Brooklyn Rivera, figura prominente de la política indígena nicaragüense y acérrimo crítico del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, falleció a los 73 años mientras se encontraba detenido. Su muerte, ocurrida tras permanecer más de 970 días incomunicado, fue confirmada el 31 de mayo de 2026 por el Ministerio de Salud de Nicaragua, que atribuyó el deceso a complicaciones derivadas de una infección. No obstante, la noticia ha desatado una ola de indignación y contundentes denuncias de “crimen de Estado” por parte de su familia, opositores y defensores de los derechos humanos.
Según el comunicado oficial emitido por el Ministerio de Salud, el fallecimiento de Rivera fue resultado de un “deterioro físico y neurológico generado por una bacteria del virus COVID-19”, a pesar de los esfuerzos médicos realizados. Esta versión es vehementemente contradicha por su hija, Tininiska Rivera, quien asegura que su padre gozaba de “óptimas condiciones de salud” al momento de su detención, el 29 de septiembre de 2023. Denunció, además, la negación de visitas familiares durante todo el periodo de encarcelamiento y la ausencia de información verificable sobre su estado real, sumiendo a la familia en “incertidumbre, angustia y silencio oficial”.
Las reacciones de condena no tardaron en manifestarse. Arturo McFields Yescas, exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), calificó el hecho en redes sociales como un “crimen de Estado”, afirmando sin ambages que “Brooklyn Rivera Bryan no murió, fue asesinado”. McFields Yescas equiparó la situación nicaragüense con un “mismo manual usado en Cuba, Venezuela y Nicaragua: entran vivos y salen muertos”, señalando un patrón de represalias contra opositores.
La muerte de Brooklyn Rivera se inscribe en un patrón de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que azota Nicaragua. El padre Edwing Román, sacerdote nicaragüense radicado en Miami, denunció la situación como una “cruel dictadura” y “estado policial”. En declaraciones del 31 de mayo, detalló una serie de “crímenes de lesa humanidad”: detenciones arbitrarias con delitos inventados, muertes de presos políticos en cárceles por torturas, persecución religiosa, cierres universitarios, despojo de nacionalidad, confiscaciones, desapariciones forzadas y asesinatos. Afirmó que en la Nicaragua actual “pensar diferente ya es un delito” y que el pueblo merece “libertad, justicia y dignidad, hoy pisoteada por estos delincuentes en el poder”.
Por su parte, Martha Patricia Molina, autora del informe “Nicaragua: Una Iglesia perseguida”, que documenta la represión contra la Iglesia Católica desde 2018, calificó lo ocurrido con Brooklyn Rivera de “repugnante, reprochable, inhumano”. Molina advirtió que Rivera es la novena víctima mortal “asesinada por la dictadura Ortega-Murillo” y que “más de 45 presos políticos” corren un riesgo similar. Enfatizó la imperiosa necesidad de que estos crímenes “no queden en la impunidad”.
La situación de los detenidos en Nicaragua ya había encendido las alarmas de la comunidad internacional. El 1 de mayo, un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reunidos en Ginebra manifestó su “profunda preocupación” por personas desaparecidas que habrían fallecido bajo custodia del régimen, presuntamente tras haber sido torturadas. Además del caso de Brooklyn Rivera, los expertos mencionaron el de otra persona que habría muerto “en febrero de 2026 mientras estaba detenida”, cuyo cuerpo fue devuelto sin certificado de defunción. La ONU ha reportado más de 112 casos de desapariciones forzadas, sobre los cuales el gobierno nicaragüense no ha proporcionado respuesta alguna hasta ahora.
Brooklyn Rivera Bryan, nacido el 24 de septiembre de 1952, fue una figura central para los pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua. Fundador del movimiento Yatama, se dedicó a la defensa de los derechos de los miskitos y otras comunidades autóctonas. Durante la década de 1980, lideró una resistencia armada indígena contra el primer gobierno sandinista, para luego involucrarse en negociaciones de paz y en el desarrollo de procesos de autonomía para las regiones caribeñas. Su trayectoria lo consolidó como un defensor incansable de la autodeterminación de su pueblo.
Desde una perspectiva espiritual, Monseñor Silvio Báez, Obispo Auxiliar de Managua y también en el exilio en Miami, hizo una referencia contundente a la situación nicaragüense en su homilía del 31 de mayo. Sin mencionar directamente a Rivera, Báez contrastó el “misterio de amor, de unidad y de libertad” de la Santísima Trinidad con “la crueldad y el cinismo de los dictadores”. Afirmó que, aunque “invoquen su nombre, destilan odio, multiplican víctimas humanas y pretenden endiosarse valiéndose de la violencia y la represión”. El prelado concluyó que estos “poderes envejecidos, cegados por su ambición, [están] destinados a la destrucción”, e instó a los creyentes a rechazar “la lógica de la división, la polarización, el desprecio por la diversidad y la exclusión de las minorías”.
La comunidad internacional, ya alertada sobre la sistemática violación de los derechos humanos en Nicaragua, se enfrenta ahora a un nuevo y trágico episodio que exige acción. Los llamados a la justicia resuenan con fuerza, enfatizando que “ser cristiano es denunciar y no callar ante esta injusticia” y que los responsables de tales “crímenes contra la humanidad” deben responder por sus actos.
