La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha puesto sobre la mesa la posibilidad de convocar una reunión de emergencia de ministros de Relaciones Exteriores de la región. El objetivo es abordar la alarmante situación en Nicaragua, donde el gobierno del presidente Daniel Ortega ha prometido poner fin a las elecciones y ha intensificado la represión contra la disidencia y, de manera notable, contra la Iglesia Católica. Esta potencial convocatoria subraya la creciente preocupación regional por el deterioro de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el país centroamericano.
Durante una sesión especial celebrada el 5 de agosto de 2026, la Misión Permanente de Estados Unidos ante la OEA presentó un proyecto de resolución crucial. Titulado “Convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación en Nicaragua”, este documento cuenta con el copatrocinio de las misiones permanentes de Argentina, Panamá, Paraguay y Uruguay. La propuesta estadounidense solicita que esta reunión de alto nivel se realice antes del 1 de septiembre, fecha en que el régimen de Ortega tiene previsto implementar y codificar sus más recientes reformas políticas, que buscan consolidar su poder y restringir aún más la participación democrática.
La movida diplomática recurre a uno de los instrumentos de más alto calibre que posee la OEA, señalando que los estados miembros consideran la ruptura política en Nicaragua como una preocupación regional que tiene implicaciones directas para la seguridad y los derechos humanos en el hemisferio. El reciente anuncio del presidente Ortega, que incluye cambios constitucionales estratégicos para impedir el ascenso de figuras de la oposición, ha sido el catalizador principal para que Estados Unidos y Paraguay impulsaran esta reunión extraordinaria. La comunidad internacional observa con inquietud cómo el gobierno nicaragüense desmantela progresivamente los mecanismos democráticos y las garantías civiles.
En el marco de la misma sesión del Consejo Permanente de la OEA, la comisionada Rosa María Payá, relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expuso su profunda preocupación por los continuos abusos contra los derechos humanos de los nicaragüenses. Su informe destacó un patrón sistemático de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y otras violaciones que han llevado a una crisis humanitaria. Desde el estallido del levantamiento social y político en 2018 —cuyo aniversario fue conmemorado por nicaragüenses exiliados en San José, Costa Rica, el 19 de abril de 2026, bajo la consigna “Viva Nicaragua libre, no pueden silenciarnos a todos”—, cerca de 838,363 nicaragüenses se han visto forzados a abandonar su país. Payá advirtió que muchos de estos exiliados enfrentan una creciente represión transnacional, lo que agrava su vulnerabilidad. Representantes de varios estados miembros de la OEA coincidieron en que la migración forzada desde Nicaragua no solo constituye una crisis migratoria, sino también una amenaza para la seguridad nacional de los países receptores.
Un punto central en la intervención de Payá, quien profesa la fe católica y proviene de una familia de disidentes cubanos, fue la intensificación de la persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua. La comisionada se refirió explícitamente a la desaparición del monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, Obispo Emérito de Estelí. Monseñor Mata fue detenido por la policía en dos ocasiones a finales de junio de 2026, poco después de haber celebrado una Misa en la que elevó oraciones por la Iglesia perseguida en Nicaragua. “Estamos muy preocupados por la persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua y por la persecución de la fe en general, así como de su práctica y ejercicio”, declaró Payá a EWTN News, expresando públicamente su alarma por el paradero del Obispo Mata Guevara.
La situación actual de la Iglesia Católica nicaragüense no es un fenómeno aislado, sino la culminación de un patrón represivo. En octubre de 2023, el Consejo Permanente de la OEA ya había aprobado por unanimidad una resolución titulada “Rechazo de las medidas represivas del Gobierno de Nicaragua contra instituciones educativas y la Iglesia Católica en Nicaragua”. Poco después, en noviembre de 2023, Nicaragua formalizó su retiro de la OEA, una decisión que muchos interpretaron como un intento de evadir la supervisión y la crítica internacional. Payá destacó que “cuando hablamos del régimen nicaragüense, vemos realmente una conducta sistemática y continua encaminada a violar la libertad religiosa, desde la situación que vivió Mons. [Rolando] Álvarez hace años —ahora está obligado a vivir en el exilio— hasta la situación de Mons. Mata y la de muchos otros sacerdotes y miembros de las comunidades católicas que tienen miedo de practicar su fe”. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, fue condenado a más de 26 años de prisión en 2023 antes de ser desterrado junto con otros religiosos.
La comisionada de la CIDH afirmó que la decisión del régimen de Ortega de suspender las elecciones ha provocado un “colapso de la democracia”, lo que, a su juicio, “crea un ambiente de miedo que afecta a las personas de fe”. Payá, quien es hija de Oswaldo Payá Sardiñas —un prominente disidente católico cubano y fundador del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), un movimiento democrático pacífico inspirado en la doctrina social católica, fallecido en 2012—, compartió su perspectiva personal: “Yo misma soy católica y también provengo de una sociedad que ha sufrido la violación de los derechos humanos. Por eso comprendo profundamente lo que significa tener miedo de expresar lo que uno piensa y tener miedo de practicar y manifestar la propia fe, que es un ejercicio humano muy fundamental”.
En su intervención, Payá reiteró la solidaridad de la CIDH con el pueblo nicaragüense. “Toda mi solidaridad está con el pueblo nicaragüense”, afirmó, asegurando que la comisión seguirá dando seguimiento al asunto y participando activamente en el diálogo político con los estados miembros para encontrar soluciones a la grave crisis que atraviesa Nicaragua. La posible reunión de cancilleres de la OEA representa un paso significativo en el intento de la comunidad internacional por presionar al gobierno nicaragüense y proteger los derechos humanos y la libertad religiosa.
