El panorama político peruano de 2026 se encuentra en un momento definitorio, con la nación inmersa en la antesala de una crucial segunda vuelta de elecciones presidenciales. En medio de este escenario, Monseñor Marco Antonio Cortez Lara, Obispo de Tacna y Moquegua, ha elevado una voz de profunda reflexión y exigencia, instando a la ciudadanía a la elección de un líder verdaderamente comprometido con el bienestar de la nación. En sus declaraciones emitidas este domingo 12 de abril, el prelado enfatizó categóricamente la necesidad de un presidente dispuesto a “sufrir por el país” y, de manera crucial, que no sea quien “haga sufrir al país”.
Estas resonantes palabras se producen en un contexto donde los primeros sondeos a boca de urna sugieren que Keiko Fujimori, representante del partido Fuerza Popular, habría asegurado su posición para avanzar a la segunda ronda electoral, programada para el próximo 7 de junio. La contienda por el segundo escaño presidencial se vislumbra altamente competitiva, con una pugna notable entre Rafael López Aliaga de Renovación Popular, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, Ricardo Belmont de Obras y Jorge Nieto del Buen Gobierno. Esta configuración augura un balotaje intenso y posiblemente ajustado, reflejo de la fragmentación política y la diversidad de propuestas que caracterizan el complejo escenario peruano.
Tras presidir una Misa matutina, el obispo peruano articuló su visión de la autoridad ideal, aquella que asumirá las riendas del poder ejecutivo el 28 de julio de 2026. “Que sirva, que la autoridad sea servidor y no que se sirva del cargo”, declaró Mons. Cortez Lara, subrayando una filosofía de gobierno basada en el servicio desinteresado y la abnegación. Estas expresiones, recogidas por el diario Correo, trascienden el mero deseo; se presentan como una exigencia cívica fundamental. El obispo de Tacna y Moquegua recalcó: “No creo que tengamos que pensar que es un imposible, una utopía desear y exigir que quien detente y quien desee llegar a este cargo tan importante y trascendental tenga esa capacidad y esas cualidades de entregarse, de sufrir por el país y no de hacer sufrir al país”. Su mensaje busca inspirar una reflexión profunda entre los votantes y los candidatos sobre el verdadero propósito del liderazgo en una nación que enfrenta desafíos considerables.
El proceso electoral en su primera fase no estuvo exento de controversias y deficiencias operativas que generaron preocupación significativa entre la población y los observadores nacionales e internacionales. Las elecciones presidenciales peruanas de 2026 se vieron marcadas por importantes demoras en la entrega del material electoral por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esta situación fue particularmente crítica en la capital, Lima, la cual concentra la mayor proporción del electorado nacional. Los retrasos impidieron la instalación oportuna de numerosas mesas de votación, afectando el normal desarrollo de la jornada cívica y generando largas filas, frustración y descontento entre los ciudadanos que acudían a ejercer su derecho al voto.
Piero Corvetto, jefe de la ONPE, ofreció una rueda de prensa para abordar las incidencias reportadas. Confirmó que su institución no pudo entregar el material electoral a un total de quince locales de votación solamente en Lima, lo que resultó en la no instalación de 211 mesas. Este contratiempo afectó directamente a 63,300 electores, quienes se vieron imposibilitados de ejercer su derecho al voto en el horario establecido. Corvetto aseguró que se llevarían a cabo los “actos administrativos pertinentes” para garantizar que los ciudadanos afectados no tuvieran que pagar ninguna multa por la omisión de sufragio, una exención importante dado el carácter obligatorio del voto en Perú y las sanciones económicas asociadas.
En Perú, el ejercicio del voto es un deber cívico para todos los ciudadanos mayores de 18 años, convirtiéndose en facultativo a partir de los 70 años. La no participación en las elecciones conlleva la imposición de una multa económica que oscila entre los 27.50 y 110 soles, lo que equivale aproximadamente a 8 y 32 dólares estadounidenses. Esta normativa subraya la importancia que el sistema electoral peruano otorga a la participación ciudadana y busca fomentar la responsabilidad cívica en cada contienda.
Las deficiencias evidenciadas en la jornada electoral provocaron reacciones diversas y enérgicas entre los principales actores políticos del país. Rafael López Aliaga, uno de los contendientes clave para la segunda vuelta, cuestionó públicamente las cifras proporcionadas por el titular de la ONPE, Piero Corvetto, sugiriendo posibles inconsistencias o una subestimación de la magnitud del problema. Por su parte, Keiko Fujimori, quien ya se perfila para la segunda ronda, enfatizó que, más allá de la cuestión de las multas, lo que estaba en juego era el “derecho fundamental a votar” de los ciudadanos. Fujimori instó a las autoridades electorales a considerar la realización de una elección complementaria para aquellos electores que no pudieron emitir su sufragio debido a las fallas logísticas y administrativas.
Este escenario subraya la importancia crítica de cada voto en el sistema democrático peruano, una realidad que quedó patente en la segunda vuelta electoral de 2021. En aquella ocasión, la disputa entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori culminó con una victoria extremadamente ajustada para Castillo, quien superó a su rival por un margen de apenas 44,263 votos. Este antecedente histórico resalta la naturaleza altamente competitiva y a menudo impredecible de las elecciones presidenciales en Perú y la capacidad de cada sufragio para definir el destino político de la nación, haciendo aún más resonantes las palabras del Obispo de Tacna en este crucial y decisivo periodo electoral de 2026.
