Una bandera de España con el Sagrado Corazón de Jesús. | Crédito: Claudio Divizia / Shutterstock.
La decisión de convocar unos comicios generales anticipados en España, anunciada para el próximo 27 de noviembre, provoca de manera automática la paralización y el archivo de una gran cantidad de iniciativas legislativas que se encontraban en tramitación. Entre los textos que decaen figuran diversas propuestas gubernamentales y parlamentarias que seguían de cerca los jerarcas eclesiásticos debido a su impacto en cuestiones morales, educativas y de derechos fundamentales.
Las normativas afectadas abarcaban desde la modificación de códigos penales hasta reformas constitucionales y educativas, generando un escenario de pausa institucional hasta que surja un nuevo Ejecutivo tras las urnas.
Prohibición de las denominadas terapias de conversión
Uno de los expedientes más avanzados era el enfocado en la prohibición de las llamadas “terapias de conversión”, una medida impulsada por el Partido Socialista Obrero Español que ya se encontraba en su recta final en el Senado a la espera de debatir las últimas enmiendas, contemplando penas de hasta 2 años de prisión.
Este debate cobró especial relevancia después de que el Ejecutivo iniciara en enero de 2025 pesquisas contra varias demarcaciones eclesiásticas. Por su parte, los obispos han defendido reiteradamente la posibilidad de realizar un acompañamiento espiritual a quien de forma libre pida ayuda, rechazando tanto las llamadas “terapias de conversión” como las de reafirmación.
El intento trunco de blindar la interrupción voluntaria del embarazo
En el ámbito de los derechos reproductivos, el Gobierno remitió a las Cortes a comienzos de abril de 2026 una proposición para modificar el artículo 43 de la Constitución y blindar el aborto como un “derecho”, garantizando prestaciones públicas en condiciones de igualdad real y efectiva.
La respuesta eclesiástica no se hizo esperar; la cúpula episcopal advirtió públicamente que el aborto nunca puede constituir un derecho, ya que no existe el derecho a eliminar una vida humana.
Modificaciones en los plazos de la eutanasia y su debate territorial
El debate sobre el final de la vida también queda en punto muerto. Tras un largo proceso judicial y mediático vinculado al caso de Noelia Castillo, el Parlamento catalán promovió una iniciativa para recortar a un plazo de un mes cualquier gestión administrativa relativa a la eutanasia. Dicha propuesta fue tomada en consideración en junio de 2026, aunque su recorrido parlamentario era todavía muy incipiente.
Supresión del delito contra los sentimientos religiosos
Otro de los puntos de fricción era la propuesta registrada a principios de 2025 para suprimir del Código Penal el artículo 525, el cual castiga con multas las ofensas y el escarnio público hacia dogmas, creencias o practicantes de cualquier confesión.
La posible derogación de esta figura legal motivó un frente común en el que católicos, otras denominaciones cristianas, comunidades judías y musulmanas expresaron su rechazo frontal a través de un comunicado conjunto.
El futuro de la asignatura de Religión y otros frentes institucionales
En el terreno educativo, formaciones como Sumar y Compromís habían promovido en marzo de 2026 una Proposición No de Ley orientada a retirar la materia de Religión del horario lectivo escolar, vulnerando a juicio de los críticos los acuerdos suscritos entre el Estado español y la Santa Sede. La iniciativa ni siquiera llegó a ser debatida en comisión.
Finalmente, la disolución de las Cortes añade incertidumbre sobre relevos institucionales de calado, como la elección prevista para noviembre de 2026 de un nuevo Defensor del Pueblo en sustitución de Ángel Gabilondo, un cargo fundamental para supervisar el protocolo de reparación a las víctimas de abusos eclesiásticos vigente hasta abril de 2027. Asimismo, el futuro marco jurídico y la polémica resignificación del Valle de los Caídos quedan también en suspenso hasta la constitución del próximo Parlamento.
