Un tribunal nigeriano ha sentenciado a la pena de muerte a cuatro individuos, declarados culpables de la atroz masacre de Pentecostés que conmocionó al país el 5 de junio de 2022. El ataque, perpetrado en la parroquia de San Francisco Javier en Owo, estado de Ondo, cobró la vida de al menos 40 personas, incluyendo varios niños, y dejó un centenar de heridos. Los condenados irrumpieron en el templo durante la misa dominical, disparando indiscriminadamente y detonando explosivos contra los feligreses.
Este brutal asalto sembró el terror en la comunidad católica y generó una ola de consternación en toda Nigeria y a nivel internacional. La parroquia, epicentro de la tragedia, permaneció clausurada durante meses para su rehabilitación y para ofrecer apoyo y tratamiento a los sobrevivientes, reabriendo finalmente sus puertas en abril de 2023.
Cinco años después del devastador suceso, Monseñor Jude Arogundade, obispo de la diócesis local, ha reflexionado sobre el profundo dolor y las cicatrices que dejó el ataque. Al referirse a la sentencia judicial, el prelado compartió sus sentimientos con el diario nigeriano The Guardian: “La gente dirá que al menos se hizo justicia, que se hizo justicia en cierta medida. Pero, al mismo tiempo, eso no devuelve la vida a las 41 personas que fueron brutalmente asesinadas ese día”.
El obispo subrayó que, si bien la ley ha seguido su curso en el país, la comunidad enfrenta la tarea pendiente de “seguir curando las heridas de quienes quedaron marcados por ese ataque”. Arogundade enfatizó el respeto por el marco legal nigeriano, añadiendo: “Somos un país, y el país se rige por su constitución y sus leyes, y estas deben respetarse. Sobre eso, no tenemos nada más que añadir”.
Este veredicto se emite en un contexto donde la Iglesia Católica ha reforzado consistentemente su postura contra la pena capital. En 2018, el entonces Pontífice, Francisco, autorizó una modificación al artículo 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica, declarando la aplicación de la pena de muerte como “inadmisible” en cualquier caso y abogando firmemente por su abolición global.
Recientemente, en abril de este año, el actual Pontífice, Papa León, reafirmó esta enseñanza, destacando que “solo cuando una sociedad salvaguarda la santidad de la vida humana podrá florecer y prosperar”. León subraya así la centralidad de la dignidad y el valor intrínseco de cada vida humana en la visión eclesial, invitando a las naciones a buscar métodos de justicia que no impliquen la eliminación de la vida.
Los condenados a la pena capital han sido identificados como Idris Abdul Malik Omeiza (25), Al Qasim Idris (20), Jamiu Abdul Malik (26) y Abdul Haleem Idris (25). Un quinto acusado, Momoh Otuho Abubakar, fue absuelto por insuficiencia de pruebas que vincularan su participación en los crímenes. Según informes de la agencia EFE, el tribunal los halló culpables de un total de nueve cargos, que incluyen conspiración para cometer un acto terrorista, secuestro, toma de rehenes y homicidio, además de su pertenencia al grupo terrorista Al Shabab.
El juez Emeka Nwite, del Tribunal Federal Superior de Abuya, capital nigeriana, declaró que la fiscalía “ha demostrado con éxito, más allá de toda duda razonable, los nueve cargos contra los acusados primero, segundo, tercero y cuarto”, refiriéndose a los cuatro hombres sentenciados a muerte.
A pesar de la severidad del veredicto, la aplicación efectiva de la pena capital en Nigeria es infrecuente. La ejecución de una condena requiere la aprobación explícita de los gobernadores estatales, quienes a menudo optan por no concederla, influenciados por diversas consideraciones éticas y políticas. La última ejecución registrada en el país data de 2016, y para 2023, más de 3000 presos aguardaban en el corredor de la muerte.
Lucky Aiyedatiwa, gobernador del estado de Ondo, elogió la decisión judicial, calificándola de “una victoria para nuestro estado y justicia para las víctimas y sus familias”, reflejando el sentir de muchos que esperaban un castigo por el brutal ataque.
Sin embargo, el equipo legal de los condenados ha anunciado de inmediato su intención de apelar la sentencia del tribunal, un derecho fundamental en el sistema judicial nigeriano. Durante el proceso, según reportes de la BBC, los acusados alegaron haber sufrido malos tratos por parte de las autoridades, un punto que probablemente será parte de su argumentación en la apelación.
