La creciente cifra de fallecimientos de migrantes mientras se encuentran bajo la custodia o durante operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha desencadenado una ola de indignación y llamados urgentes a la investigación. Organismos internacionales, autoridades mexicanas y líderes eclesiásticos exigen que los procedimientos migratorios se alineen con el respeto fundamental a la dignidad y los derechos humanos de todas las personas.
Uno de los casos más recientes que ha capturado la atención pública es el de Prisciliano Trejo Ricano, un ciudadano mexicano de 29 años, quien lamentablemente perdió la vida el pasado 24 de julio debido a complicaciones de salud. Su deceso ocurrió después de un período bajo custodia migratoria en el estado de Georgia, Estados Unidos, sumándose a una lista preocupante de muertes registradas en circunstancias similares. Este suceso ha reavivado el debate sobre las condiciones de detención y el trato recibido por los migrantes.
La magnitud del problema se evidencia en informes alarmantes. Un estudio conjunto de Human Rights Watch y Physicians for Human Rights reveló que 52 personas fallecieron bajo custodia de ICE durante los primeros 500 días del segundo mandato del expresidente Donald Trump. El informe enfatizó que las “malas condiciones de detención y la falta de atención médica adecuada” figuraban como factores determinantes en estos decesos, sugiriendo una falla sistémica en el cuidado de los detenidos.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) ha documentado una trágica estadística: 17 ciudadanos mexicanos han perdido la vida desde mayo de 2025 en situaciones vinculadas con ICE. De estos, 14 fallecieron mientras estaban bajo custodia migratoria y tres murieron durante operativos de detención, lo que subraya la vulnerabilidad de la población migrante en la frontera y dentro del territorio estadounidense.
Desde la frontera sur de Estados Unidos, se alzan voces que demandan una revisión exhaustiva de las prácticas de ICE. El P. Francisco Bueno Guillén, director de la Casa del Migrante en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha expresado la necesidad imperante de analizar y corregir los métodos empleados durante las acciones migratorias. En una entrevista, el sacerdote detalló que, a partir de testimonios directos de migrantes y de reportes públicos, ha tenido conocimiento de incidentes donde se aplicó “un uso de la fuerza excesivo, que no tuviera que ser necesario”, especialmente durante las detenciones.
El P. Bueno Guillén reconoció el derecho soberano de los países a establecer y regular sus fronteras. Sin embargo, hizo una clara distinción: “cuando se comienza a afectar la vida de otras personas, entonces tenemos que saber y entender si son los métodos necesarios”. En este sentido, instó al Gobierno mexicano a “vigilar que se esté tratando con dignidad a todas las personas que están siendo repatriadas”, al tiempo que exhortó a las autoridades estadounidenses a “revisar que las maneras en las cuales están llevando a cabo los operativos dignifiquen a la persona y no resten valor a sus derechos”. Con más de una década de experiencia en el ámbito de la movilidad humana, el sacerdote subrayó que la situación de los migrantes también interpela a la comunidad católica, llamándola a “no ser ajenos a esa realidad”. Explicó que muchos migrantes “solo están buscando sobrevivir… vida que no tenían y que no tienen en su lugar de origen”, y los animó a “empatizar con su realidad y abrirnos siempre a la caridad cristiana”.
El Gobierno de México ha tomado una postura firme ante esta problemática. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 16 de julio, en conferencia de prensa, que su administración ha iniciado acciones legales para solicitar una investigación a fondo sobre las circunstancias de estos fallecimientos. “Si hay una persona que, por razones migratorias, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, debe ser deportada, pues que se haga en el marco del respeto a los derechos humanos”, afirmó la mandataria, enfatizando la importancia de un trato justo y humano.
La jerarquía católica en Estados Unidos también ha manifestado su profunda preocupación. Mons. Daniel E. García, presidente del Subcomité para la Promoción de la Justicia Racial y la Reconciliación de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), y Mons. Brendan J. Cahill, quien preside el Comité de Migración de la misma institución, emitieron una reflexión pastoral conjunta. Esta declaración surge a raíz de “varios incidentes recientes de control migratorio que resultaron en la pérdida de vidas”. Los obispos advirtieron con contundencia que “los actos que menoscaban o ignoran la dignidad de cualquier persona o grupo de personas jamás deben normalizarse en nuestra sociedad”. Subrayaron que “la deshumanización de los inmigrantes, independientemente de su estatus legal, es un ejemplo de ello; la difamación de los agentes del orden es otro”, haciendo un llamado a la coherencia en el respeto mutuo. Además, recordaron que las autoridades tienen el deber de “aplicar la ley de manera humana y con respeto a los derechos humanos fundamentales”, ejerciendo el poder estatal “siempre dentro de los límites de la ley moral”.
Este panorama complejo, marcado por el dolor y la demanda de justicia, resalta la urgencia de establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas que garanticen la protección de la vida y la dignidad de los migrantes. La coordinación entre gobiernos, la sociedad civil y las instituciones religiosas es vital para abordar una crisis humanitaria que exige soluciones concretas y un compromiso inquebrantable con los valores fundamentales de la humanidad.
