Capitolio de Massachusetts. | Crédito: Spiroview Inc/Shutterstock.
El panorama legislativo en torno a la interrupción del embarazo en Estados Unidos experimentó un cambio significativo tras la decisión oficial adoptada en la costa este. La gobernadora demócrata Maura Healey ratificó una polémica normativa que suprime los plazos máximos para practicar este procedimiento, posicionando a la región en una de las posturas más flexibles de todo el país norteamericano.
Nuevos criterios médicos y eliminación del límite de las 24 semanas
Con la promulgación de la medida llevada a cabo el 10 de agosto, el territorio estadounidense sumó su undécima jurisdicción que carece por completo de restricciones temporales para la intervención clínica. La legislación previa establecía un tope de 24 semanas de gestación, permitiendo rebasar dicho periodo únicamente bajo supuestos muy específicos como riesgos severos para la salud de la madre o anomalías fetales letales.
A partir de ahora, los procedimientos electivos en etapas avanzadas podrán efectuarse fundamentándose de manera exclusiva en el criterio profesional del especialista tratante. La iniciativa había recibido luz verde en la cámara alta regional el pasado 31 de julio, momento en el cual se remitió el texto definitivo hacia el despacho ejecutivo para su sanción final.
Durante una conferencia de prensa celebrada en la fecha de su firma, la mandataria estatal defendió la medida argumentando que busca otorgar autonomía a los núcleos familiares frente a diagnósticos complejos. “Hoy, las madres, los padres y las familias que sufren estos diagnósticos devastadores —y son devastadores y desgarradores— podrán ahora tomar sus propias decisiones”, expresó Maura Healey ante los medios de comunicación.
Fuertes cuestionamientos desde sectores provida
La promulgación desencadenó una rápida reacción de repudio por parte de organizaciones sociales contrarias a la medida. Voceros de distintos movimientos sociales advirtieron sobre las consecuencias éticas y sanitarias que implica permitir la intervención quirúrgica en fases muy desarrolladas del periodo gestacional.
Enérgicas críticas surgieron desde la directiva de la influyente agrupación SBA Pro-Life America. Su presidenta manifestó el profundo rechazo de la organización ante el rumbo adoptado por la administración demócrata en la región.
“Debería resultar indignante que decenas de miles de estadounidenses no nacidos sean brutalmente desmembrados miembro por miembro cada año. Lamentablemente, esa cifra no hará más que aumentar con la aprobación por la gobernadora Healey del proyecto de ley que permite el aborto hasta el nacimiento”, declaró Marjorie Dannenfelser, presidenta de la organización provida SBA Pro-Life America, a través de un comunicado oficial.
Asimismo, la dirigente conservadora cuestionó la estrategia política federal y exigió a los sectores políticos tradicionales que reconsideren sus enfoques legislativos a nivel nacional para frenar este tipo de normativas locales.
“Sin una norma nacional mínima, Estados Unidos sigue siendo uno de los únicos ocho países del mundo que permiten el aborto en cualquier etapa del embarazo”, lamentó Marjorie Dannenfelser, instando a las fuerzas políticas a promover protecciones uniformes para los no nacidos en todo el territorio estadounidense.
Estadísticas internacionales y debate ético
El debate sobre la oportunidad y los plazos de estas intervenciones clínicas suele apoyarse en diversas mediciones comparativas de carácter global. Informes elaborados por el Instituto Charlotte Lozier apuntan que la inmensa mayoría de las naciones europeas establecen topes legales estrictos, situando habitualmente la barrera regulatoria alrededor de la décimo quinta semana de desarrollo intrauterino.
Las asociaciones defensoras de la vida recordaron que los procesos correspondientes al segundo y tercer periodo del embarazo suelen implicar técnicas complejas, por lo que urgieron a la sociedad civil a revisar el impacto de estas leyes con el fin de modificar el rumbo actual en materia sanitaria.
