La iglesia católica en Portugal instituye un organismo nacional para salvaguardar a menores y adultos vulnerables
Durante su 216ª Asamblea Plenaria celebrada en la localidad de Fátima entre el 9 y el 12 de noviembre, la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP) tomó la determinación de establecer el nuevo Servicio Nacional de Salvaguarda y Protección. Esta iniciativa se enmarca dentro de una fase renovada destinada a reforzar la seguridad y el cuidado de los menores y de aquellos adultos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, según detalló la institución religiosa a través de un comunicado oficial.
Áreas estratégicas y estructura de funcionamiento
De acuerdo con la información proporcionada por los máximos representantes eclesiásticos, este recién creado departamento centrará sus esfuerzos operativos en cuatro pilares fundamentales: el apoyo directo a las comisiones diocesanas, la implementación de programas formativos, el desarrollo de estrategias preventivas y la innovación en los procesos de protección.
Asimismo, la conferencia señaló que los detalles operativos y el modelo de gestión se darán a conocer de manera oficial próximamente. No obstante, se ratificó que, respetando las directrices emitidas por la Santa Sede, las estructuras diocesanas existentes conservarán su responsabilidad esencial en lo que respecta a la recepción y el acompañamiento humano de los afectados.
Durante la rueda de prensa posterior al encuentro, el obispo de Coimbra y presidente de la CEP, monseñor Virgilio Antunes, puntualizó que en esta nueva etapa se estructurará un equipo coordinado a nivel nacional bajo la dirección de un presidente, encargado de orientar y supervisar todas las acciones relacionadas con esta materia en el país.
Conclusión de las funciones del Grupo VITA
El anuncio de esta nueva estructura coincide con el cese de las actividades del Grupo VITA, cuyo mandato concluye formalmente a finales del mes de noviembre. Esta organización había sido fundada en mayo de 2022 como respuesta directa a los hallazgos presentados en un informe independiente sobre la incidencia de abusos sexuales dentro de la institución eclesiástica lusa entre los años 1950 y 2022.
En un comunicado emitido a mediados de noviembre, los integrantes del Grupo VITA hicieron un balance de su labor tras tres años de gestión, destacando que su misión concluye “con la convicción de haber contribuido a una transformación significativa en la forma en que la violencia sexual, la protección de menores y adultos vulnerables y el acompañamiento de las víctimas y sobrevivientes se comprenden y abordan en el contexto de la Iglesia en Portugal”.
La agrupación enfatizó que el panorama actual difiere sustancialmente del escenario inicial, resaltando avances notables en la escucha activa, la sensibilización social y la consolidación de protocolos de prevención. Asimismo, insistieron en que la autonomía y la independencia constituyeron los pilares imprescindibles para ganarse la confianza de quienes sufrieron agresiones.
Perspectivas de colaboración y continuidad
Ante la transición hacia el nuevo Servicio Nacional de Salvaguarda y Protección, la jerarquía eclesiástica expresó su agradecimiento por la labor desempeñada por el Grupo VITA. En este sentido, el presidente de la CEP indicó que ya se han mantenido conversaciones con tres exintegrantes de dicha organización que han mostrado disposición para colaborar con la nueva entidad bajo los lineamientos de la coordinación nacional.
Por su parte, desde el Grupo VITA aclararon que cualquier participación futura a título individual dependerá estrictamente de la voluntad de cada especialista y de las condiciones concretas de funcionamiento que establezcan las nuevas autoridades. Los miembros salientes recalcaron que “la autonomía técnica y científica, la independencia profesional y la libertad de apreciación” son principios irrenunciables para cualquier cooperación venidera.
Finalmente, la entidad saliente extendió su reconocimiento a las víctimas, profesionales e instituciones que colaboraron durante este trienio, y confirmó que a partir del 1 de diciembre quedarán inhabilitadas las vías de comunicación directa, como los correos electrónicos y teléfonos institucionales que venían utilizando.
