La Diócesis de Rockville Centre, en Nueva York, junto a cuatro comunidades de religiosas, ha presentado una demanda formal contra el fiscal general y el comisionado de salud del estado, impugnando una nueva ley que legaliza el suicidio asistido por un médico. Los demandantes alegan que esta legislación los obligaría a participar o facilitar un proceso que contraviene directamente sus profundas convicciones religiosas.
La acción legal surge tras la firma, en febrero, de un proyecto de ley por parte de la gobernadora demócrata Kathy Hochul, que legaliza el suicidio asistido por un médico. La normativa entrará en vigor el próximo mes de agosto. Aunque la ley contempla ciertas exenciones, estas son descritas como limitadas y, según la demanda, imponen requisitos adicionales y gravosos tanto a la diócesis como a las comunidades religiosas involucradas.
Las instituciones demandantes, que incluyen a las Hermanas Carmelitas para Ancianos y Enfermos, las Hermanas Dominicas de Hawthorne, las Hermanas Misioneras de San Benito y las Hermanitas de los Pobres, brindan atención esencial a personas mayores y a enfermos terminales. Todas ellas sostienen que su fe católica les prohíbe explícitamente participar, de cualquier manera, en el proceso del suicidio asistido.
Monseñor John O. Barres, obispo de Rockville Centre, emitió una declaración contundente a través de sus abogados del Fondo Becket: “Jamás nos someteremos a la cultura de la muerte de Nueva York”. El prelado enfatizó que el suicidio asistido representa “una grave falta moral que expone a ancianos, personas con discapacidad y aquellos que sufren enfermedades mentales y emocionales a un riesgo significativo de abuso y manipulación”. En su comunicado, el obispo añadió: “Cristo, el Divino Médico, nos llama a acompañar con compasión a los enfermos y moribundos, no a abandonarlos a la muerte. El tribunal debe proteger esta misión milenaria”.
La Fiscalía General de Nueva York y el Departamento de Salud no han respondido aún a las solicitudes de comentarios sobre la demanda.
**Implicaciones y requisitos de la nueva ley**
Aunque más de una docena de estados en Estados Unidos han legalizado el suicidio asistido por un médico en las últimas dos décadas, la política de exclusión voluntaria de Nueva York se destaca por ser “una de las más restrictivas del país”, según se argumenta en la demanda. Esta particularidad afecta de forma diferenciada a diversas comunidades religiosas.
Mientras que la mayoría de los centros administrados por católicos podrían cumplir con los requisitos para acceder a las limitadas excepciones, la ley les impone la obligación de continuar ofreciendo asesoramiento a pacientes terminales. Esto implica explicar las diversas opciones de cuidados al final de la vida, junto con sus riesgos y beneficios, o bien derivar a los pacientes a un profesional que sí lo haga.
La controversia radica en que, según la demanda, esta disposición ahora incluirá la “opción” del suicidio asistido. Esto significa que enfermeros o médicos católicos se verían forzados a “asesorar a los pacientes terminales sobre la disponibilidad y los beneficios de (esta práctica), o bien ayudarlos a encontrar un profesional dispuesto a brindarlo”.
Además, la ley exige que los profesionales médicos amparados por las excepciones colaboren en la determinación de si los pacientes cumplen con los requisitos para el suicidio asistido, incluso si esto implica derivarlos a evaluaciones de salud mental. Asimismo, los centros con exención, si se niegan a participar directamente en el suicidio, deben remitir al paciente a una instalación que sí lo administre.
La demanda también subraya otras estipulaciones problemáticas. Los proveedores médicos, por ejemplo, deben firmar certificados de defunción que indiquen que el paciente falleció a causa de su enfermedad subyacente, y no como resultado de los fármacos letales. La legislación prohíbe, además, que los centros tomen medidas disciplinarias contra empleados que actúen conforme a la ley de suicidio asistido de Nueva York, incluso si la institución lo prohíbe expresamente.
Un caso particularmente complejo es el de las Hermanas Misioneras de San Benito, cuya institución no está cubierta por las exenciones. Esto significa que, bajo la nueva ley, tendrían que permitir en sus propias instalaciones la prescripción y administración de los fármacos utilizados para el suicidio.
Adele Keim, abogada principal del Fondo Becket, explicó a EWTN News que la ley prácticamente obliga a todos los centros “a acompañar a los pacientes durante todo el proceso” y a “permitir que dicho proceso, sumamente complejo, se lleve a cabo en sus instalaciones”. Keim fue enfática al afirmar que los demandantes “no harán eso”, ya que viola sus creencias religiosas fundamentales.
**Objeciones amparadas en la Primera Enmienda**
Keim destacó que las religiosas católicas han brindado cuidados paliativos a los neoyorquinos por más de un siglo, ofreciendo un “acompañamiento personal que, según la doctrina católica, se basa en el ejemplo de María al pie de la cruz mientras Jesús moría”. Argumentó que esta es la vocación a la que se sienten llamadas, “dando testimonio de la respuesta distintivamente católica al sufrimiento que experimentan las personas en sus últimos días”.
La hermana Justyna Owsiejko, de las Hermanas Misioneras de San Benito, compartió a través de Becket su testimonio: “Somos monjas sencillas cuya misión es servir a Dios, y lo hacemos ofreciendo a los ancianos un hogar donde vivir sus últimos días en paz, tranquilidad y comodidad, cuidados por hermanas que ven el rostro de Cristo en cada persona a la que sirven”. Lamentó que “Nueva York intenta obligarnos a abandonar nuestra vocación y a ayudar a nuestros residentes a suicidarse”, una acción que juró que “jamás haremos”.
De manera similar, la Madre Alice Marie Monica, de las Hermanitas de los Pobres, afirmó en un comunicado que su congregación ha “servido a Dios acogiendo a ancianos pobres y moribundos en nuestros hogares durante casi 200 años”. Subrayó que su vocación es “proteger y cuidar a los ancianos necesitados, no incitarlos al suicidio”, prometiendo mantenerse “fieles a esa misión, cueste lo que cueste”.
La demanda argumenta que al obligar a las instituciones católicas a participar en el suicidio asistido por un médico, la ley infringe su derecho a la libertad religiosa, garantizado por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La Iglesia Católica enseña que la vida humana debe ser protegida y valorada desde la concepción hasta la muerte natural, rechazando tanto el aborto como la eutanasia o el suicidio asistido.
Adicionalmente, el recurso legal sostiene que la normativa también vulnera su libertad de expresión, al forzarlas a aconsejar a sus pacientes sobre el suicidio asistido, incluso en contra de su conciencia. La fe católica de las hermanas, como se describe en la demanda, las impulsa a aceptar la muerte como el final natural de una vida plena, sin prolongarla artificialmente mediante intervenciones desproporcionadas ni acelerarla de forma artificial. El texto concluye que, por encima de todo, su misión es “brindar personalmente una presencia humana y amorosa a cada persona, siendo testigos del final de una vida singularmente bella e irrepetible”.
