19 agosto, 2026

Agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). | Crédito: Lawrey/Shutterstock

La reciente decisión del gobierno estadounidense de suspender de forma progresiva el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de 13 naciones ha encendido las alarmas en el sector eclesiástico. Dirigentes de la Iglesia católica han manifestado su profunda inquietud ante la posibilidad de que miles de personas sean retornadas a territorios que continúan atravesando graves crisis institucionales, ambientales y de violencia.

El mecanismo migratorio del TPS fue concebido originalmente como un alivio humanitario para proteger de manera provisional a extranjeros impossibilitados de retornar a sus lugares de origen debido a conflictos armados, catástrofes naturales u otras situaciones de extrema gravedad. No obstante, el calendario gubernamental contempla la caducidad de múltiples designaciones a lo largo del año. Por ejemplo, la protección para los ciudadanos salvadoreños concluirá el 9 de septiembre, las de Sudán y Ucrania expiran el 19 de octubre, la del Líbano finalizará el 27 de noviembre, mientras que el amparo para la comunidad haitiana culminó el 27 de julio.

Preocupación primordial por la comunidad haitiana

El obispo de Texas y presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), monseñor Brendan Cahill, señaló que la atención pastoral se concentra actualmente en los ciudadanos procedentes de Haití debido a que representan “la comunidad más afectada en este momento y vive con el temor de ser deportados en cualquier momento”.

En declaraciones ofrecidas a EWTN News, el jerarca eclesiástico calificó el escenario actual como una situación “bastante grave”. En sus palabras, “el gobierno está poniendo fin al Estatus de Protección Temporal y quiere repatriar a la gente a Haití”, pero advirtió que “a nuestro juicio, no es seguro, y existe un dilema moral sobre la repatriación de personas a Haití en este momento”. Asimismo, recalcó que “los propios obispos de Haití han dicho: ‘Simplemente no es seguro’”.

Durante la primavera, la Cámara de Baja aprobó la medida H.R. 1689 orientada a prorrogar el beneficio para los haitianos por un periodo de tres años, aunque la normativa permanece estancada en el Senado. Al respecto, monseñor Cahill expresó: “Políticamente hablando, esperamos que el Senado apruebe una resolución que la Cámara ya aprobó”.

Ante las resoluciones de la máxima instancia judicial que permitieron la anulación de los amparos para naciones como Haití y Siria, el prelado exhortó al poder ejecutivo a explorar alternativas humanitarias adicionales, tales como la salida forzosa diferida, insistiendo en que la toma de decisiones debe sustentarse en la defensa de la dignidad humana y criterios rigurosos de seguridad.

Panorama general de los beneficiarios y restricciones

Estadísticas oficiales indican que hasta finales de marzo de 2025, el país norteamericano resguardaba bajo esta figura a cerca de 1.3 millones de personas provenientes de 17 territorios diferentes. La distribución geográfica de esta población muestra altas concentraciones en demarcaciones como Florida, Texas, Nueva York, California y Georgia.

Con la expiración o revocación de los programas correspondientes a Venezuela, Afganistán, Camerún, Nepal, Honduras, Nicaragua, Sudán del Sur, Birmania, Somalia y Yemen, la administración federal ha impulsado estrategias orientadas a incentivar la salida voluntaria de aquellos individuos que pierdan su amparo legal antes de que se ejecuten acciones operativas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha defendido la medida recordando la naturaleza transitoria del instrumento jurídico. Mediante un comunicado dirigido a medios, la dependencia gubernamental puntualizó: “El Estatus de Protección Temporal es precisamente eso: temporal”, añadiendo que “durante demasiado tiempo, se le ha permitido al TPS funcionar como un programa de amnistía de facto, a pesar de que el Congreso nunca tuvo la intención de que fuera permanente”.

Publicado originalmente por EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.

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