Ginebra/Managua – El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha alzado la voz con contundencia para demandar al gobierno de Nicaragua una explicación inmediata sobre el paradero y la condición del obispo Abelardo Mata Guevara. El religioso de 80 años se encuentra en una situación de desaparición forzada desde su detención a finales de junio, un hecho que ha generado una creciente preocupación en la comunidad internacional y entre diversas organizaciones de derechos humanos.
En una declaración emitida el 22 de julio, Türk expresó su profunda inquietud ante los reportes de represión sistemática contra la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas en el país centroamericano. “Me inquietan los informes de represión contra la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas, incluida la ausencia de información oficial sobre el destino, el paradero y el estado del obispo Abelardo Mata Guevara, de 80 años, que fue detenido el 29 de junio”, afirmó el Alto Comisionado, subrayando la gravedad de la situación.
El obispo emérito de Estelí, monseñor Abelardo Mata, fue arrestado en dos ocasiones por la policía nicaragüense, tras oficiar una misa el 28 de junio en la que oró por la Iglesia perseguida en Nicaragua. Desde entonces, su ubicación precisa no ha sido confirmada por las autoridades, a pesar de que el régimen ha sugerido que se encuentra en su domicilio. La falta de transparencia y la ausencia de contacto con el exterior han exacerbado los temores por su bienestar. La avanzada edad del prelado, sumada a problemas de salud preexistentes como diabetes, dificultades visuales y el uso de un marcapasos por una dolencia cardíaca, hacen que la preocupación por su integridad física sea aún mayor. Obispos de Centroamérica y múltiples figuras internacionales han exigido al régimen que se le permita recibir atención médica adecuada y que se esclarezca su situación de manera urgente.
El Alto Comisionado Türk no solo se refirió al caso del obispo Mata, sino que también emitió un llamado enérgico a las autoridades nicaragüenses para que liberen de inmediato a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente. Hizo hincapié en la obligación del Estado de garantizar que todos los detenidos sean tratados con humanidad y dignidad, en estricto cumplimiento de las normativas del derecho internacional de los derechos humanos. “Insto a las autoridades a que liberen de inmediato a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente y a que garanticen que todos los detenidos sean tratados con humanidad y dignidad, de conformidad con las obligaciones de Nicaragua en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”, declaró Türk.
La situación de los derechos humanos en Nicaragua se ve agravada por otros anuncios y acciones del gobierno. Daniel Ortega, en un evento público el 19 de julio conmemorando el 47 aniversario de la revolución sandinista, anunció que no habrá más elecciones en Nicaragua. Esta declaración ha sido catalogada por Naciones Unidas como una seria violación a los principios democráticos fundamentales y a las obligaciones internacionales del país. “Hago un llamamiento a las autoridades para que reabran el espacio cívico y restablezcan el estado de derecho. Se debe permitir que las personas de todas las ideologías políticas voten y se presenten a cargos públicos, en consonancia con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos”, manifestó Türk, instando a la restauración de las garantías democráticas.
La oficina del Alto Comisionado también denunció una serie de medidas represivas adicionales implementadas a principios de este mes. Entre ellas, la revocación de las credenciales de varios abogados sin fundamento legal ni explicación oficial, una acción que socava gravemente el acceso a la justicia y el debido proceso. Este hecho se enmarca en un contexto donde “al menos 46 personas permanecen detenidas arbitrariamente por motivos políticos”, lo que pone en evidencia un patrón de persecución y criminalización de la disidencia.
A esta situación se suma el control hegemónico del partido de gobierno sobre la Asamblea Nacional, los municipios y los consejos regionales, lo que prácticamente anula la separación de poderes y el balance democrático. Además, la oficina de derechos humanos de la ONU señaló que varios territorios indígenas se ven afectados por concesiones mineras y extractivas que han sido otorgadas sin una consulta genuina ni el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, violentando sus derechos territoriales y culturales.
Todas estas acciones, según Türk, “agravan aún más las severas restricciones a las libertades fundamentales, el desmantelamiento del espacio cívico y la constante erosión del estado de derecho” en Nicaragua. La comunidad internacional permanece vigilante ante una crisis que parece profundizarse, con un llamado urgente a las autoridades nicaragüenses para que reviertan las políticas represivas y honren sus compromisos en materia de derechos humanos.
