Bolivia atraviesa una compleja coyuntura de tensión social y enfrentamientos, exacerbada por la prolongación de bloqueos de carreteras que ya suman tres semanas. En este escenario crítico, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo han asumido un papel mediador crucial, convocando a un espacio de diálogo que ha propiciado los primeros contactos directos con dirigentes de los grupos movilizados. La situación se ha tornado aún más grave con el reporte de cuatro fallecimientos, incluyendo el de un menor de 12 años, atribuidos a la falta de atención médica y el impedimento de traslado por las vías obstruidas.
La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y la Defensoría del Pueblo, junto a diversas organizaciones de derechos humanos, han liderado esta iniciativa para desescalar el conflicto. Mons. Giovani Arana, Obispo de El Alto y secretario general de la CEB, en un comunicado conjunto emitido este jueves, informó sobre una “reunión preliminar” llevada a cabo el miércoles 20 de mayo. En este primer acercamiento participaron representantes de ambas instituciones y líderes de organizaciones campesinas que impulsan los bloqueos en el departamento de La Paz.
Entre los asistentes al encuentro destacaron dirigentes de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari” y la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz “Bartolina Sisa”. Estas organizaciones, protagonistas de las actuales movilizaciones, expresaron durante la reunión su profunda preocupación por el uso del lenguaje en el discurso público de las autoridades. Instaron a los poderes del Estado a adoptar una comunicación más prudente y conciliadora, entendiendo que las palabras tienen un impacto significativo en la posibilidad de construir puentes para el entendimiento y reducir la polarización.
El malestar de los sectores campesinos se centró específicamente en el calificativo de “vándalos” utilizado por el presidente Rodrigo Paz para referirse a los manifestantes. Según el mandatario, esta denominación se dirigía a quienes habían perpetrado ataques contra instalaciones públicas y privadas, así como agresiones a personas, y no a las organizaciones en sí mismas. Sin embargo, la percepción generada complicó el ambiente, llevando a las organizaciones a considerar que las declaraciones presidenciales dificultaban cualquier apertura al diálogo. El comunicado conjunto de la Iglesia y la Defensoría enfatizó la importancia del lenguaje: “Las palabras tienen un profundo impacto en la convivencia democrática y en la posibilidad de construir puentes de acercamiento, confianza y entendimiento entre los distintos actores sociales y políticos”.
En un paso que ambas instituciones valoraron positivamente, las organizaciones campesinas entregaron un pliego de condiciones diseñado para restablecer las conversaciones con el Gobierno. Aunque los detalles del documento no fueron revelados, su presentación fue interpretada como una señal de voluntad para retomar la senda del diálogo.
Ante la persistencia de la conflictividad y las graves consecuencias humanitarias, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo exhortaron a todas las autoridades estatales a actuar con la “máxima responsabilidad y prudencia en el uso del lenguaje público”. Subrayaron que un diálogo efectivo, capaz de generar acuerdos y restablecer la paz, requiere “sensibilidad social”, ya que un enfoque insensible solo resulta en un “diálogo inservible”. Por el contrario, un diálogo sensible es el único camino para “reencontrar a las partes y devolverle paulatinamente al país la tranquilidad que tanto reclama en estos momentos de tensión”.
Desde otro frente de la sociedad civil, el Consejo Boliviano de Laicos emitió un enérgico comunicado este viernes, manifestando su “tristeza” y “preocupación” por la “escalada de violencia progresiva y sistemática” que afecta al pueblo boliviano. El Consejo lamentó la “intolerancia” que parece cegar a autoridades y dirigentes, impidiéndoles encontrar un espacio de diálogo “sin presiones” para ofrecer soluciones oportunas y definitivas.
El mensaje de los laicos hizo un llamado vehemente a la compasión y la solidaridad con los más vulnerables. “No carguemos con más dolor y angustia a nuestro pueblo, tengamos compasión por los más pobres y humildes”, imploraron. Cuestionaron la inacción ante el sufrimiento de la población de La Paz y El Alto, donde la escasez de alimentos, medicamentos y servicios humanitarios ha alcanzado niveles alarmantes. Con cuatro fallecimientos ya registrados por la falta de asistencia, el Consejo demandó: “¡Basta! ¡No más bloqueos! ¡No más enfrentamientos!”.
Finalmente, el Consejo Boliviano de Laicos advirtió contra la justificación de la violencia, considerándola una “espiral tenebrosa” que conduce al enfrentamiento incontrolable y la muerte. Convocó tanto a las autoridades como a los líderes de los sectores sociales a un diálogo “con ánimo sincero y despojados de todo odio y rencor”, reconociendo que, si bien las reivindicaciones pueden ser justas, la vida y la dignidad humana deben prevalecer por encima de todo. La senda hacia la reconciliación, aunque desafiante, debe ser recorrida con entendimiento fraterno para devolver la estabilidad al país.
