Un informe revela un incremento histórico en las agresiones contra la libertad de conciencia en territorio español
El informe de ataques a la libertad religiosa 2025 en España registró 306 casos, “el máximo histórico”. | Crédito: Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia.El escenario actual de los derechos de culto
El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) ha presentado su balance anual correspondiente al último ejercicio, documentando una cifra sin precedentes en las violaciones de este derecho fundamental. La organización independiente, financiada exclusivamente mediante aportaciones voluntarias, ha advertido sobre el auge de posturas gubernamentales que promueven un laicismo de carácter combativo en el país.
Durante el periodo analizado, la entidad contabilizó un total de 306 ataques, lo que representa un máximo histórico en la serie histórica del organismo. Esta cifra supone un incremento del 26% en comparación con los datos del año precedente, cuando se detectaron 243 incidentes, y un repunte del 57% frente al ejercicio anterior, periodo en el que se recopilaron 195 expedientes.
En cuanto a los colectivos afectados, la mayor parte de las ofensas, un 53%, se dirigieron contra la comunidad católica. Si se contabiliza al conjunto de las confesiones de raíz cristiana, los agravios alcanzan prácticamente a 7 de cada 10 casos totales. Por otra parte, el informe pone de relieve la situación de la colectividad judía: a pesar de constituir apenas el 0,1% de la población nacional, concentra el 13% de las acciones hostiles con un total de 40 sucesos, una cifra que, según el observatorio, multiplica por trece los registros contabilizados en 2022.
Asimismo, los registros oficiales y el seguimiento del OLRC constatan 26 incidentes dirigidos contra fieles musulmanes, 11 casos que afectaron a miembros de los testigos de Jehová y 17 situaciones que perjudicaron de manera global a múltiples denominaciones religiosas de forma simultánea.
Tipología y crecimiento de las agresiones
El análisis pormenorizado de los datos refleja subidas generalizadas en casi todas las categorías de hostigamiento. Los daños y profanaciones en templos y elementos sagrados experimentaron una subida del 59% frente al calendario anterior. De igual manera, las ofensas verbales y humillaciones a practicantes crecieron un 67%, el escarnio público hacia las creencias aumentó un 7% y las expresiones de laicismo beligerante se incrementaron en un 12%. Cabe destacar también la documentación de media docena de episodios calificados como violencia física directa contra personas creyentes.
El papel de las formaciones políticas
Durante la exposición pública de los resultados, la presidenta de la institución, María García, dirigió la atención hacia la responsabilidad de los actores institucionales en el deterioro de la convivencia:
“Casi uno de cada tres ataques registrados tiene su origen en declaraciones, iniciativas legislativas, actuaciones o mensajes emitidos por representantes políticos o por formaciones políticas. Creo que este dato refleja una grave irresponsabilidad por parte de los partidos políticos en cuanto al deterioro del clima, de respeto a la libertad religiosa en España”, expuso María García, presidenta del OLRC durante el acto de presentación del documento.
El desglose partidista señala al Partido Socialista y a la plataforma Sumar, integrantes de la coalición gubernamental, como los principales inductores de estas situaciones con 31 y 26 expedientes respectivamente. La fuerza política Podemos, que formó parte del Ejecutivo en mandatos anteriores, figura en la tercera posición con 18 incidencias vinculadas a su actividad o declaraciones.
“El hecho de que los dos partidos que integran el Gobierno de España lideren la lista de los responsables políticos año tras año, supone una preocupación”, describió García, quien alertó ante “una radicalización de los discursos políticos que tiene consecuencias directas en la proliferación de ataques a la libertad religiosa”.
Repercusión internacional y posturas institucionales
Frente a la escasa receptividad mostrada por determinados sectores de la clase política nacional ante las denuncias del observatorio, la organización destaca el eco que sus trabajos encuentran en organizaciones supranacionales. En este sentido, resalta la reciente publicación de directrices específicas por parte de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre delitos motivados por intolerancia hacia comunidades cristianas, un hito que equipara la protección de este grupo con la otorgada previamente a otras minorías.
Uno de los puntos críticos señalados por el colectivo es la pretensión parlamentaria de suprimir el precepto punitivo que castiga las vejaciones a los dogmas y sentimientos de las distintas confesiones dentro del ordenamiento penal español.
“Si ya sale bastante gratis mofarse de las creencias religiosas, va a ser barra libre”, advirtió la portavoz, reclamando a los legisladores un compromiso firme con la salvaguarda de los espacios sagrados, los derechos de expresión pública de la fe y el cumplimiento de los pactos vigentes entre el Estado y las confesiones.
Para finalizar, la directiva del observatorio recordó que “los creyentes no son ciudadanos de segunda” y que la vivencia espiritual de los ciudadanos no debe quedar confinada exclusivamente al ámbito privado de los hogares o los templos, sino que constituye una dimensión inherente a la persona durante toda la jornada.
