La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) ha alzado su voz en un momento crucial para la estabilidad democrática del país, exhortando a la ciudadanía y a los líderes políticos a acatar la voluntad popular manifestada en las urnas. En el mensaje final de su 121° Asamblea Plenaria, los obispos colombianos enfatizaron que el respeto y la aceptación de los resultados de las elecciones del pasado 21 de junio, que declararon a Abelardo de la Espriella como presidente electo, son una señal inequívoca y esencial para la paz en la nación.
La declaración de la CEC se produce en un contexto de profunda división y tensión política, exacerbada por las denuncias de presunto fraude electoral formuladas por el presidente saliente, Gustavo Petro. Los obispos recordaron que el proceso electoral se caracterizó por una amplia y serena concurrencia ciudadana, un hecho que calificaron como una evidencia palpable de la solidez democrática de Colombia y del valor intrínseco de sus instituciones. Esta participación, lejos de ser un mero trámite, se erigió como un verdadero ejercicio de soberanía popular, consolidando la confianza en el sistema.
“Para los obispos, el acatamiento y la aceptación del veredicto popular de las urnas constituyen requisitos indispensables y un claro indicio para la edificación de la paz”, señala el comunicado emitido el 9 de julio. Esta afirmación subraya la convicción de la Iglesia de que la legitimidad de los procesos democráticos es el cimiento sobre el cual se construye la concordia social y la estabilidad política. Ignorar o desconocer dichos resultados no solo socava la fe pública en la democracia, sino que también abre la puerta a la ingobernabilidad y el conflicto.
La preocupación del episcopado se intensifica ante la persistencia de llamados a la polarización y la discordia tras la contienda electoral. Los prelados lamentaron que continúen proliferando discursos y actitudes agresivas que, según ellos, “no solo lesionan el tejido social, sino que propician un agotamiento generalizado, una inestabilidad emocional y la escalada de la violencia”. Esta observación refleja un profundo conocimiento de la historia colombiana, marcada por ciclos de violencia y polarización, y busca evitar una repetición de escenarios pasados. La Iglesia, históricamente mediadora en conflictos nacionales, advierte sobre los peligros de una retórica incendiaria que erosiona la confianza y dificulta el camino hacia la reconciliación.
En su mensaje, los obispos hicieron un llamado explícito a que la pluralidad de ideas no se erija como un impedimento para forjar una genuina “cultura del encuentro”. Esta cultura, arraigada en el diálogo y el respeto mutuo, es fundamental para superar las fracturas sociales y construir un futuro compartido. La diversidad de pensamiento, lejos de ser un obstáculo, debería ser un motor para el enriquecimiento del debate público y la búsqueda de soluciones integradoras.
Dirigiéndose a los gobernantes, la Conferencia Episcopal instó a asumir plenamente su deber constitucional de salvaguardar y promover la unidad nacional. Este llamado incluye la imperativa tarea de procurar el bien común fundamentado en la verdad y la justicia, y de concebir una visión de nación que sea verdaderamente inclusiva para todos sus ciudadanos. Es esencial, señalaron, valorar los logros alcanzados y el legado heredado como una tarea continua que no puede ser ignorada o desmantelada arbitrariamente. Un proyecto de nación debe ser un esfuerzo colectivo que trascienda los periodos electorales y las administraciones de turno.
La postura de la Iglesia católica, a menudo articulada por el Sumo Pontífice, incluido el Papa León XIV, subraya la primacía del diálogo y el respeto mutuo en la vida pública. La insistencia en la primacía del bien común, la importancia del diálogo y el respeto por las instituciones democráticas son pilares fundamentales del magisterio, una visión que el Papa León ha reafirmado en numerosas ocasiones, instando a los líderes y ciudadanos a buscar la unidad y la justicia en sus sociedades. Este llamado de los obispos colombianos se alinea así con la voz universal de la Iglesia, que, bajo el liderazgo de León, aboga por la cohesión social y la resolución pacífica de los conflictos.
El pronunciamiento de los obispos adquiere particular relevancia en medio de la grave crisis política desencadenada por la decisión del presidente Gustavo Petro. El 6 de julio, el mandatario desconoció públicamente los resultados de la segunda vuelta electoral, argumentando la existencia de un “fraude cibernético” y afirmando que el verdadero vencedor había sido su candidato, Iván Cepeda. Estas acusaciones, aunque contundentes, no fueron acompañadas de pruebas concluyentes que respaldaran la magnitud de sus afirmaciones.
La respuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, no se hizo esperar. Ante la inusitada situación, De la Espriella anunció la suspensión de la asistencia de su equipo al proceso de empalme. Este proceso, crucial para la transferencia ordenada de información y la continuidad administrativa entre el gobierno saliente y la nueva administración que asumirá la conducción de Colombia el 7 de agosto, ha quedado en un limbo, lo que genera incertidumbre sobre la transición de poder. La interrupción de este mecanismo vital representa un serio obstáculo para la gobernabilidad y podría afectar la estabilidad institucional.
Cabe recordar que el Consejo Nacional Electoral (CNE), la máxima autoridad encargada de validar los resultados electorales en Colombia, había proclamado oficialmente a De la Espriella como el ganador de la segunda vuelta presidencial el 25 de junio. La decisión del CNE, tras un riguroso proceso de verificación, confiere plena legalidad y legitimidad a la victoria de De la Espriella. Las acusaciones posteriores de fraude, sin un respaldo institucional o judicial robusto, minan la credibilidad del sistema y generan un clima de desconfianza.
En este delicado escenario, la voz de la Conferencia Episcopal de Colombia se erige como un recordatorio de los valores fundamentales de la democracia y la convivencia pacífica. Su llamado a la serenidad, al respeto por las instituciones y a la aceptación de la voluntad popular es un baluarte moral que busca encauzar el debate político hacia senderos de civilidad y reconciliación, indispensables para la construcción de una nación unida y próspera. La estabilidad de Colombia, un actor clave en la región, depende en gran medida de cómo sus líderes y ciudadanos afronten este desafío democrático.
