En un contexto de intensificación del debate sobre la política migratoria estadounidense, diversas organizaciones católicas han reaccionado a las recientes órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Donald Trump, dirigidas a restringir la ciudadanía por nacimiento y frenar el llamado “turismo de parto”. Mientras que un prominente grupo jurídico católico ha manifestado su rotundo rechazo, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) ha optado por un enfoque de monitoreo y análisis detallado de estas normativas.
Las directrices, publicadas el 6 de agosto, instruyen a las agencias gubernamentales a impedir la entrada de visitantes extranjeros que busquen obtener visas de corta duración con el propósito explícito de dar a luz en Estados Unidos. Asimismo, establecen limitaciones más específicas a la ciudadanía por nacimiento, siguiendo un intento previo de la administración de eliminarla de manera más amplia, el cual fue desestimado por la Corte Suprema.
Una de las órdenes ejecutivas establece el cese de la ciudadanía automática para los hijos de padres no estadounidenses que participen en transacciones comerciales o actividades fraudulentas diseñadas para asegurar el nacimiento de un niño en suelo estadounidense. Además, esta normativa extiende la restricción a los hijos de padres categorizados como “extranjeros enemigos”, incluyendo a individuos vinculados con organizaciones terroristas.
La segunda orden ejecutiva, titulada “Poner fin al turismo de parto”, faculta a los departamentos federales a implementar regulaciones que denieguen la entrada a mujeres extranjeras embarazadas con la intención de dar a luz en el país, y autoriza su expulsión si ya han ingresado. Esta medida se enfoca específicamente en quienes buscan la ciudadanía estadounidense para sus hijos a través del nacimiento en territorio nacional, así como en las coordinaciones que facilitan tales entradas. Es importante señalar que, bajo las políticas actuales del Departamento de Estado, los funcionarios consulares ya poseen la autoridad para rechazar visas de visitante B1/B2 si consideran que el objetivo principal del solicitante es el “turismo de parto”.
La respuesta de la comunidad católica ha sido variada. Anna Gallagher, directora ejecutiva de la Red Católica de Inmigración Legal, expresó su preocupación en una declaración a EWTN News, criticando la orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento. “La Corte Suprema ya se ha pronunciado: la ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Constitución”, afirmó Gallagher, subrayando la solidez de este derecho. Añadió que “este nuevo intento de la administración Trump de eludir una jurisprudencia consolidada solo genera miedo e incertidumbre innecesarios para las familias inmigrantes”, recalcando el impacto humano de estas decisiones. Gallagher enfatizó que “la doctrina social católica nos llama a defender la dignidad de toda persona y a acoger al extranjero, no a buscar nuevas formas de excluirlo”, vinculando la crítica a los principios fundamentales de la fe.
Por su parte, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) ha adoptado una postura más cautelosa. Aunque aún no ha emitido un juicio definitivo sobre las órdenes ejecutivas, ha declarado que está observando de cerca su aplicación y los posibles litigios. Chieko Noguchi, portavoz de la USCCB, comentó a EWTN News que la Conferencia “apoya la aplicación de los principios constitucionales y del Estado de derecho de una manera coherente con la dignidad que Dios ha concedido a toda persona humana”. Noguchi agregó: “Estamos examinando las órdenes ejecutivas y continuaremos vigilando las medidas administrativas que se adopten y los posibles procesos judiciales relacionados con su aplicación”.
El trasfondo legal de este debate es crucial. En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la Decimocuarta Enmienda de la Constitución protege, con pocas excepciones, la ciudadanía automática por nacimiento. Esta protección se extiende a los hijos de personas que se encuentran ilegal o temporalmente en el país, una decisión que la administración Trump ha buscado sortear con sus nuevas directrices. Aunque la opinión mayoritaria de la Corte no abordó directamente el “turismo de parto”, sí reafirmó que la ciudadanía por nacimiento se aplica a los hijos de padres que se hallan en el país.
La preocupación por el “turismo de parto” fue notablemente expresada en las opiniones disidentes de los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas. Alito señaló que, a su parecer, la decisión de la mayoría protegía la ciudadanía por nacimiento de “los hijos de los ‘turistas de parto’”, aunque discrepó con el fallo. Thomas, por su parte, argumentó que algunas personas han explotado la ciudadanía por nacimiento mediante el “turismo de parto”, mencionando la existencia de empresas que “cobran grandes sumas a extranjeros adinerados para facilitar sus viajes con el fin de dar a luz en Estados Unidos”. Sin embargo, la opinión mayoritaria, redactada por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, enfatizó que términos como “temporal” y “legal” no figuran en la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda, indicando que “no eran relevantes” para su interpretación.
Ashley Feasley, experta jurídica de la Iniciativa sobre Derecho y Política Migratoria de la Catholic University of America, calificó las órdenes ejecutivas como “un intento de socavar” la autoridad de la Corte Suprema en declaraciones a EWTN News. Feasley advirtió que, aunque estas medidas “serán impugnadas judicialmente casi con toda seguridad”, mientras tanto “impondrán una enorme carga a algunas de las personas migrantes más vulnerables, a las mujeres embarazadas y a los funcionarios que trabajan diligentemente para proteger nuestras fronteras”. Además, la experta resaltó los riesgos de “exigir a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional que interroguen a mujeres —muchas de las cuales tienen visas legales— sobre sus embarazos, e incluso que les impidan el ingreso en los puestos fronterizos sin criterios claramente definidos para hacerlo”, lo que podría “perjudicar tanto a la mujer como al niño por nacer y desvía la atención de los funcionarios de las misiones fundamentales de seguridad fronteriza y facilitación del comercio”.
Hasta la fecha, no se han presentado impugnaciones judiciales formales contra estas órdenes ejecutivas, pero se anticipa que el debate legal y social en torno a la ciudadanía por nacimiento y la política migratoria estadounidense continuará intensificándose.
