Consejo de Estado avala la participación del presidente Abelardo de la Espriella en actos religiosos
El máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia emitió un fallo en el que determina que el presidente de la república, Abelardo de la Espriella, no quebrantó los principios constitucionales de laicidad ni la neutralidad religiosa del Estado. La decisión responde a los cuestionamientos surgidos tras su participación en ceremonias litúrgicas y expresiones de índole espiritual durante sus intervenciones públicas oficiales.
La controversia judicial se originó a raíz de una acción de tutela interpuesta el 14 de octubre por el ciudadano Román Camilo Díaz Fernández. El demandante argumentó que tanto el jefe de Estado como miembros de su gabinete ministerial habrían violentado derechos fundamentales consagrados en la carta magna, tales como la igualdad, la libertad de cultos, la conciencia y la petición, además de poner en riesgo la separación neutral entre el poder público y las creencias religiosas.
Cuestionamientos sobre actos litúrgicos y visitas diplomáticas
El recurso legal cuestionaba múltiples actuaciones del alto gobierno. En el caso específico del mandatario, la demanda abarcaba la coronación de la imagen de la Virgen de Fátima durante una masiva velatón humanitaria, el uso reiterado de la consigna religiosa “viva Cristo Rey” y su visita protocolaria a la sinagoga Bet-El en la ciudad de Barranquilla, donde portó la tradicional kipá.
Asimismo, la acción constitucional involucraba a la ministra de las Culturas, Paola Holguín, debido a la asignación de fondos públicos para financiar la mencionada velatón solidaria. De igual manera, el proceso incluyó al entonces ministro del Interior, Rodrigo Lara, por pronunciamientos emitidos en su perfil de la red social X y durante un encuentro en el Centro Israelita de Bogotá, donde enfatizó el compromiso estatal con la seguridad y la libertad de culto de la comunidad judía.
Los argumentos del fallo judicial
En la sentencia oficial dada a conocer el 13 de noviembre, la Sección Quinta del Consejo de Estado desestimó los señalamientos contra el presidente y aclaró el alcance de su conducta. Respecto al polémico acto mariano, el tribunal argumentó que dicha coronación “no desconoce, per se, los principios de neutralidad y laicidad porque dicho acto hizo parte de una jornada que tenía una justificación secular importante”, la cual estuvo orientada a la movilización institucional y de la sociedad civil para brindar apoyo humanitario a los damnificados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026.
El tribunal enfatizó que “dado que el primer mandatario no emitió ninguna declaración, no privilegió ni instó la adhesión a la religión católica ni a ningún otro credo”, por lo que no existió una imposición doctrinal hacia la ciudadanía.
En cuanto al uso de la frase “viva Cristo Rey”, el fallo respaldó la postura de que un funcionario público, al asumir la investidura oficial, “no está despojado de sus derechos a la libertad de conciencia, de culto y de expresión” como ciudadano particular. La corporación judicial precisó que exteriorizar convicciones íntimas en escenarios públicos no representa la creación de un mandato legal ni coacciona la fe de la población.
Diferencia entre neutralidad institucional y libertad individual
La providencia judicial profundizó en la jurisprudencia vigente, recordando que la Corte Constitucional establece una línea divisoria clara entre la neutralidad institucional —que prohíbe al Estado erigir una religión oficial o privilegiar credos— y el ejercicio de la libertad individual de las autoridades públicas. De este modo, se permite que los servidores del Estado manifiesten sus creencias personales siempre y cuando tales expresiones no se conviertan en actos oficiales de adhesión religiosa obligatoria o generen discriminación.
Adicionalmente, el Consejo de Estado respaldó el uso de los recursos del Ministerio de las Culturas, señalando que el presupuesto destinado no constituyó un patrocinio a la Iglesia católica, sino que obedeció a una “motivación contractual clara y una destinación específica de naturaleza secular” enfocada en dar visibilidad a un acontecimiento de indiscutible interés general.
Finalmente, sobre los pronunciamientos del exministro Rodrigo Lara relacionados con la comunidad judía, la sala determinó que se enmarcaron en la conmemoración internacional y en la condena al ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, buscando garantizar un entorno de tranquilidad para los creyentes afectados. Con estos fundamentos, la corporación concluyó que no se configuró ninguna vulneración al ordenamiento constitucional colombiano.
