Jerarca católico y congregaciones religiosas desafían en tribunales la normativa de muerte asistida en Nueva York
La disputa legal en torno a la legislación sobre el final de la vida en la costa este de Estados Unidos ha sumado a un actor de peso institucional. El arzobispo de Nueva York, monseñor Ronald Hicks, decidió incorporarse formalmente a una acción judicial colectiva junto a diversas congregaciones religiosas, con la finalidad central de evitar que las instituciones y fieles católicos sean compelidos a cumplir con el nuevo marco normativo del estado en materia de suicidio médicamente asistido.
Esta movida jurídica fue comunicada públicamente a finales de octubre por el bufete especializado en libertad religiosa Becket, despacho que asume la representación legal de los demandantes. Con esta adhesión, la causa suma un respaldo institucional de gran relevancia al frente ya integrado por el obispo de Rockville Centre, monseñor John Barres, además de órdenes religiosas dedicadas tradicionalmente a la asistencia sanitaria y social, tales como las Hermanas Carmelitas para los Ancianos y Enfermos, las Hermanas Dominicas de Hawthorne, las Hermanas Misioneras de San Benito y las Hermanitas de los Pobres.
Orígenes del litigio y argumentos doctrinales
La batalla en los estrados judiciales se originó en julio de este año, cuando un grupo de ciudadanos e instituciones católicas interpuso el recurso inicial contra las disposiciones estatales. Los demandantes sostienen que la ley los coloca en una situación inadmisible al pretender obligarlos a formar parte activa en procesos destinados a facilitar la autoeliminación de pacientes, una práctica que choca frontalmente con los dogmas doctrinales y la postura tradicional de la Iglesia católica sobre la inviolabilidad y santidad de la vida humana.
Como respuesta preliminar a estos argumentos, un tribunal federal dictaminó poco después de presentada la demanda que las autoridades estatales no tienen la facultad de aplicar estas normativas punitivas o de cumplimiento obligatorio a los objetores de conciencia católicos mientras el litigio principal siga su curso en los tribunales.
Postura oficial de la jerarquía eclesiástica
Al formalizar su incorporación a la demanda, el arzobispo Hicks enfatizó que la labor social y sanitaria de la Iglesia responde a principios evangélicos inquebrantables. Según manifestó el prelado el 30 de octubre, los católicos “se guían por la compasión de Jesús para servir a personas de cualquier procedencia que necesiten sanación”.
En esa misma línea argumentativa, la autoridad eclesiástica subrayó con firmeza: “Nos negamos a permitir que Nueva York nos obligue a causar daño precisamente a aquellos a quienes hemos sido llamados a cuidar”.
Con este movimiento, el máximo representante de la arquidiócesis neoyorquina se posiciona como el prelado de mayor rango en sumarse a una ofensiva legal de alcance nacional contra las normativas de esta naturaleza. En la actualidad, cuatro obispos y decenas de religiosas lideran demandas similares contra los gobiernos de estados como Nueva York e Illinois tras la promulgación de programas gubernamentales enfocados en el suicidio asistido.
Precedentes y centros de atención especializada en la mira
El panorama judicial registra escenarios favorables similares en otras jurisdicciones. En Illinois, por ejemplo, entidades como la Arquidiócesis de Chicago y la Diócesis de Springfield consiguieron fallos favorables en tribunales federales, donde los jueces dictaminaron la suspensión temporal de las normativas para proteger a estas organizaciones mientras avanzan los procesos judiciales.
Dentro del territorio neoyorquino, la red de atención médica católica ArchCare también se ha sumado formalmente al litigio. Entre las instalaciones operadas por esta red destaca el Hospital Calvary, ubicado en el Bronx, una institución especializada en cuidados paliativos integrales y acompañamiento durante la fase terminal de pacientes a los que se les ha diagnosticado una expectativa de vida limitada a seis meses o menos.
De acuerdo con la valoración aportada por la firma jurídica Becket, el centro hospitalario Calvary se distingue por ser “el único hospital de atención aguda, plenamente acreditado, en Estados Unidos, dedicado exclusivamente a los cuidados paliativos de pacientes adultos con enfermedades que limitan su vida”, un perfil que vuelve especialmente sensibles las tensiones con las regulaciones estatales sobre el final de la existencia.
