El Concejo de Bogotá ha dado luz verde a la creación del “Día Distrital de la Oración”, una iniciativa que busca fomentar espacios de reflexión y respeto por la libertad de conciencia y de creencias en la capital colombiana. El proyecto de acuerdo, identificado con el número 153-2026 y promovido por el concejal Andrés Barrios, designa el 4 de julio como fecha conmemorativa. No obstante, la medida, que ahora espera la sanción del alcalde Carlos Galán para su entrada en vigor, ha encendido un vigoroso debate en torno a los límites de la laicidad del Estado y el rol de las instituciones públicas frente a las prácticas religiosas.
La propuesta legislativa establece que la Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte serán las entidades encargadas de disponer los recursos y espacios necesarios para la realización de actividades conmemorativas durante esta jornada. Según sus promotores, el acuerdo se fundamenta en la necesidad de reconocer y proteger la libertad religiosa, un principio consagrado en la Constitución Política colombiana, sin que esto implique la adopción de una religión oficial por parte del Distrito.
Entre los argumentos esgrimidos por el Concejo de Bogotá para respaldar el proyecto, destaca la “dimensión social de la fe en Bogotá”. Un sondeo realizado por la Secretaría Distrital de Gobierno reveló que un 93.3% de los encuestados en la ciudad se identifica como cristiano; de este porcentaje, el 78.72% se declara católico y un 14.61% pertenece a otras confesiones cristianas. Este dato es presentado como una clara señal del arraigo de la fe entre la población bogotana, constituyendo una justificación principal para la institucionalización de un día dedicado a la oración.
Los defensores del acuerdo enfatizan que el reconocimiento de esta fecha no busca imponer una práctica religiosa, sino garantizar el respeto por la pluralidad de creencias y la libertad de culto en un Estado que se define como laico. El concejal Barrios, motor de la iniciativa, ha declarado públicamente que “este no es el triunfo de una iglesia ni la imposición de una creencia. Es el reconocimiento a millones de bogotanos que encuentran en la oración esperanza, consuelo y la fuerza para seguir adelante”. Estas declaraciones buscan desvirtuar las críticas sobre una posible injerencia estatal en asuntos de fe.
Sin embargo, la Asociación de Ateos de Bogotá ha manifestado su rotunda oposición al acuerdo, solicitando a la administración distrital que no lo respalde. Para esta organización, el proyecto 153-2026 “convierte al Distrito en promotor activo de una práctica religiosa, lo que constituye un atropello al carácter laico del Estado”. Argumentan además que la medida genera una “discriminación simbólica” hacia aquellos que no profesan ninguna fe y abre una peligrosa puerta para que el poder público se identifique con expresiones religiosas particulares, menoscabando la neutralidad que se espera de una institución estatal.
El concejal Barrios ha salido al paso de estas objeciones, aclarando la interpretación que, a su juicio, debe tener el concepto de laicidad estatal. “Ser un Estado laico no significa obligar a todos a vivir como si no tuvieran creencias”, afirmó. Y añadió: “Significa que el Estado no impone una fe, pero tampoco silencia ni excluye a quienes la profesan. En medio de nuestras diferencias, todos debemos tener la libertad de practicar, profesar y expresar nuestra fe como creyentes”. Esta postura subraya la distinción entre la no imposición de una fe y la protección de la libertad de expresión religiosa de los ciudadanos en una democracia.
La elección del 4 de julio para el Día Distrital de la Oración no es aleatoria. Esta fecha conmemora la promulgación de la Ley Estatutaria 133 de 1994, normativa que desarrolla el “Decreto de Libertad Religiosa y de Cultos” reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política de Colombia. Dicha ley establece, de forma explícita, que si bien el país no posee una religión oficial, el Estado “no es ateo, agnóstico, o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos”.
En virtud de esta legislación, el “Poder Público protegerá a las personas en sus creencias” y en el ejercicio de su derecho a “practicar, individual o colectivamente, en privado o en público, actos de oración y culto”. Este marco legal es el pilar sobre el cual los promotores del Día de la Oración construyen su defensa, argumentando que la iniciativa se alinea con el deber estatal de salvaguardar la libertad religiosa y la diversidad de cultos, sin favorecer a ninguna confesión en particular y respetando el marco constitucional.
Con el acuerdo ya aprobado por el Concejo de Bogotá, la decisión final recae ahora en el alcalde Carlos Galán. El concejal Barrios ha instado al mandatario distrital a sancionar prontamente el proyecto, recalcando que “la libertad religiosa también merece un lugar importante en Bogotá”. La promulgación del “Día Distrital de la Oración” consolidaría una fecha en el calendario bogotano dedicada a la reflexión espiritual, pero también mantendría vivo el debate sobre la interpretación y aplicación del principio de Estado laico en una sociedad plural y mayoritariamente creyente.
