Corte IDH ordena al régimen nicaragüense garantizar la integridad y liberación del obispo Abelardo Mata
Mons. Abelardo Mata, Obispo Emérito de Estelí. Crédito: CEN.Una exigencia urgente de protección internacional
El sistema interamericano de justicia ha tomado una postura firme frente a la creciente hostilidad gubernamental en Centroamérica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó el 25 de septiembre una orden formal en la que exige al Estado de Nicaragua resguardar de manera prioritaria la salud, la integridad física y la autonomía de movimiento del obispo Abelardo Mata.
Junto al prelado, el organismo supranacional extendió la protección mediante medidas cautelares a un grupo de cuatro ciudadanos estrechamente vinculados con el religioso, identificados como Celia del Carmen Huete Reyes, Celia Leonor Huete Reyes, Álvaro José Huete Reyes y Celiana Paola Talavera Huete, quienes también enfrentan riesgos derivados de su cercanía con la autoridad eclesiástica.
Antecedentes de la desaparición y detención
Los registros oficiales señalan que el obispo emérito, de 80 años de edad, permanece confinado en un predio rural situado en Tisma, dentro del departamento de Masaya, desde el pasado 4 de julio. Su situación de retención se originó a finales del mes previo, cuando fue interceptado por las fuerzas de seguridad al salir de un recinto médico en Estelí, momentos después de haber participado en una eucaristía dedicada a interceder por la comunidad católica local.
La situación del clérigo genera honda preocupación entre sus allegados y profesionales de la salud debido a su delicado cuadro clínico, el cual incluye patologías crónicas como la diabetes, la dependencia de un dispositivo cardíaco artificial y severas complicaciones visuales que requieren vigilancia médica especializada y constante.
Una voz crítica frente a las estructuras de poder
Monseñor Juan Abelardo Mata consolidó una trayectoria pastoral de más de tres décadas al frente de la Diócesis de Estelí, periodo que abarcó desde abril de 1990 hasta mediados de 2021. Durante su gestión pastoral, se caracterizó por emitir posturas firmes y cuestionamientos directos contra la administración encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, convirtiéndose en uno de los referentes morales más importantes que ha criticado las políticas gubernamentales.
A lo largo de los últimos años, la institución eclesiástica en el territorio nacional ha sido blanco de múltiples acciones punitivas por parte de las autoridades estatales, y el caso del obispo Mata representa uno de los episodios más graves dentro de esta campaña de hostigamiento sistemático contra líderes religiosos.
A finales de agosto, medios afines al oficialismo difundieron material audiovisual donde se observa al religioso dialogando con un comunicador gubernamental, aunque las autoridades omitieron precisar la fecha exacta en la que se realizó dicha grabación.
Exigencias específicas del tribunal internacional
El pronunciamiento de la Corte IDH establece mandatos precisos dirigidos al Ejecutivo nicaragüense, entre los cuales destaca la instrucción de aclarar formalmente si el prelado se encuentra bajo algún esquema de privación formal de la movilidad. En caso de confirmarse esta condición, el tribunal ordenó que se proceda a su liberación inmediata.
Asimismo, la corte estableció que, de mantenerse alguna forma de custodia, el gobierno tiene la obligación de notificar con absoluta claridad tanto a los parientes como a la defensa legal sobre el sitio exacto del cautiverio, las motivaciones jurídicas y las condiciones del arresto. Se exige además permitir comunicación fluida con sus allegados, garantizar el acceso oportuno a tratamientos médicos, farmacéuticos y a una alimentación balanceada.
El organismo internacional advirtió que el Estado debe abstenerse de implementar nuevas restricciones arbitrarias tanto contra el obispo como contra los cuatro civiles amparados por la resolución, prohibiendo expresamente la apertura de procesos judiciales o cualquier tipo de represalia en contra de sus familiares y representantes legales debido a la colaboración brindada al tribunal.
Para dar cumplimiento a estas disposiciones, la corte fijó como fecha límite el 1 de octubre de 2026, plazo en el cual el gobierno nicaragüense deberá presentar un informe detallado sobre las acciones adoptadas para garantizar la vida y los derechos fundamentales de los afectados.
