Renovación episcopal sin mención a los obispos fuera del país
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) ha llevado a cabo la elección de sus nuevas autoridades eclesiásticas tras concluir su reciente asamblea plenaria. Sin embargo, el proceso ha estado marcado por la incertidumbre, ya que el episcopado evitó aclarar si los miembros que se encuentran en el exilio formaron parte de las votaciones o de los debates internos.
A través de un mensaje difundido en un formato audiovisual en plataformas digitales, los cinco prelados que permanecen dentro del territorio nacional detallaron que el encuentro sirvió para profundizar en las labores pastorales que se desarrollan en la provincia eclesiástica del país centroamericano.
De acuerdo con la información compartida por la jerarquía católica, durante la asamblea general celebrada previamente se había decidido aplazar la conformación de la nueva junta directiva correspondiente al periodo 2025-2027 hasta que las circunstancias permitieran tomar una determinación conjunta. Ahora, según indicaron, el proceso se completó bajo un clima de discernimiento espiritual.
Nueva estructura para la cúpula eclesiástica
El máximo cargo de la presidencia episcopal ha recaído en monseñor Jorge Solórzano Pérez, quien encabeza la Diócesis de Granada. Como vicepresidente fue designado el cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo de Managua, mientras que la secretaría general la asumirá monseñor Sócrates René Sandiego Girón, obispo de León. La administración de los recursos económicos estará a cargo de monseñor Marcial Humberto Guzmán Zavallo, obispo de Juigalpa.
En la grabación institucional también figura monseñor Francisco José Tigerino Dávila, obispo de Bluefields. Todos ellos integran el grupo de autoridades religiosas que continúan operando desde el interior de Nicaragua, contrastando con la situación de cuatro obispos que se encuentran fuera de las fronteras debido a la persecución gubernamental.
El trasfondo del episcopado en el exilio
El comunicado oficial omitió cualquier referencia a los obispos desterrados o desplazados por la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entre ellos destaca monseñor Carlos Herrera, obispo de Jinotega, quien hasta fechas recientes fungía como la máxima cabeza del episcopado antes de verse obligado a abandonar el territorio nacional debido a presiones políticas.
A él se suma monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, quien reside en el exterior desde hace años tras recibir amenazas directas por su postura crítica. La lista de religiosos alejados de sus diócesis la completan monseñor Isidoro Mora y monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, este último tras enfrentar una condena judicial de 26 años y cuatro meses de prisión antes de su posterior deportación.
La tensión institucional se mantiene latente, reflejada también en la decisión de la Santa Sede de aplazar la tradicional visita ad limina debido a la falta de garantías para los religiosos. Mientras tanto, las diócesis de Jinotega, Matagalpa, Siuna y Estelí continúan enfrentando severas restricciones, incluyendo la prohibición oficial impuesta por el Ejecutivo para realizar ordenaciones de nuevos sacerdotes y diáconos en esas demarcaciones.
