La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) ha urgido a la Asamblea Nacional a desistir del proyecto de Ley Orgánica que busca regular las técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida. En un comunicado contundente emitido el 6 de agosto, los obispos del país expresaron su profunda preocupación, argumentando que la propuesta legislativa, en su configuración actual, atenta contra la dignidad inherente del ser humano, el derecho fundamental a la vida desde el momento de la concepción y los derechos irrenunciables de los niños que podrían nacer mediante estas prácticas.
La preocupación de la CEE se intensificó tras la presentación del informe para segundo debate del proyecto de ley ante el pleno el pasado 29 de julio. Los prelados fueron enfáticos al señalar que la iniciativa “no debe aprobarse en los términos actualmente propuestos”, haciendo un llamado directo a los legisladores para reconsiderar la totalidad del texto.
En su declaración, los obispos ecuatorianos reconocieron la complejidad y el sufrimiento que enfrentan miles de parejas a causa de la infertilidad. Subrayaron que su postura no busca ignorar esta dolorosa realidad, sino más bien asegurar que las soluciones ofrecidas sean verdaderamente respetuosas. “Sus expectativas legítimas, sus economías y su anhelo de ser padres merecen soluciones reales y respetuosas de su dignidad, y no promesas que las expongan a nuevos riesgos”, indicaron, enfatizando la necesidad de un marco legal que proteja integralmente a todos los involucrados.
**Cuestionamientos al proceso legislativo y falta de transparencia**
Más allá de las objeciones de fondo, la Conferencia Episcopal también puso en tela de juicio el proceso legislativo en torno a este proyecto. Criticaron que el informe para segundo debate, un documento extenso de más de 170 páginas, “no fue puesto a disposición pública de manera oportuna y accesible”. Esta falta de transparencia, a juicio de los obispos, limitó severamente la participación ciudadana activa y el análisis crítico por parte de expertos y la sociedad en general, aspectos cruciales para la elaboración de una ley de tal envergadura.
**Aspectos positivos y objeciones fundamentales**
A pesar de sus críticas contundentes, la CEE identificó dos aspectos del proyecto de ley que consideraron dignos de reconocimiento. Celebraron la inclusión de la prohibición explícita del vientre de alquiler o gestación subrogada, una práctica que la Iglesia y diversas organizaciones éticas consideran deshumanizante. Asimismo, valoraron la prioridad otorgada a la medicina reproductiva restaurativa, un enfoque que busca diagnosticar y tratar las causas subyacentes de la infertilidad, en lugar de solo paliar sus efectos.
No obstante, estos puntos positivos no mitigaron las advertencias de los obispos sobre otras disposiciones que, a su entender, son incompatibles tanto con la Constitución ecuatoriana como con el principio fundamental de protección de la dignidad humana.
Entre sus objeciones más destacadas, la CEE argumentó que técnicas como la fecundación in vitro (FIV), la inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) y la crioconservación de embriones contravienen directamente el derecho a la vida desde la concepción, tal como lo establece explícitamente el artículo 45 de la Constitución ecuatoriana. Consideran que estas prácticas manipulan la vida humana en sus etapas más vulnerables.
Otra profunda preocupación manifestada por los obispos es la intención del proyecto de ley de mantener el anonimato de los donantes de gametos (óvulos y espermatozoides). Según la Conferencia Episcopal, esta disposición subordina “los derechos del niño” a “la voluntad de los adultos”, negando a los individuos nacidos mediante estas técnicas la posibilidad de conocer su origen biológico y su identidad, lo que podría generar graves conflictos psicológicos y éticos a futuro.
El comunicado también advirtió sobre los posibles riesgos para la salud asociados a estas técnicas de reproducción, cuestionó la legalidad y moralidad de compensaciones económicas por la donación de gametos y alertó sobre la preocupante posibilidad de una “mercantilización del cuerpo y del material genético”, transformando la vida humana en un producto transaccionable. Además, los obispos señalaron que el proyecto de ley desvincula la filiación (la relación padre-hijo) de la realidad biológica, al establecer que esta dependería exclusivamente de la voluntad procreativa de los adultos, un enfoque que consideran artificial y desnaturalizador de la familia.
**Una postura que trasciende lo religioso: “cuestión de civilización”**
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana insistió en que su firme postura no obedece únicamente a motivaciones de índole religiosa, sino que constituye “una cuestión de civilización”. Los obispos argumentaron que la manera en que una sociedad trata “al embrión, al niño que nacería y a la mujer vulnerable” es un reflejo fidedigno del tipo de sociedad que aspira a construir.
Advirtieron severamente que “cuando se admite que la vida naciente pueda producirse, seleccionarse, congelarse o descartarse según la voluntad de otros, no se lesiona solo una creencia: se erosiona el fundamento mismo sobre el cual toda comunidad humana (…) reconoce la igual dignidad de sus miembros”. Esta declaración subraya la convicción de que la protección de la vida en sus etapas iniciales es un pilar esencial para la cohesión social y el respeto universal de la dignidad humana.
**Llamado a la suspensión del debate o archivo de la iniciativa**
En la sección final de su comunicado, la Conferencia Episcopal reiteró la necesidad de que Ecuador cuente con una legislación adecuada sobre reproducción asistida, pero enfatizó que el texto actual requiere una modificación profunda y exhaustiva. Por ello, instaron a la Asamblea Nacional a archivar el proyecto de ley o, en su defecto, a suspender la votación para permitir la elaboración de una nueva propuesta. Esta nueva iniciativa debería gestarse a través de “un proceso transparente y plenamente respetuoso de la Constitución y los derechos fundamentales de las personas”.
Dirigiéndose directamente a los legisladores, los obispos recordaron la seriedad de su encargo: “su mandato proviene del pueblo ecuatoriano, y ese pueblo no les ha confiado la responsabilidad de jugar con la vida de nadie”. Finalmente, concluyeron advirtiendo que “el bien de las familias ecuatorianas y, sobre todo, de los niños que nacerían mediante estas técnicas, no admite premuras legislativas ni normas que, aun con buenas intenciones, comprometan derechos fundamentales que el propio Estado está llamado a proteger”. Este llamado a la prudencia y la responsabilidad legislativa resuena como una defensa de los principios éticos y constitucionales en el debate sobre la vida humana.
