Una investigación histórica destapa décadas de abusos en Massachusetts
Un exhaustivo informe presentado por la fiscal general del estado, Andrea Joy Campbell, ha sacudido a la comunidad católica tras documentar que más de 270 clérigos agredieron sexualmente a casi 1.000 niños a lo largo de un siglo en tres circunscripciones eclesiásticas de Massachusetts.
La pesquisa, dada a conocer el 30 de septiembre, abarcó a las diócesis de Fall River, Springfield y Worcester. Según los hallazgos de la fiscalía, las máximas autoridades de estas sedes eclesiásticas ignoraron de manera sistemática las acusaciones, optando por reubicar a los religiosos implicados en diferentes parroquias en lugar de apartarlos de sus funciones o colaborar con las agencias del orden público.
Factores culturales y encubrimiento institucional
El documento oficial detalla que la proliferación de las agresiones estuvo amparada por una “cultura de reverencia e indulgencia” hacia las figuras sacerdotales. Durante la mitad del siglo pasado, los clérigos gozaban de una veneración casi absoluta que facilitaba su acceso a los núcleos familiares.
Asimismo, la investigación subraya que las administraciones diocesanas recurrieron al uso de expresiones codificadas y eufemismos, o bien omitieron deliberadamente los registros para ocultar las faltas graves. Los investigadores examinaron más de 300.000 páginas de documentos y entrevistaron a más de 100 personas, incluyendo a supervivientes que sufrieron estas agresiones en su infancia.
Este análisis se suma a fiscalizaciones previas en otras regiones del país, como el estado de Michigan. Cabe destacar que la Arquidiócesis de Boston quedó excluida de este relevamiento por haber sido objeto de un riguroso escrutinio desde el año 2002.
Reacción de las diócesis y peticiones de disculpas
Tras la publicación de los datos, las diócesis implicadas emitieron comunicados oficiales expresando su consternación. Desde la Diócesis de Worcester informaron que analizarán a fondo el documento para implementar modificaciones en sus normativas de salvaguarda, argumentando que el grueso de los episodios sucedió hace varias décadas y que los protocolos actuales son más estrictos.
Por su parte, el obispo de Fall River, monseñor Edgar M. da Cunha, manifestó su profunda consternación ante los hechos descritos:
Los detalles del informe me llenaron de tristeza.
El prelado añadió que su administración ha consolidado un entorno orientado a la prevención, el cual contempla la notificación inmediata a las autoridades competentes ante cualquier sospecha o denuncia de vulneración de menores.
