La bandera de El Salvador en el mapa de Centroamérica. | Crédito: hyotographics/Shutterstock
Un bloque compuesto por cientos de líderes y organizaciones religiosas dirigió una misiva formal al gobierno encabezado por Donald Trump para demandar la revisión y posterior prórroga del Estatus de Protección Temporal (TPS) destinado a los ciudadanos de El Salvador, cuya fecha de vencimiento está fijada para el próximo 9 de septiembre.
Una petición formal respaldada por múltiples sectores eclesiásticos
El documento oficial fue remitido al presidente estadounidense, al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y al secretario de Estado, Marco Rubio. En el texto, los firmantes argumentan que el territorio salvadoreño todavía presenta condiciones de vulnerabilidad y que una repatriación masiva generaría impactos profundamente negativos en el tejido social estadounidense.
“Creemos que enviar a cientos de miles de salvadoreños con TPS de regreso a un país inestable y desconocido que no tiene la capacidad de mantener a sus propios ciudadanos representa un peligro para estas personas y una decisión que tendría graves consecuencias negativas en los años venideros”, señala la carta.
Asimismo, los firmantes recalcan que la medida está plenamente justificada debido a los antecedentes de integración de esta comunidad: “Una revisión exhaustiva de la situación actual en El Salvador, la consideración de sus contribuciones a Estados Unidos como beneficiarios del TPS y la obligación del gobierno de respetar el marco legal que rige el TPS, respaldan la extensión de la designación de El Salvador como beneficiario del TPS”.
La iniciativa reúne el respaldo de 97 organizaciones confesionales y 174 autoridades espirituales, entre las que destacan figuras católicas de alto rango como el arzobispo de Miami, monseñor Thomas Wenski; el arzobispo de Atlanta, monseñor Gregory Hartmayer; y el obispo de Savannah, monseñor Stephen Parkes.
Impacto familiar y arraigo en territorio norteamericano
El reporte subraya que aproximadamente el 20% de los salvadoreños acogidos a este programa arribaron a Estados Unidos durante su minoría de edad, concretamente a los 16 años o menos. Con el paso del tiempo, muchos de ellos han constituido hogares y son padres de menores nacidos en el país norteamericano.
“Son nuestros vecinos, nuestros amigos y seres queridos, y esta administración debería verlos como tales y valorar su contribución a la nación”, expresa la carta, advirtiendo sobre el profundo trauma y las graves dificultades que acarrearía una eventual ruptura familiar.
Contraste de posturas sobre la seguridad en El Salvador
Mientras que el sector religioso insiste en que el contexto local sigue siendo adverso debido al régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 —implementado para combatir a las estructuras criminales a costa de suspensiones en los derechos fundamentales—, las autoridades diplomáticas estadounidenses manejan otra perspectiva.
A partir de junio de 2026, el Departamento de Estado situó a la nación centroamericana en el Nivel 1 de advertencia, recomendando simplemente “tomar las precauciones habituales”, el peldaño más seguro dentro de su escala de riesgos.
Informes oficiales y de organismos internacionales reflejan una caída drástica en las estadísticas de homicidios en los últimos años, pasando de una tasa de 53,1 por cada 100.000 habitantes en 2018 a 1,9 por cada 100.000 habitantes en 2024. Pese a esta mejora evidente en materia de seguridad pública, entidades como Human Rights Watch han advertido que el estado de excepción continúa facilitando abusos estatales y detenciones arbitrarias masivas.
Por su parte, desde el Departamento de Seguridad Nacional se ha recordado la naturaleza intrínseca del mecanismo migratorio: “El Estatus de Protección Temporal es precisamente eso: temporal”. Su postura oficial recalca que “durante demasiado tiempo, se le ha permitido funcionar como un programa de amnistía de facto, a pesar de que el Congreso nunca tuvo la intención de que fuera permanente”.
