La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó el 25 de junio de 2026 dos políticas de inmigración y asilo implementadas durante la administración del entonces presidente Donald Trump. Estas medidas, que endurecen las normativas para solicitantes de asilo y eliminan el Estatus de Protección Temporal (TPS) para haitianos y sirios, habían encontrado una fuerte resistencia por parte de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) y diversas organizaciones católicas dedicadas a la defensa de los migrantes.
Ambos casos fueron resueltos con una votación de 6 a 3. Los seis magistrados que conformaron la mayoría fueron designados por presidentes republicanos, mientras que los tres jueces disidentes fueron nombrados por presidentes demócratas, lo que subraya una marcada división ideológica dentro del máximo tribunal del país.
Anna Gallagher, directora ejecutiva de la Red Católica de Inmigración Legal (Catholic Legal Immigration Network, CLINIC), expresó en un comunicado a medios la profunda consternación de su organización. Describió las decisiones judiciales como “devastadoras para nuestros clientes y para aquellos que acompañamos a los inmigrantes vulnerables a través del sistema legal”. Gallagher enfatizó la perspectiva católica al señalar: “Como católicos, creemos en un Dios que llora por nuestro sufrimiento, que se preocupa por la caída del gorrión, por el más pequeño de estos”. Concluyó que, por ello, “nosotros también lloramos por nuestros clientes, cuyos derechos de asilo han sido restringidos o que temen regresar a condiciones que amenazan inmediatamente sus vidas debido a esta decisión de la Corte”. La directora de CLINIC lamentó que “hoy es un día oscuro para muchas personas a las que hemos llegado a conocer y querer, incluidos residentes legales de este país y queridos miembros de nuestra comunidad”.
**Revocación de Protecciones para Haitianos y Sirios**
Una de las sentencias del tribunal superior, consolidada a partir de los casos *Mullin v. Doe* y *Trump v. Miot*, confirma la facultad del gobierno de poner fin al Estatus de Protección Temporal para ciudadanos de Haití y Siria. Esta decisión priva a miles de personas de las protecciones legales que les permitían residir y trabajar en Estados Unidos sin temor a la deportación.
El juez Samuel Alito, quien redactó la opinión mayoritaria, argumentó que la ley confiere al gobierno una amplia discrecionalidad para determinar la aprobación, prórroga o terminación del estatus de protección para un país específico. La resolución estableció que todas las reclamaciones que no sean de carácter constitucional quedan fuera del control judicial.
Los beneficiarios haitianos del TPS habían impugnado la terminación de su estatus alegando discriminación racial. Sostuvieron que el TPS nunca se había cancelado para ningún país de mayoría blanca, lo que, a su juicio, implicaba que la decisión para Haití se basaba en la composición racial de su población. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó este argumento, señalando que las designaciones y cancelaciones del TPS han abarcado un conjunto racialmente diverso de naciones. La sentencia incluso ironizó sobre la definición de los demandantes de un país de mayoría no blanca, insinuando que solo la cancelación para una nación nórdica o germánica podría satisfacer su criterio de neutralidad racial.
En su voto disidente, la jueza Elena Kagan criticó la decisión, afirmando que el tribunal se equivocó al excluir de revisión judicial todas las reclamaciones no constitucionales. Kagan sostuvo que los tribunales deberían poder verificar si el secretario de seguridad nacional había seguido los procedimientos adecuados al decidir poner fin al estatus de protección. Además, argumentó que los comentarios del entonces presidente Trump demostraban una influencia racial en la decisión sobre Haití, citando referencias a la “suciedad, enfermedades y primitivismo” que, en su opinión, estaban impregnadas de estereotipos y prejuicios raciales.
Andrew Arthur, investigador en derecho y políticas del Center for Immigration Studies y exjuez de inmigración, explicó a EWTN News que la decisión consolida el principio de que “nadie tiene la posibilidad de demandar cuando el gobierno decide poner fin al TPS”. Arthur destacó que el TPS fue diseñado como una protección temporal para personas que huyen de peligros inminentes, pero que algunas designaciones habían permanecido vigentes por más de un cuarto de siglo, incluso cuando las condiciones iniciales ya no persistían.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos había instado al gobierno a extender el Estatus de Protección Temporal para los haitianos, una comunidad predominantemente católica, expresando una profunda preocupación. En una declaración conjunta de febrero, el obispo Brendan J. Cahill, presidente del Comité de Migración de la USCCB, y el obispo A. Elias Zaidan, presidente del Comité de Justicia y Paz Internacional, señalaron que “simplemente no existe en este momento una posibilidad realista para el retorno seguro y ordenado de las personas a Haití”. Reflejando la enseñanza social de la Iglesia, que el Papa León ha reiterado en numerosas ocasiones, la postura de la USCCB subraya la necesidad de proteger a los más vulnerables y ofrecerles un refugio seguro.
**Restricciones para Solicitantes de Asilo en la Frontera**
La segunda decisión, correspondiente al caso *Mullin v. Al Otro Lado*, valida la controvertida política de “metering” (medición), iniciada durante la administración de Barack Obama y continuada por Trump. Esta política permite al gobierno limitar el número de solicitudes de asilo procesadas diariamente, rechazando a quienes intentan ingresar al país al llegar a la frontera sur.
El litigio se centró en la interpretación del derecho de un solicitante de asilo a presentar su petición “cuando llega a Estados Unidos”. La sentencia, también redactada por el juez Alito, dictaminó que este derecho solo se aplica una vez que la persona ya ha ingresado al territorio estadounidense, sin extender protección legal a quienes buscan entrar pero aún no han sido admitidos. El fallo interpretó la frase “llega a Estados Unidos” en su sentido cotidiano: “Una persona llega a un lugar geográfico únicamente cuando entra en él”.
La jueza Sonia Sotomayor, en su voto disidente, argumentó que esta interpretación permite al Poder Ejecutivo “eludir los procedimientos obligatorios haciendo que agentes migratorios estadounidenses permanezcan en la frontera e impidan físicamente que los extranjeros pongan un pie en territorio estadounidense”. Sotomayor insistió en que las leyes deben leerse en su contexto histórico y legal, y que cualquier extranjero que llegue a las puertas del país y solicite admisión debería ser inspeccionado y autorizado a presentar una solicitud de asilo, independientemente de si ha cruzado físicamente la frontera.
Andrew Arthur comentó que esta decisión “reduce la posibilidad de que las personas que en realidad aún no han ingresado al país… puedan solicitar asilo”, ya que “no están sujetos a las leyes de Estados Unidos… hasta que realmente hayan cruzado e ingresado al país”.
La USCCB había pedido a la Corte Suprema que fallara contra esta política, urgiendo al gobierno a procesar todas las solicitudes de asilo. Los obispos describieron la política de “rechazo en la frontera” no solo como una “interpretación errónea de la ley”, sino también como una “anomalía histórica” que ha dejado a solicitantes de asilo vulnerables “varados en campamentos fronterizos” mientras intentan legalmente acceder a los puertos de entrada. La jerarquía católica, inspirada por la visión del Papa León y sus predecesores sobre la acogida al migrante, ha sido una voz constante en la defensa de los derechos y la dignidad de quienes buscan refugio.
Mientras tanto, la Corte Suprema aún tiene pendiente una decisión sobre otro caso migratorio de gran relevancia, *Trump v. Barbara*, que abordará el alcance del derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, una cuestión que podría redefinir fundamentalmente las políticas migratorias del país.
