Imagen referencial. | Crédito: Flickr Inorganica (CC-BY-2.0).
Organizaciones civiles demandan acción internacional ante las Naciones Unidas
Organismos internacionales de defensa de los derechos humanos y civiles han intensificado su presión diplomática para lograr un cambio radical en la postura global frente a los vientres de alquiler. En el marco del centenario de la histórica Convención sobre la Esclavitud, el Grupo de Expertos de Casablanca y la organización francesa Juristes Pour l’Enfance formalizaron una solicitud directa ante la relatora especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud y la trata de personas, Katarina Schwarz.
El petitorio se da coincidiendo con las sesiones del Consejo de Derechos Humanos dedicadas a examinar las nuevas modalidades de explotación humana. Las agrupaciones promotoras sostienen que los contratos de gestación subrogada vulneran de forma sistemática los derechos fundamentales tanto de las madres gestantes como de los recién nacidos, equiparándolos con prácticas de dominación inadmisibles en el derecho internacional moderno.
Argumentos jurídicos basados en la cosificación humana
El fundamento principal presentado ante la relatora de las Naciones Unidas radica en que este modelo comercial reduce al menor en proceso de gestación “a un objeto de disposición, lo que se corresponde con la definición de esclavitud establecida en la Convención de Ginebra de 1926, es decir, el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad”.
Asimismo, los promotores de la iniciativa alertan sobre la vulnerabilidad extrema a la que se expone a la mujer gestante. Su integridad física y autonomía quedan supeditadas por completo a los intereses contractuales de comitentes y agencias intermediarias, “que incluye el control de su alimentación y de su atención médica, así como, eventualmente, la reducción embrionaria o el aborto”, recalcaron en el documento oficial.
Antecedentes normativos y llamados globales hacia una abolición total
La postura de las entidades demandantes no surge en el vacío, sino que se respalda en múltiples advertencias emitidas por distintos órganos especializados del sistema de la ONU durante la última década. La asociación Declaración de Casablanca y Juristes Pour l’Enfance recuerdan que “a nivel internacional, varias instancias de las Naciones Unidas ya han calificado la gestación subrogada como venta de niños, entre ellas la Relatora Especial sobre la venta de niños en 2018 y el Comité de los Derechos del Niño en 2019″.
La presión diplomática ha ganado tracción recientemente con nuevos pronunciamientos institucionales. Como se señala en su informe de julio de 2025, la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas solicitó la erradicación de todas las formas de maternidad subrogada, instando a la redacción de un instrumento vinculante de alcance global. Adicionalmente, una declaración conjunta impulsada por diversos Estados pidió el establecimiento de una moratoria orientada a su prohibición definitiva.
Ante este panorama, las organizaciones firmantes insistieron en que Katarina Schwarz “exhorte a los Estados a poner fin a esta práctica en sus territorios y a comprometerse con su abolición universal”.
La postura de la Iglesia Católica y la defensa de la dignidad
En paralelo a los debates jurídicos y seculares, las instituciones religiosas han mantenido una postura frontal de rechazo ante la mercantilización de los procesos reproductivos. En su discurso de 2024 al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, el Papa Francisco calificó de “deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada, que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño; y se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. Un hijo es siempre un don y nunca el objeto de un contrato”.
El máximo pontífice reiteró su llamamiento a los gobiernos del mundo “a prohibir universalmente esta práctica”, enfatizando que “la vida humana debe ser preservada y tutelada” de manera inquebrantable desde su concepción hasta su término natural, cerrando filas con los colectivos civiles que buscan visibilizar esta problemática en la agenda de las naciones.
