19 agosto, 2026

Un grupo de legisladores colombianos ha radicado formalmente una propuesta legislativa orientada a prohibir de manera absoluta la maternidad subrogada en el territorio nacional. La medida busca frenar lo que denominan como la explotación comercial del cuerpo femenino y salvaguardar los derechos de los menores frente a procesos de carácter mercantil.

Respuesta a un vacío normativo histórico

Los promotores de la iniciativa explicaron que el texto surge como respuesta directa a los reiterados llamados realizados por la Corte Constitucional. El alto tribunal ha exhortado en cuatro sentencias al poder legislativo a regular esta materia debido a la profunda incertidumbre jurídica existente, la cual impacta negativamente en las garantías fundamentales tanto de las mujeres gestantes como de los bebés.

El representante Luis Miguel López Aristizábal, principal impulsor de la medida, advirtió que la ausencia de un marco regulatorio estricto ha transformado al país en un referente internacional del turismo reproductivo, atrayendo a ciudadanos extranjeros interesados en adquirir menores mediante acuerdos comerciales.

Como ejemplo, la propuesta menciona a agencias internacionales como Tammuz Family, las cuales operan en conjunto con centros médicos locales en Bogotá para ofrecer servicios accesibles dirigidos a hombres solteros y parejas del mismo sexo.

Distribución desigual de los recursos financieros

El documento legislativo detalla los costos asociados a estos procedimientos, señalando que un plan básico en el país parte desde los 63.500 dólares estadounidenses. Al cambio actual, esta cifra equivale a unos 215.900.000 pesos colombianos, de los cuales la mujer gestante recibe únicamente una fracción estimada entre 25.000.000 y 40.000.000 de pesos.

De acuerdo con estos cálculos, más del 85% de los beneficios económicos de esta actividad quedan en manos de las clínicas y los intermediarios que operan en el sector.

Sanciones y enfoque del proyecto

Los redactores del texto recalcaron que la normativa propuesta no criminaliza a la mujer gestante, sino que busca brindarle protección legal y focalizar las penas en quienes organizan, financian, promueven o median en el proceso.

Para ello, se introduce la figura delictiva denominada “explotación reproductiva mediante maternidad subrogada”, aplicable tanto a modalidades gratuitas como comerciales. Las penas contempladas oscilan entre 120 y 192 meses de prisión, acompañadas de multas que van de 500 a 1.500 salarios mínimos, con agravantes específicos si se comprueba que la madre se encontraba en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, el articulado extiende estas consecuencias penales a aquellos nacionales que ejecuten estas prácticas de manera total o parcial en el extranjero, y estipula que, legalmente, la madre de cualquier niño nacido bajo este método será siempre la mujer que lo gestó y dio a luz.

Apoyo internacional y respaldo político

La presentación oficial de la propuesta contó con la participación de la activista internacional Olivia Maurel, nacida mediante esta práctica y autora del libro ¿Dónde estás, mamá?. Durante su intervención, Maurel instó a los parlamentarios a aprobar la iniciativa con un mensaje directo:

“Hoy es muy importante que esta ley se pase porque va a proteger a las mujeres más vulnerables de Colombia” y “a los niños de nacer bajo esta práctica y de tener que sufrir las consecuencias del lobby de la subrogacía”, señaló.

“Hagan esto por su país, por sus mujeres y por sus hijos”, añadió la activista, quien también ejerce como portavoz de la Declaración de Casablanca en favor de la abolición global de los vientres de alquiler.

Finalmente, el congresista López Aristizábal confirmó que el documento cuenta con el aval y la firma de quince legisladores pertenecientes a diversas fuerzas políticas, tales como el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Centro Democrático, el Pacto Histórico, el Movimiento Salvación Nacional y Dignidad y Compromiso.

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