al imponer por decreto lo que no ha logrado aprobar en el Congreso. “Abrir la puerta a la eutanasia sin enfermedad terminal no es un cambio menor. Son decisiones que antes parecían impensables… y hoy se están tomando por decreto”, afirmó López. El representante hizo un llamado a la reflexión sobre el futuro del país, enfatizando que “el aborto y la eutanasia no son progreso, ni la ideología de género. Son la derrota moral de una nación”.
López también se refirió al próximo ciclo electoral presidencial, instando a la ciudadanía, especialmente a “los católicos, los cristianos y los que creemos en Dios”, a votar por un “presidente y vicepresidente provida que derogue estas normas de muerte”. Según el representante, de no hacerlo, Colombia “caerá en un abismo aún peor del que ya estamos viviendo”.
Esta nueva reglamentación de la eutanasia abre un profundo debate social y bioético en Colombia, confrontando el derecho a una muerte digna con la protección de la vida desde sus etapas más tempranas y en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en el contexto de enfermedades mentales o no terminales. La polémica promete intensificarse en las próximas semanas, con movilizaciones y acciones legales ya anunciadas por los sectores provida en el país.
