Crédito: Zuyeu Uladzimir/Shutterstock.La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) alzó la voz frente al proyecto de regulación impulsado por el gobierno para los derechos de las audiencias en radio y televisión, señalando que “la verdad no se decreta, sino que se busca y se reconoce en el debate libre y plural”.
A través de un comunicado difundido el 13 de agosto, los líderes católicos expresaron su preocupación de que esta iniciativa oficialista supedite la libre expresión a parámetros gubernamentales de autenticidad, comprometiendo al mismo tiempo la autonomía editorial de los medios de comunicación y las garantías religiosas.
El proceso de consulta pública, habilitado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones entre el 27 de julio y el 21 de agosto, examina una normativa que, en palabras del episcopado, repercutirá de forma directa en la cotidianidad de la ciudadanía al incidir en los contenidos informativos, culturales y de opinión.
Pese a sus críticas, el organismo eclesial reconoció la validez de ciertos apartados del documento, tales como el veto absoluto a la censura previa, el principio de no discriminación por motivos de fe y la salvaguarda de los sectores vulnerables ante prácticas engañosas o lesivas para la dignidad humana.
“Que estos derechos cuenten con mecanismos claros para hacerse valer es un bien para todos”, puntualizó la CEM, aunque matizó que el fin loable no justifica cualquier vía de aplicación.
Esta postura se alinea con pronunciamentos previos de la jerarquía católica en el país. El 1 de agosto, la Arquidiócesis Primada de México sentenció que la censura previa carece de cabida legal y rechazó que un ente administrativo fije qué opiniones son válidas. Días más tarde, un editorial de la Arquidiócesis de Guadalajara cuestionó la idoneidad del Estado para arrogarse la potestad de dictaminar qué datos son verídicos.
Ninguna entidad estatal debe asumir el rol de jueza de la veracidad
Los prelados enfatizaron que la libertad de expresión constituye un pilar de la democracia y advirtieron que ninguna dependencia gubernamental puede erigirse como árbitro de la verdad, especialmente cuando se debaten ideas, creencias o convicciones de índole religiosa.
Asimismo, diferenciaron la rigurosidad exigible en el periodismo —basada en la verificación de hechos y el contraste de fuentes— frente a las creencias personales, las cuales escapan de cualquier fiscalización administrativa.
Para la CEM, la falta de definiciones precisas en el proyecto respecto a conceptos como información “falsa” o “descontextualizada” abre la puerta a sanciones arbitrarias y a un control oficial incompatible con el marco constitucional y los tratados internacionales.
Salvaguarda de la fe y autonomía en los medios
Recordando que las asociaciones religiosas tienen prohibido poseer concesiones de radiodifusión en México, el episcopado exigió que el pluralismo contemplado en la normativa abarque también el respeto a las distintas creencias y a quienes no profesan ninguna.
De igual manera, manifestaron inquietud por las atribuciones que el texto otorgaría a la autoridad para intervenir en los códigos de ética y supervisar las decisiones de los defensores de audiencias.
“La autorregulación ética es un bien que florece en libertad; sujeta de modo permanente a la validación oficial, deja de ser autorregulación”, advirtieron.
Llamamiento a la participación ciudadana
Ante este escenario, la CEM instó a la sociedad a involucrarse activamente en la consulta pública antes de su cierre, recordando que la intervención cívica fortalece el sistema democrático.
Finalmente, los obispos reiteraron su disposición al diálogo con las autoridades y los concesionarios, ofreciendo su infraestructura educativa para fomentar una audiencia crítica.
“La primera defensa de la verdad no es un reglamento, es una conciencia formada”, concluyeron.
